A propósito del acuerdo petrolero

Causado por el 3 de enero y casado por la Ley de Hidrocarburos del 29 de mismo mes, la Asamblea Nacional acaba de apoyar en minutos el acuerdo petrolero “más grande de la historia” en opinión del presidente Donald Trump, sin que se analicen su contenido e implicaciones ni se conozcan con precisión sus detalles.

Libre de prejuicios, creo que hay al menos algunas cosas que deben decirse. Seriamente, como el asunto amerita.

El petróleo, cómo no, ha sido el gran tema de la política venezolana desde la segunda década del siglo XX. En 1926 sustituyó al café y el cacao como principal exportación del país y ocasionó una verdadera revolución en la vida venezolana, con implicaciones económicas, sociales y políticas que como Jano, tiene dos caras.

La política petrolera del Pacto de Puntofijo de 1958, siempre objeto de debate e incluso de diferencias de matices y algo más entre sus partidarios, estuvo dirigida a “…obtener la más justa participación en los beneficios (…) y ejercer un mayor y más efectivo control sobre todas las actividades de la industria”, su desembocadura fue la Nacionalización en 1976, de la industria, porque sus yacimientos, como todos los minerales, son propiedad de la República como antes lo fueron de la Corona española. Un decreto del Libertador y sucesivas constituciones, han reafirmado lo heredado desde las Ordenanzas de Minería de la Nueva España.

En 1973 los candidatos presidenciales Fernández, Paz Galarraga y Rangel la prometieron y le tocó adelantarla, con una esmerada búsqueda del más amplio consenso nacional a Pérez, el único que no la había prometido. Había madurado el país y evolucionado la situación internacional para dar ese paso, cumpliendo todas las formalidades constitucionales y legales.

Los cuarenta años de gobierno civil no rompieron radicalmente con el pasado en esta materia. La Ley de Hidrocarburos de 1943 fue un adelanto, como los decretos del trienio 1945-48. Las concesiones otorgadas por la dictadura perezjimenista, aprovechando la oportunidad de la Crisis de Suez, no fueron revocadas por los gobiernos democráticos.

La línea de “no más concesiones” miraba a futuro. No sin debate, el nacionalismo petrolero se cuidó del radicalismo. Característicamente, siempre se preservaron flexibilidades, porque el dogma es desaconsejable en estas cosas. El artículo 5° de la ley que reservaba al Estado la industria y el comercio de los Hidrocarburos del proyecto de CAP I, la internacionalización iniciada por Herrera y continuada por Lusinchi, la apertura de Caldera II así lo demuestran. Más retórico que efectivo y más propagandista que estadista, Chávez rompió con todo eso y montado en un decenio de precios altísimos creyó que el mercado petrolero había cambiado para siempre y no era así.

El mismo Gómez que empezó muy abiertamente liberal con las empresas extranjeras, vio cómo era la cosa y en 1917 designó a Gumersindo Torres que les arrugó la cara y en 1920 promovió la primera Ley de Hidrocarburos que a éstas no les gustó y lograron sacarlo, pero después de larga pasantía diplomática optó por volver a nombrarlo en 1929. El año anterior se había dictado el reglamento y en 1930 se creó el Servicio Técnico de Hidrocarburos. Lo que quiere decir que
nuestro “salto atrás” es de ciento diez años, cuando aquí mandaba Gómez a través del Dr. Márquez Bustillos y en EEUU Wodrow Wilson.

El negocio petrolero cambia y para cumplir los objetivos nacionales, la política petrolera también deba hacerlo, lo que no implica dar pasos precipitadamente y menos impuestos desde afuera. El control parlamentario a los contratos de interés público nacional, como es obviamente el caso, establecido en el artículo 150 constitucional, no puede ser un saludo a la bandera. Existe para que la República no escatime cuidados a la hora de comprometerse. La aprobación exige estudio en comisión, consultas con expertos y con representantes de la sociedad en su conjunto. Así fue antes, así debe ser ahora y lamentablemente, no ha sido.

Claro que ha habido excepciones y hemos pagado las consecuencias. El acuerdo petrolero con Cuba, adelantado con prisa en 1999, nunca fue llevado al Congreso ni luego de la nueva Constitución a la Asamblea. Jamás quiso el gobierno de Chávez, ni el ministro de Petróleo Rodríguez Araque ni el canciller Rangel que el país conociera y debatiera sus pormenores.

Abundan las interrogantes sobre el contenido e implicaciones de este acuerdo. Un experto venezolano tan serio como Francisco Monaldi se pregunta por los impuestos. El Premio Nobel de Economía estadounidense Paul Krugman, en artículo del 1 de septiembre, habla de The Plot to Steal Venezuela’s oil, al que considera “una estafa tan vil como profundamente estúpida”.

Hizo bien el Grupo Parlamentario Libertad en no votar ese apoyo express, y ahora, no puede renunciar la Asamblea Nacional a cumplir sus deberes según el 150 y el 187, numeral 3. Le incumbe el control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y atribución que no se despacha con discursos de su Presidente que se comporta más como miembro del Ejecutivo que como cabeza del parlamento, en abierta contravención del 136 constitucional.