Aquella vez que Elías Santana peleó por su derecho a réplica

El 27 de agosto de 2000, el entonces presidente Hugo Chávez, en un momento en que parecía encumbrado tras las elecciones que se habían celebrado el mes anterior y había consolidado su poder y control institucional, enfiló sus baterías en contra de Elías Santana. Esto tuvo lugar en el programa “Aló, Presidente”, cuya emisión la originaba Radio Nacional de Venezuela.

“Aquí hay un llamado: ´Sociedad civil dispuesta a desobedecer´ –dice alguien– ah, Elías Santana. Ese es otro representante de un sector pequeñísimo de la sociedad civil…. No son ustedes la sociedad civil señores, no se equivoquen de perspectiva, porque sería nefasto que ustedes perdieran la perspectiva, ¿Qué sociedad civil? La sociedad civil en su mayoría, repito, es revolucionaria y están impulsando este proceso”. Así comenzó Chávez lo que sería una andanada de señalamientos.

Elías Santana en nombre de la iniciativa “Queremos elegir” había cuestionado que tras la victoria electoral del 30 de julio de 2000 y teniendo amplio dominio de la Asamblea Nacional, el poder Ejecutivo se saltara lo que establecía la Constitución bolivariana, aprobada hacía poco más de año y medio antes. La sociedad civil, según la letra constitucional, tenía un rol protagónico en el proceso para designar a poderes públicos tales como Fiscalía, la naciente Defensoría y el estratégico Consejo Nacional Electoral.

“Si la Asamblea da un paso para escoger a dedo al nuevo Fiscal General, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros estaremos esperando para enfrentarla y ahora sí sabrán cómo se come la sociedad civil”, había escrito Elías en El Nacional.

El quid del asunto es que justamente Chávez había cuestionado al propio caricaturista Pedro León Zapata, que irónicamente se había preguntado “Con qué se come la sociedad civil”, tras un cuestionamiento sobre el papel de las ONG hecho por el entonces cercano a Chávez, Luis Miquilena.

“Así que señor Santana, también le respondo a usted, lo estoy llamando a la batalla, señor Santana. A mí me gusta llamar a la batalla, venga, venga, a mí me gusta. Esto de… esta amenaza de que usted va… sÍ sabrán y va a enfrentarla con la sociedad civil, bueno, señor Santana vamos a hacer una cosa, llame usted a la sociedad civil suya a una esquina y yo llamo a la mía a la otra”, expresó Chávez en su “Aló, Presidente”.

Con base en dichas declaraciones, Elías Santana, activista ciudadano, comunicador nato y locutor de toda la vida y a la sazón Coordinador General de la Asociación Civil “Queremos Elegir”, se dirigió el 29 de agosto de 2000 a la periodista Teresa Maniglia, en su carácter de directora de Radio Nacional de Venezuela, solicitando el derecho de rectificación o respuesta a fin de responder a lo dicho por el mandatario en su programa con relación a su persona. Invocaba Elías sencillamente el derecho a réplica que había establecido la nueva constitución.

Este caso, lejos de ser un incidente aislado, reveló la disposición del chavismo a limitar las garantías constitucionales cuando estas desafiaban su narrativa política, culminando en una polémica sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que restringió este derecho fundamental y motivó una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ante la negativa de concederle respuesta, Santana interpuso un amparo constitucional el 9 de octubre de 2000, exigiendo el cumplimiento de su derecho a réplica. La Sala Constitucional del TSJ, en la sentencia Nº 1.013 del 12 de junio de 2001, falló en su contra, argumentando que las declaraciones de Chávez eran opiniones y no hechos verificables, por lo que no aplicaba el derecho a réplica.

Además, el tribunal señaló que RNV había ofrecido a Santana un espacio en tres de sus emisoras, pero este lo rechazó al considerar que no garantizaba la misma cobertura que «Aló, Presidente». El TSJ consideró que Santana pretendía imponer condiciones al medio, lo que, según el fallo, no estaba contemplado en la legislación. Esta interpretación restrictiva del derecho a réplica, consagrado en la Constitución impulsada por el propio Chávez, fue tempranamente vista como un intento de blindar al presidente frente a críticas y de limitar la libertad de expresión.

El caso de Elías Santana no solo reflejó la instrumentalización del TSJ como herramienta para consolidar el poder de Chávez, sino que también marcó un precedente en la erosión de las libertades democráticas en Venezuela. La negativa a garantizar un derecho constitucional explícito, como el de réplica, mostró cómo el gobierno de Chávez priorizaba el control del discurso público sobre las garantías individuales.

Aquella Constitución que tanto había pregonado el mandatario, fue rápidamente mancillada en materia de derechos civiles y políticos.