Abdul fue miembro de la Comisión Nacional que organizó por parte de la sociedad civil la elección primaria del 22 de octubre, en la que resultó electa María Corina Machado, por abrumadora mayoría, como candidata unitaria por la oposición.
La policía política Sebin encarceló en la tarde de este miércoles 6 de diciembre al activista Roberto Abdul, presidente de Súmate, una organización civil fundada por María Corina Machado hace 20 años y que se dedica a defender los derechos humanos y en materia electoral de los venezolanos.
«Luego de una desaparición forzada de corta duración, se ha logrado constatar que Roberto Abdul, presidente de Súmate, se encuentra detenido en la sede del SEBIN. Les pido a todos su apoyo exigiendo su liberación y una enérgica reacción de la comunidad internacional», escribió María Corina Machado en sus redes sociales.
En la tarde, el fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, expuso en una declaración de prensa los nombres de 13 personas, militantes de partidos políticos, dos ex ministros de Hugo Chávez, y tres colaboradores directos de María Corina. A todos los acusó de conspiración y traición a la patria, entre otros presuntos delitos por los que el régimen emitió órdenes de captura.
Vente, el partido de María Corina Machado, emitió un comunicado condenando la nueva persecución contra activistas opositores. La propia candidata presidencial dijo que estas nuevas acciones representan un golpe al acuerdo de Barbados, que busca una salida política negociada a la profunda crisis política que sufre Venezuela desde hace más de una década.
«Esta acción constituye un nuevo capítulo del patrón sistemático de persecución política que atenta contra los derechos civiles de quienes adversan a la tiranía. Lo que no solo representa un incumplimiento a los acuerdos celebrados en Barbados, sino, además, el incremento de su lista de perseguidos políticos», declaró Vente.
La Asociación Civil Súmate rechazó este viernes la reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficialista, expresada en sentencia Nº 324 del pasado 27 de agosto de este año, en la que establece nuevas bases comiciales para la elección de las autoridades rectorales de las universidades.
La Asociación Civil Súmate denunció que a 7 millones 553 mil 440 venezolanos se le podría estar impidiendo el derecho a ejercer su derecho al voto y precisó que dichos datos se desprenden del análisis de las Proyecciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la Organización Internacional de Migración (OIM) y de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), datos del Consejo Nacional Electoral y cálculos propios estimados a diciembre de 2019.
El informe "Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno", presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, contiene graves denuncias que involucran al SEBIN y a la DGCIM
