La apertura que no llegó a la economía de Venezuela

Están por cumplirse tres meses de unos anuncios que levantaron interés sobre una eventual apertura económica. Como en otros tantos ámbitos, el anuncio oficial de que se hará algo no significa que tal medida efectivamente se ejecutará. Hay mucho anuncio y ejecución limitada (y a veces nula) entre quienes gobiernan.

El pasado 11 de mayo, Nicolás Maduro hizo un anuncio que podía interpretarse como su decisión de desandar el camino estatista que había llevado adelante Hugo Chávez, en su momento. “Vamos a sacar entre 5% y 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional”, sostuvo.

Según Maduro, a través de la bolsa de valores se ofertarían en breve al capital privado acciones de diversas empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas.

Esto tenía lugar, y no pocos conectaron una cosa con la otra, junto a la decisión (esa sí sin anuncios grandilocuentes) de regresar a sus antiguos propietarios un gigantesco centro comercial expropiado por Chávez, en el centro de Caracas. El Sambil La Candelaria terminó siendo símbolo de una empecinada e injustificada política de expropiaciones en los años de bonanza económica en los que Chávez tuvo el poder.

Justamente en enero de 2007, pocas semanas después de ser reelecto con sus banderas del socialismo del Siglo XXI, Chávez anunció la nacionalización de las telefónicas y empresas eléctricas del país, argumentando que dado el “carácter estratégico” de estos sectores debían estar “naturalmente en manos del Estado”.

Entretanto, las operaciones anunciadas por Maduro, sin embargo, no se iniciaron como había dicho el lunes siguiente, que fue 16 de mayo, ni el siguiente ni el siguiente.

Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, confirmó que esa entidad estaba preparada técnicamente para tales operaciones, incluso todos estos anuncios hicieron que no pocos se voltearan y recordarán que aún teníamos una bolsa de valores.

Con una caída en torno al 80% del Producto Interno Bruto en sus años de gobierno (2013-2021), es claro que el régimen de Maduro necesita el ingreso de capital para reflotar la economía venezolana.

Políticamente, la medida supone enterrar el pasado de expropiaciones y hostilidades con el sector privado que el chavismo enarboló como bandera del socialismo bolivariano.

“Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV, Movilnet, de Pequiven, de las empresas mixtas de petróleo, de gas, de las empresas básicas de Guayana (hierro, acero, aluminio)”, ofreció Maduro en un acto televisado en el que también anunció que promovería una ley para impulsar la inversión extranjera. “Necesitamos capital”, resumió el gobernante.

Tras casi tres meses se desconoce el estatus de estas decisiones. En el ínterin, como lo indicábamos en un artículo previo en El Estímulo, se hicieron otros anuncios grandilocuentes, como eso de convertir a la Tortuga en una suerte de isla de Fantasía, pero sin brindar información de quién o quiénes pagarán la cuenta para ejecutar tantas obras prometidas y en corto tiempo (10 meses): 10 hoteles de lujo, aeropuerto internacional, muelle para cruceros.

“Luego de lo que conocimos como nacionalizaciones y expropiaciones, ahora están dando 180 grados, procurando la inversión privada”, comentó Pulido en un encuentro con periodistas. La Bolsa de Valores de Caracas ofreció un comunicado oficial en el que calificó de positiva la medida. Debe precisarse que fue el anuncio.

Reacciones

Desde Estados Unidos, el laureado académico venezolano Javier Corrales, fustigó entonces la medida anunciada por Maduro. “En Venezuela se ha anunciado la venta de acciones de empresas que el partido gobernante nacionalizó (…) Siempre se puede contar con los socialistas extremos, después de que fracasen sus políticas, para generar un neoliberalismo extremo”, sostuvo.

Por su parte el activista por los derechos de adultos mayores, Luis Francisco Cabezas, manifestó su pesar, dado que el giro promercado que ha dado el chavismo ha obnubilado a muchos agentes económicos. “Escuché a un personero de la bolsa de valores decir que en Venezuela puede haber cambio económico sin cambio político. A esta gente no parecen importarles las violaciones a los derechos humanos, el secuestro de las instituciones, la existencia de presos políticos”, cuestionó en mayo pasado.

En 2006, unos meses antes de oficializar la estatización de CANTV, Chávez ya amenazaba con esta medida y ponía de relieve el tema de las pensiones y jubilaciones de la telefónica con sus antiguos trabajadores.

“Me dio mucha vergüenza saber que todavía a estas alturas no se les haya pagado a los jubilados de CANTV”, indicó Chávez durante un acto de campaña en agosto de 2006 y acto seguido remató: “Si ellos no quieren cumplir con eso, yo voy a nacionalizar la CANTV”.

CANTV había sido privatizada en 1991 y durante tres lustros estuvo controlada por las GTE y ATT, junto a dos compañías locales y una participación minoritaria de la española Telefónica.

Si la situación de los jubilados de CANTV fue la excusa para posicionar el tema de la estatización, en los últimos meses justamente los jubilados de esta empresa estatal han salido a las calles para denunciar que tienen “jubilaciones de hambre”.

Poco antes de los anuncios de mayo pasado, había salido a protestar en las calles de Valencia el octogenario Ismael Aguilar, quien durante tres décadas trabajó en CANTV. La pensión que recibía equivalía a tres dólares y sin explicación alguna la empresa estatal había eliminado las consultas médicas, que era el último beneficio con el que contaba además del magro pago mensual.