En un camino de escape hacia la vida se convirtió el corredor fronterizo sobre el puente internacional Simón Bolívar que comunica con la ciudad colombiana de Cúcuta: allí acuden a diario cientos de venezolanos tras ser diagnosticados con una enfermedad crónica cuyo tratamiento parece imposible de encontrar en Venezuela.
Julio Rodríguez (su nombre real es protegido por temor a represalias) es un docente venezolano de 77 años y con 32 años dedicados a la educación pública. Actualmente es jubilado del ministerio de Educación, y a mediados del año 2021 se vio obligado a migrar a Colombia. Ahora, con la esperanza de saber que pudo hacer algo por su salud, decidió contar a El Estímulo el drama que le ha tocado vivir al ser diagnosticado con cáncer de próstata tipo III, de urgente atención y con requerimiento de radioterapias.
Es uno de los muchos casos de venezolanos «refugiados de la salud», que tuvieron que salir de su país para buscar ayuda en el exterior con la esperanza de derrotar a una enfermedad grave y seguir viviendo.
Con un salario mensual que no supera los 200 bolívares (menos de $50 por mes) y una pensión de vejez aún más reducida, Julio se sintió acorralado. “Estaba entre la espada y la pared cuando me mandaron a hacer una biopsia de próstata que, al consultar en distintos centros de salud, costaba mil dólares, “¿de dónde los iba a sacar?”, se preguntó el docente.
El sueldo quincenal de un profesor jubilado que llegó a una categoría medianamente superior, se ubica entre los 75 y 148 bolívares, ($17 y $33). Estos no son suficientes ni siquiera para cubrir los gastos de manutención de un adulto, menos para costearse un tratamiento oncológico en Venezuela.
Para el docente era impensable acudir a la salud privada en busca de su tratamiento. El presidente de la Sociedad Anticancerosa, Cono Gumina, señalaba en febrero pasado, a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que entre 25 mil y 30 mil dólares al año puede llegar el costo de los procedimientos para combatir la enfermedad.
Venezuela a pesar que registró un alza de 24% en la mortalidad, con una incidencia de 7%, mantiene barreras que frenan a los ciudadanos el acceso a una medicina preventiva en la atención oncológica, señaló Gumina a varios medios.
Alertó que la primera causa de muerte en las mujeres en Venezuela es por el cáncer de mama y en los hombres el de próstata.
Las radioterapias sugeridas por el oncólogo a Julio Rodríguez, eran difíciles de realizar en un hospital público porque en Venezuela solo en tres estados funcionan las unidades de radioterapia: en Caracas, Zulia y en Sucre, precisó la oncóloga Laura Colmenares del Hospital Central de San Cristóbal.
En su franca conversación con El Estímulo, Julio recordó que, en 1992, cuando se jubiló, disfrutaba en ese momento de un sueldo suficiente no solo para mantenerse él, sino también a la familia.
“Fue un período muy satisfactorio en donde el dinero rendía, incluso para salir de vacaciones cada año y el sistema de salud era extraordinario a través del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme). No solo lo disfrutábamos activos y jubilados, nuestros familiares eran beneficiados y mostrando un carnet los atendían en cualquier centro de salud del país”, recuerda.
El docente señaló que el deterioro del servicio de salud que ofrecía el Ministerio de Educación, se vino abajo con la llegada de la revolución.
“En los primeros años de llamada revolución o socialismo del siglo XXI se respetaron los beneficios. Pero aproximadamente en el año 2004 comienza a resquebrajarse la asistencia médica para los educadores venezolanos, debido a algunas reformas que no estaban adaptadas a la realidad que se vivía”, señala.
Recordó que incluso el Ipasme, en los años 90, le facilitó un crédito para la adquisición de una vivienda familiar.
“Hoy en día no hay nada, el Ipasme lo desaparecieron junto con los servicios de salud y los créditos, los educadores estamos desamparados y a la deriva”, sentenció.
Un día sin pensarlo mucho, Julio tomó una vieja maleta de cuero, de esas que sobrevivieron a los años de bonanza, empacó sus pocos enceres y con dos mil pesos colombianos en los bolsillos (0.50 centavos de dólar), cruzó desde la población venezolana de San Antonio del Táchira, hacía el departamento colombiano Norte de Santander, fue a buscar atención de salud en otro país.
“Me vi obligado a entrar como migrante a Colombia, gracias a que tengo allá una hija que lleva cuatro años residenciada. Fue una decisión dura, lloré al dejar mi casa de tantos años, me fui sin plata. Colombia me abrió los brazos y una vez que obtuve el Permiso Especial de Permanencia (PEP), pude ingresar a una Entidad Promotoras de Salud (EPS) y allí he tenido acceso completamente gratuito, a todos los exámenes y medicamentos, incluso la biopsia que no pude hacerme en Venezuela”, narró el docente.
Conoce a algunos de sus colegas que en similares condiciones han tenido que cruzar la frontera, piden apoyo en la asistencia médica y medicinas que el gobierno venezolano no garantiza a quienes dejaron los mejores años de sus vidas en las aulas.
Actualmente Julio se ha sometido en Cúcuta a un tratamiento de radioterapias. Son 38 en total, proceso casi imposible de realizarse en Venezuela.
“La oncóloga que me atendió en el Hospital Central de San Cristóbal me manifestó que en ese centro de salud no funcionan los equipos de la Unidad de Radioterapia. En el Táchira no existe otro lugar, hay que viajar al centro del país y esperar en colas de miles de pacientes para poder ser atendido en los pocos centros públicos que existen”, señala.
Actualmente, el profesor recibe tanto el tratamiento de radioterapias gratuito, como exámenes, consultas y medicamentos.
“Gracias al decreto del presidente Duque, de regularizar a los venezolanos migrantes, no pago consultas ni medicinas. Ayer me dieron unos frascos de pastillas de Bicahet, (bicalutamida)”, señaló Julio, mostrando los antiandrógenos que detienen el crecimiento y la propagación de las células del cáncer. Cada frasco del producto tiene un valor de 150 mil pesos colombianos, equivalente a unos 40 dólares, pero a Julio le salieron gratis.
Al final de la conversación al venezolano se le entrecorta la voz, se seca las lágrimas y dice sentirse defraudado de haberle servido más de 30 años al Estado venezolano y que ahora tenga que correr a otro país para buscar un servicio de salud y seguir enfrentando al cáncer.
“A nosotros los educadores nos han discriminado, y a todos los funcionarios o empleados públicos que deben acudir a Colombia para ser atendidos, incluso los que hacían votos y defendían el sistema. Para nosotros no hay derecho a la vida, si nos quedamos en Venezuela estamos sentenciados a morir, por eso le agradezco a Colombia y al presidente Duque, enormemente, el bien que nos hacen”, expresa.
A pasos lentos, pero firmes, cada mañana Julio se desplaza al centro oncológico de Cúcuta. Va en busca de la atención médica y el acceso a la salud que a miles de venezolanos le es negado por un sistema que viola el derecho fundamental a la vida.
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