¿Qué es de la vida de los Derechos Humanos en EEUU?

El supuesto adalid mundial en la defensa de la democracia, las libertades individuales, la justicia, los Derechos Humanos y la igualdad ante la Ley también tiene su techo de vidrio. Sus cárceles, hospitales y escuelas son muy distintas a lo que pintan las películas de Hollywood.

¿Qué es de la vida de los Derechos Humanos en EEUU?

El informe anual de la reconocida ONG internacional Human Rights Watch, divulgado este 13 de enero, trae un recorrido de denuncias sobre el estado de  los Derechos Humanos en el mundo, especialmente en los países gobernados por regímenes autoritarios. ¿Pero cómo andan las cosas en Estados Unidos?

Estas son algunas de las  principales denuncias de HRW recogidas en el apartado de Estados Unidos de su informe sobre un centenar de países.

    • EE.UU sigue sin cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la justicia racial, tal y como se refleja en la incapacidad del país para acabar con el racismo sistémico vinculado a los legados de la esclavitud.
    • Las estructuras abusivas de encarcelamiento, aplicación de la ley de inmigración y control social que afectan a muchas minorías raciales y étnicas; así como la brecha de riqueza entre personas blancas y negras que persiste junto a un ligero incremento general de la desigualdad económica.
    • Las comunidades negras, latinas e  indígenas están desproporcionadamente afectadas por la pandemia de cCovid-19, lo que profundiza injusticias raciales existentes en materia atención sanitariaviviendaempleoeducación y acumulación de riqueza.
    • Aunque la pobreza se redujo en general gracias a los cheques de estímulo y a las ayudas al desempleo, persistió la brecha de riqueza entre comunidades blancas y negras, que sigue tan profunda como en 1968.

Economía como problema

La desigualdad económica sigue siendo alta y ha aumentado ligeramente en EE.UU., con disparidades de riqueza que incrementan más rápido que la desigualdad de ingresos.

La riqueza total combinada de los multimillonarios estadounidenses aumentó de US$2,9 billones en marzo de 2020 a US$4,7 billones en julio de 2021. Según fuentes del gobierno estadounidense, la pobreza disminuyó y los indicadores de dificultades económicas mejoraron desde diciembre de 2020, principalmente gracias a las prestaciones del gobierno.

Aun así, los datos de la Oficina del Censo muestran que en septiembre de 2021 unos 19 millones de adultos vivían en hogares con insuficientes alimentos, 11,9 millones de adultos estaban atrasados en el pago del alquiler, y algunos de los avances de finales de marzo se habían estancado al reducirse las medidas de ayuda en las negociaciones legislativas.

Los impactos de la pandemia y las consecuencias económicas han sido generalizados, pero siguen siendo especialmente frecuentes entre los adultos negros, latinos y otras personas de color.

Sistema legal penal

EEUU con las tasas de encarcelamiento penal más altas del mundo: son casi dos millones de personas recluidas en cárceles y prisiones estatales y federales, y millones más en libertad condicional y vigilada.

A pesar de algunas reducciones en las tasas de encarcelamiento de la población negra, ésta sigue estando enormemente sobrerrepresentada en las cárceles y prisiones.

Las prisiones no ofrecen suficiente protección contra la infección de covid-19.

Un tercio de todas las personas en las prisiones de Estados Unidos han contraído el virus y más de 2.700 murieron a causa de él.

La mayoría de los departamentos de policía de EEUU se niegan a informar sobre el uso de la fuerza, lo que hace necesaria la recopilación y el análisis de datos no gubernamentales. Hasta el 3 de noviembre, la policía había matado a más de 900 personas en 2021, cifras similares a las de años anteriores. En términos per cápita, la policía mata a personas negras a un ritmo tres veces superior al de las personas blancas.

George Floyd Derechos Humanos

El caso Floyd, que desató protestas generalizadas no fue un evento aislado de abuso policial.

Menores procesados

A pesar del descenso en el número de menores encarcelados, las disparidades raciales y étnicas persisten. El Sentencing Project informa de que, en comparación con la población blanca, la probabilidad de ser encarcelados siendo menores de edad es cuatro veces mayor para los jóvenes negros, 1,3 veces mayor para la comunidad latina y tres veces mayor para menores de otros grupos tribales.

Política de drogas

Las muertes por sobredosis de drogas alcanzaron la cifra más alta jamás registrada durante la pandemia de covid-19. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 93.000 personas murieron en 2020 por una muerte por sobredosis de drogas, un aumento del 30% en comparación con 2019.

Estas muertes por sobredosis forman parte de un aumento de la mortalidad asociada al desempleo, la intoxicación por alcohol y el suicidio, circunstancias relacionadas con la inseguridad económica y los problemas de salud mental.

Las leyes estadounidenses sobre drogas que priorizan la criminalización no abordan las causas fundamentales de las sobredosis y han tenido impactos devastadores en las comunidades negras y mestizas.

«Este persistente enfoque en la criminalización en dichas leyes sigue siendo un obstáculo para los servicios de reducción de daños que salvan vidas en muchos estados, y siguen existiendo lagunas en el tratamiento accesible y asequible basado en la evidencia para los trastornos por uso de sustancias».

Derechos de ciudadanos extranjeros

A pesar de las promesas hechas durante la campaña presidencial, el gobierno de Biden mantuvo las políticas de la era Trump que negaban el acceso al asilo en las fronteras de Estados Unidos. En el momento de redactar este informe, la administración había llevado a cabo 753.038 expulsiones bajo el Título 42, una política ilegal para expulsar a las personas migrantes que llegan a las fronteras terrestres basándose en motivos de salud pública engañosos.

Las expulsiones en virtud del Título 42 discriminan a las personas migrantes que llegan a las fronteras terrestres –desproporcionadamente negras, indígenas y latinas, sobre todo de Centroamérica, África y Haití—, mientras que miles de otros viajeros pueden cruzar la frontera sin ningún tipo de control sanitario. Las expulsiones bajo el Título 42 ponen a los inmigrantes en peligro, ya que miles de ellos sufren secuestros, violaciones, agresiones, extorsiones y otros abusos cuando son expulsados a México. En septiembre, el gobierno pasó completamente por alto el derecho a solicitar asilo cuando agentes de inmigración a caballo utilizaron largas riendas como látigos para controlar y disuadir a un grupo de unos 15.000 migrantes haitianos, en su mayoría negros, en Del Río, Texas.

Derechos Humanos en Estados Unidos

CIUDAD JUÁREZ (MÉXICO), 13/06/2021.- Migrantes centroamericanos son regresados a territorio mexicano por autoridades estadounidenses el 11 de junio de 2021, en el Puente Internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). La presión migratoria en la frontera norte continúa en urbes mexicanas como Ciudad Juárez y reflejan la incesante ola que vive la región, que en mayo registró un nuevo máximo de más de 180.000 indocumentados arrestados por Estados Unidos. EFE/ Luis Torres

Haitianos paria

A lo largo de 2021, el gobierno de Biden envió una serie de vuelos de expulsión a Haití, exponiendo a aproximadamente 10.000 migrantes a condiciones que el gobierno estadounidense reconoce actualmente como demasiado peligrosas para el retorno seguro de haitianos ya presentes en Estados Unidos.

En octubre, Human Rights Watch informó sobre documentos del Departamento de Seguridad Nacional que catalogaban más de 160 informes internos de funcionarios fronterizos estadounidenses que abusaban físicamente o de otra manera de las personas solicitantes de asilo y las sometían a violaciones del debido proceso.

Hasta agosto de 2021, EEUU decidió más de 18.000 casos de asilo en el año fiscal 2021 (que terminó el 30 de septiembre), de los cuales el 63% fueron denegados, el 36% concedidos y el 1% recibieron un estatus legal diferente.

A pesar de la decisión del gobierno de aumentar el límite a 62.500, solo se admitieron 11.445 refugiados en EEUU durante el año fiscal 2021.

Derechos humanos y la salud

El gobierno estadounidense no consiguió frenar la propagación del virus que causa el covid-19 y, en septiembre de 2021, la pandemia se había convertido en la enfermedad infecciosa más mortífera de la historia del país, con 676.000 muertes, el 94% de las cuales fueron de personas mayores de 50 años y entre las que se encontraban al menos 3.600 profesionales sanitarios, la mayoría personas de color.

El racismo estructural influyó en las experiencias de las personas durante la pandemia, ya que las comunidades negras y mestizas tenían más probabilidades de sufrir enfermedades graves y morir a causa de covid-19, así como de enfrentarse a obstáculos adicionales para recibir las vacunas.

En abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades declararon el racismo como una grave amenaza para la salud pública.

En algunas zonas se cerraron las escuelas durante todo un año escolar, si no más, lo que afectó a casi 78 millones de estudiantes. Los estudiantes de color se vieron especialmente afectados, ya que suelen asistir a escuelas con menos recursos y tienen un acceso más limitado a Internet para la escolarización a distancia.

Mientras tanto, los precios no regulados de los medicamentos en EEUU han contribuido a una crisis de asequibilidad de los medicamentos esenciales.

Y a pesar de las sentencias judiciales positivas, las comunidades indígenas de EEUU siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a servicios sanitarios adecuados.

covid-19

Ariane Gutiérrez mira una foto de su padre, Gerardo Gutiérrez, quien murió a los 70 años de edad el 28 de abril de 2020, después de una batalla de un mes contra covid-19. Foto CHANDAN KHANNA / AFP.

Salud y derechos de mujeres y niñas

La falta de acceso al seguro médico y a la atención sanitaria contribuyó a que las tasas de mortalidad por cáncer materno y de cuello uterino fueran más altas que en países comparables, y las mujeres negras murieron en mayor proporción.

El 28 de enero, el presidente Biden emitió un memorando presidencial sobre la protección de la salud de las mujeres, anulando las medidas del gobierno de Trump que creaban dificultades para que las mujeres pudieran hablar libremente con los médicos, acceder a los servicios de salud y obtener información sanitaria.

El 8 de marzo, Biden emitió una orden ejecutiva por la que se creaba el Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca, encargado de aumentar el acceso a la atención sanitaria integral, abordar las disparidades sanitarias y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros objetivos.

El 22 de octubre de 2021, emitió una estrategia nacional sobre equidad e igualdad de género.

Política exterior

Al tomar posesión del cargo, el gobierno de Biden anunció que se comprometía a adoptar una política exterior “centrada en la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos”, así como a aumentar la cooperación multilateral.

Estados Unidos fue reelegido para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se reincorporó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Acuerdo Climático de París.

En abril de 2021, el presidente Biden levantó las sanciones contra altos cargos de la Corte Penal Internacional (CPI), pero se opuso a las investigaciones de la CPI que podrían incluir el escrutinio de la conducta de ciudadanos estadounidenses e israelíes.

Venta de armas y doble rasero

Aunque el gobierno de Biden adoptó la determinación del gobierno de Trump de genocidio y crímenes contra la humanidad a manos del gobierno de China por su trato a los uigures, no anunció una determinación legal sobre los abusos militares contra los rohingya en Myanmar o sobre los abusos cometidos en la región etíope de Tigray.

Estados Unidos instó al Consejo de Seguridad de la ONU a debatir las crisis humanitarias y de derechos en Myanmar y Tigray, pero en el momento de redactarse este informe no había pedido al Consejo que impusiera un embargo de armas o sanciones individuales de la ONU contra los responsables de los abusos.

El gobierno de Biden siguió vendiendo armas y prestando asistencia en materia de seguridad a países con un pobre historial de derechos humanos.

Aunque EEUU se comprometió a poner fin a la venta de armas ofensivas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos debido a su papel en la guerra de Yemen, siguió haciendo tratos de armas con ambos gobiernos.

El gobierno de Biden autorizó más de US$2.500 millones en ventas de armas a Filipinas y solicitó US$1.300 millones en ayuda a la seguridad de Egipto, a pesar del deterioro de los derechos humanos en ambos países.

El presidente Biden también eludió la legislación del Congreso que exige que los US$300 millones de ayuda a la seguridad de EEUU para Egipto estén condicionados a los derechos humanos, reteniendo solo US$130 millones a pesar de los continuos abusos.

Estados Unidos financió US$735 millones adicionales en ventas de armas a Israel por encima del compromiso anual de US$3.800 millones, incluso cuando las fuerzas israelíes utilizaron armas de fabricación estadounidense en los ataques aéreos de mayo en Gaza que violaron las leyes de la guerra y aparentemente constituirían crímenes de guerra.

 

Derechos Humanos bajo fuego ceden por autoritarismo en América

En Venezuela, "el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para aumentar su control sobre la población. La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos", señala el informe de 2022.