El "Caracazo" y la importancia de defender los derechos humanos

Sobre el “Caracazo”, al igual que ocurre con otros episodios de la historia de Venezuela, abundan muchas leyendas, mentiras y medias verdades. Por ejemplo, mientras unos defienden la idea de que fue financiado por Cuba y organizado por los partidos y agrupaciones de izquierda, otros dicen que fue una rebelión espontánea debido a las medidas económicas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Sobre ambas posturas ha corrido suficiente agua, pero sobre lo verdaderamente trascendental del asunto apenas se han escrito unos pocos libros de historia, siendo el más reciente el de Alonso Moleiro: La nación incivil, publicado por Editorial Dahbar en 2021.

Los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y marzo de 1989 marcan un antes y un después en la historia venezolana y la lucha por los derechos humanos, pues si bien la pelea las garantías fundamentales en el país venía tomando fuerza desde hacía varias décadas, desde ese momento la lucha pasa a tener un papel protagónico, al punto de que se fundan varias organizaciones como Comisión de Familiares y Víctimas (Cofavic), dirigida por la abogada Liliana Ortega, y también se posicionan otras que ya venían acumulando trayectoria como Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), hoy presidida por el periodista Óscar Murillo.

Pero esto último tiende a omitirse cuando se habla del «Caracazo”, que para muchos fue fue huérfano de una narrativa oficial. El descontento en las calles fue expuesto por los medios sin ningún tipo de control. La ferviente oposición al gobierno construyó un único relato del que finalmente el chavismo se apropió tiempo después, haciéndolo ver como un antecedente de su revolución, pero en relación a los derechos humanos, y apartando el libro escrito por Moleiro en 2021, no hay mayores aproximaciones salvo los informes, testimonios y declaraciones hechas no solo por los defensores de derechos humanos, sino también por las víctimas de este acontecimiento.

No hay verdades absolutas ni números verosímiles, esa continúa siendo una deuda del Estado venezolano con la sociedad. Ni siquiera la cifra oficial sobre la cantidad de muertos es creíble: 276. Las extraoficiales apuntan a 3.000.

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La única certeza es que en el transcurso de la mañana de aquel último lunes del mes, una protesta en Guarenas contra el alza del costo del pasaje –debido al aumento de la gasolina y al programa de reformas económicas propuesto por el presidente Pérez– se replicó en varias ciudades, siendo Caracas el epicentro de los disturbios. El gobierno suspendió las garantías constitucionales y reprimió con fuerza a la desobediencia civil.

El 11 de noviembre de 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia de fondo sobre los sucesos y el 29 de agosto de 2002 se establecieron las de reparaciones y costas. Fue la segunda vez que la Corte se pronunció sobre un suceso venezolano. La primera fue la de la masacre de El Amparo, una denuncia llevada adelante por Provea y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). La cosa es que en 2025 ya se suman 35. Eso que nos recuerda que lejos de las pugnas ideológicas están los derechos humanos y, por supuesto, la memoria histórica, garantías de no repetición y aspecto fundamental para cualquier esfuerzo y proceso de reconciliación nacional.