El Fiscal informó por redes sociales que Rocío San Miguel habría sido imputada por los delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración. Fue presentada en tribunales sin contar con sus abogados defensores
Para el fiscal Tarek William Saab, el procedimiento contra Rocío San Miguel se ha llevado a cabo «en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales». Es lo que comunicó vía X a las 9:54 de la noche de ayer 12 de febrero en un mensaje en el que informó que su despacho «Solicitará ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo #medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por: la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros».
Pero los abogados de la activista de Derechos Humanos detenida el 9 de febrero insisten en que no se han respetado sus derechos: “Hasta las 10:30 am de hoy 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel o con alguno de los cinco familiares que también habrían sido presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo. No sabemos del paradero de cada una de esas personas, de modo que persiste la desaparición forzada. Rocío San Miguel suma 100 horas incomunicada”.
Se supone que en horas de la noche de ayer se hizo la audiencia de presentación de San Miguel y de «6 ciudadanos: quienes luego de las #investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la Trama Conspirativa denominada #BrazaleteBlanco«, escribió el fiscal. Y he aquí otra irregularidad, de acuerdo a lo informado por el equipo de defensores de San Miguel: «En esa audiencia Rocío San Miguel no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso establecido en el artículo 44 de la Constitución».
Sin sus abogados presentes y sin siquiera tener certeza sobre su paradero, esperan recabar información a lo largo del día para convocar a una rueda de prensa. Hasta la tarde de este martes, la defensa de San Miguel ha denunciado que ella y cinco de sus familiares: su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo están bajo condición de desaparición forzada. Sin embargo, en la tarde circularon versiones que aseguran que tanto la hija como el resto de los familiares fueron liberados.
Hasta ahora, siempre de acuerdo a la versión del fiscal, el Ministerio Público solicitó en la audiencia también la privación de la libertad de Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, el exposo de la experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, por los supuestos delitos de «Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación». Para el resto de los familiares el MP pidió libertad bajo régimen de presentación.
En la madrugada de hoy martes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas demandó algo que no se ha cumplido: «Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».
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