Sucesos

13 mineros mueren tras colapso de mina en El Callao: "Es responsabilidad del Estado"

La tragedia ocurrida en la mina Talavera no es un hecho aislado: en los últimos cuatro años al menos 73 mineros artesanales han muerto dentro de las minas al sur de Bolívar, en territorios custodiados por el Estado, administrador principal de toda concesión minera y por lo tanto del control de acceso a zonas mineras legales e ilegales

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13 mineros murieron por inmersión y asfixia el pasado 31 de mayo, luego de que las fuertes lluvias inundaran la mina La Talavera, en el sector La Tigra de El Callao, al sur del estado Bolívar.

Se calcula que más de 120 mineros estaban sacando oro del yacimiento cuando quedaron atrapados, con poco oxígeno disponible y a merced de los gases tóxicos emitidos por las perforaciones dentro de la mina.

La galería aurífera — que autoridades aseguran estaba clausurada — se ubica a un kilómetro de distancia de la mina Isidora, una de las seis plantas que pertenecen a la procesadora de oro estatal CVG Minerven y a la que los mineros pretendían llegar a través de los túneles. La zona está bajo la administración de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) desde abril de 2022.

¿Cuántos fallecidos hubo? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Cuál es la realidad detrás de estas minas? En esta nota, El Estímulo lo explica.

Las víctimas del colapso

Los cuerpos de las víctimas del colapso de la galería fueron rescatados luego de cinco días de labores de búsqueda y rescate encabezadas por Protección Civil y Bomberos Municipales de El Callao con apoyo técnico de la CVM y acompañamiento de mineros sobrevivientes.

El jueves 1 de junio las autoridades lograron recuperar dos cadáveres y tres mineros sobrevivientes. Al día siguiente, recuperaron tres cadáveres más; el sábado 3 de junio las autoridades confirmaron el rescate del cadáver de otras siete personas y, finalmente, el martes 6 de junio se confirmó un décimo tercer cuerpo.

La búsqueda concluyó el martes 6 de junio. Sin embargo, la población minera ha solicitado a las autoridades que retomen las labores de búsqueda y salvamento porque aseguran que muchas más personas están atrapadas en ese yacimiento de más de 800 metros de profundidad.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, decretó tres días de duelo por lo ocurrido y un velorio en las calles del pueblo.

«Estas son situaciones que van a seguir sucediendo porque la gente, obviando el peligro, se mete pensando que es muy fácil conseguir oro. Es una emergencia que ocurrió, pero es imposible decir que se va a clausurar la mina, porque van a buscar la manera de meterse por otro lado», justificó el alcalde en televisión nacional.

Lo ocurrido en la mina La Talavera no es un hecho aislado de la cadena de producción del denominado oro de sangre. En los últimos cuatro años, al menos 73 mineros, entre ellos adolescentes, hombres y mujeres, han muerto sepultados en aludes de tierra, atrapados en inundaciones e intoxicados por gases en las minas de ocho municipios del sur del estado Bolívar. La mayor cantidad de víctimas se contabilizó en El Callao, municipio enclave de la explotación de oro.

Autoridades durante el rescate. Cortesía Seguridad Ciudadana

La cifra es apenas un subregistro de los hechos que trascienden a la prensa regional.

La responsabilidad de que la minería se practique, y que minas clausuradas sigan funcionando, es del Estado venezolano, custodio de la explotación aurífera según el Decreto N° 2.165, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del Oro y demás minerales estratégicos.

En los últimos cuatro años al menos 73 mineros artesanales han muerto dentro de las minas al sur de #Bolívar, en territorios custodiados por el Estado, administrador principal de toda concesión minera y responsable del control de acceso a zonas mineras legales e ilegales. Foto: Carlos Suniaga

Tragedia en una zona custodiada por el Estado

«Esta era una tragedia anunciada. Hay una absoluta ausencia de supervisión del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), ausencia de supervisión de los órganos estatales encargados del tema minero y absoluta desidia del Estado. Esas minas son de propiedad Estatal, si no cumplió con sus labores de supervisión tiene la obligación de indemnizar por negligencia extrema”, manifestó Jacqueline Richter, abogada especialista en derecho laboral, en entrevista con El Estímulo.

«La obligación del Estado es supervisar y tomar medidas correctivas. No sólo incumple con su responsabilidad, sino que expone a los trabajadores de la minería. Es obligación del Estado impedir que estas cosas sucedan», agregó.

Y hay razones para responsabilizar: la tragedia sucedió en una zona administrada por la CVM y custodiada por la Guardia Nacional Bolivariana, el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

¿Cómo los mineros acceden permanentemente a estas galerías peligrosas, clausuradas, custodiadas y cercanas a otras plantas procesadoras del Estado sin que funcionarios tengan conocimiento de estas incursiones diarias?

La coordinadora del Centro de Estudios Regionales (CER) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Guayana, Aiskel Andrade, explicó a El Estímulo que lo primero que se debe tomar en cuenta para la determinación de responsabilidades es que la clausura oficial de una mina, ya sea por el agotamiento de los recursos, cuestiones de seguridad o dificultades para la explotación de minerales por consideraciones técnicas o ambientales, es un proceso que implica la vigilancia permanente para evitar que mineros entren a trabajar ahí.

Todo esto considerando que el Estado venezolano promueve la Operación Roraima permanentemente, un operativo militar que tiene como propósito la protección ambiental y el desplazamiento de grupos armados.

«Pues la protección ambiental pasa por el control y monitoreo de los accesos ilegales de minas altamente peligrosas como La Talavera (…) es claro presumir que no es la primera vez que trabajan ahí, y que el Estado como administrador de la mina tenía conocimiento de esas incursiones que además son permanentes», argumentó Andrade.

La otra responsabilidad que tiene el Estado, según Andrade, es informar sobre qué fue lo que sucedió en realidad y cómo ocurrió el accidente. Luego del siniestro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana solo emitía declaraciones en video a través de las redes sociales, al igual que la lista oficial de fallecidos.

«No basta con decir que hay 13 personas fallecidas. Tenemos reportes no oficiales de que esto sobrepasa los 20 mineros muertos«, aseguró Andrade.

«¿Cuál es la explicación técnica de por qué y cómo ocurrió todo sin revictimizar a las víctimas diciendo que se metieron ilegalmente? Son vidas que se perdieron haciendo una actividad que no debieron haber hecho. La pregunta es: ¿quién estaba obligado a evitar que esas personas estuvieran trabajando en esa mina? ¿Dónde está la responsabilidad que tenía el Estado para asegurar que nadie entrara ahí?», cuestionó.

Especialistas coinciden en que el Estado debe formalizar las relaciones de trabajo en las minas, y dejar de ignorar la forma en la que se explota el oro en el Arco Minero del Orinoco. Foto cortesía del equipo de rescate.

Economía extractivista: trabajo precario e informal

En 2020, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, recomendó al Estado adoptar medidas urgentes para poner fin a la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas dentro del Arco Minero del Orinoco, así como la regularización de las actividades mineras en condiciones de respeto del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables.

El informe puso de manifiesto lo que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello núcleo Guayana venía alertando: el estado Bolívar es una de las entidades más vulnerables a distintas formas de esclavitud moderna, por su posición geográfica y riqueza mineral.

Aunque el gobierno prometió en 2016 que con la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional AMO la actividad minera sería un ramo económico sustentable y generador de empleos, en la práctica se tradujo en la migración interna de personas que llegaron a las minas a trabajar en condiciones forzadas.

Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que la mayoría de las plantas de Minerven como Perú y Revenin fueron invadidas, desmanteladas y ocupadas por mineros ilegales que trabajan bajo el control de grupos armados que cobran vacunas para ingresar y producir.

En la mina nadie trabaja sin rendir cuentas. El modelo de negocios del AMO implica un sistema mixto en el que los mineros artesanales se agrupan en asociaciones y estas asociaciones se unen para formar alianzas que extraen oro y lo procesan en molinos.

El estado Bolívar es una de las entidades más vulnerables a distintas formas de esclavitud moderna, por su posición geográfica y riqueza mineral. Foto cortesía William Urdaneta

El 35% de lo extraído corresponde al Estado, y el 65% debería repartirse entre las asociaciones de pequeños mineros que trabajan en condiciones precarias por falta de equipos, indumentaria de seguridad y sin garantías de acceso a agua, saneamiento, higiene y atención médica.

Cuando los mineros trabajan de forma particular, deben destinar un porcentaje de lo que extraen para el grupo armado que coordina la producción.

De hecho, entre 2017 y 2018 el Ejecutivo nacional ordenó a Minerven comprar material aurífero a la pequeña minería para luego venderlo al Banco Central de Venezuela (BCV), sin considerar las condiciones de trabajo en las minas.

Richter señala que el Estado debe formalizar las relaciones de trabajo en las minas, y dejar de ignorar la forma en la que se explota el oro en el AMO. «Tiene que regularizar toda la prestación del servicio y dejar de hacerse la vista gorda ante el accionar de los grupos armados», sentenció.

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