La llegada de millares de retornados en solo una semana ha complicado la situación económica y social de ese estado fronterizo. Por protocolo contra el Covid-19 son alojados en refugios improvisados donde, muchas veces, falta el agua y la comida, y carecen de camas y baños
La llegada de casi 6.000 retornados en apenas una semana complica todos los aspectos económicos y sociales de Táchira, estado venezolano en la frontera con Colombia. Todos han sido alojados en 18 instituciones educativas para cumplir la cuarentena obligatoria contra el coronavirus.
En total han regresado 5.791 personas desde diversos países latinoamericanos. Todas deben cumplir el protocolo contra el Covid-19: cuarentena de 14 días y prueba de despistaje del virus.
Estos casi 6.000 retornados están confinados en escuelas convertidas en refugios, denominadas Puntos de Alojamientos Social Integral (PASI). La mayoría incumple con las condiciones básicas. Además de fallas de infraestructura, carecen de implementos e insumos esenciales como colchonetas, alimentos y, en algunas de ellas, baños.
La falta de alimentos tiene un agravante: provoca que los refugiados traten de escapar para comprar comida para ellos y sus familias, diseminando el coronavirus en caso de ser portadores.
Estas dramáticas condiciones se magnifican con la enorme cantidad de personas que se deben atender, los casi seis mil retornados que, en su mayoría, vuelven en condiciones de pobreza.
Según Freddy Bernal, representante del gobierno de Nicolás Maduro en Táchira, han atendido a 370 retornados con desnutrición. A estos hay que sumarles pacientes con hepatitis B, tuberculosis y VIH.
La llegada masiva de estos venezolanos ha provocado fuertes protestas y cierres de vías en las distintas zonas de Táchira a a las que llegan trasladados por autobuses oficiales.
Ramón Colmenares, vecino del refugio de Michelena -población a 50 kilómetros de la frontera con Colombia-, critica que el gobierno de Nicolás Maduro hable de «humanismo con los retornados», debido a que los dejan en un instituto universitario que no tiene agua ni baños funcionando, por lo que tienen que ir a hacer sus necesidades fisiológicas en la montaña que está detrás del improvisado refugio, lo que se convierte en un foco de infección.
A Michelena llegaron 297 retornados, incluyendo un bebé.
Los tachirenses no son los únicos que deploran las condiciones en las que están llegando los 6.000 retornados. Ellos también.
Las protestas de los afectados son por falta de alimentos, agua potable, asistencia médica dentro de los refugios o por dormir en el piso debido a la falta de camas. Las incomodidades siguen pero ahora reprimidas. Tienen restringido el acceso a las comunicaciones y sufren amenazas y castigos por protestar o reclamar derechos básicos.
«Hay gente camuflada vigilándonos las 24 horas del día. Se hacen llamar ‘colectivos’. Nos prohiben grabar videos. Nos atemorizan», dice Mayra Sánchez, de 27 años, refugiada en una escuela de San Antonio.
Los «colectivos» son grupos armados extraoficiales del régimen de Maduro, que cumplen varias funciones de control de la población. En los refugios de Táchira también capturan a los que escapan o intentan hacerlo.
“Un grupo de personas se amotinó ayer en la tarde. Empezaron a gritar y los colectivos que recorren el terminal con la cara cubierta por pasamontañas negros se les enfrentaron. Se escuchaba que les pegaban. Gritaban mucho», aseguró Sánchez a El Estímulo.
En algunos refugios, como los de San Antonio del Táchira, una de las ciudades más importantes del estado, han mejorado las condiciones. A los retornados se les entregaron colchonetas, alimentos, artículos de higiene e incluso llevaron unas recreadoras para entretener a los niños.
Esto no es así en otras ciudades. Para atender a los casi 6.000 retornados se habilitaron refugios en varias ciudades: San Antonio, Ureña, Rubio, San Cristóbal, Michelena y La Fría.
Entre las últimas horas de la noche y las primeras del martes se realizaron labores de desinfección del puente fronterizo Simón Bolívar. La limpieza se realizó con hipoclorito y fue una medida recomendada por las autoridades de ambos países.
La desinfección fue coordinada por Freddy Bernal, en su papel de representante del gobierno de Maduro en el Táchira.
Los retornados están obligados a cumplir una cuarentena de 14 días y por ello son llevados a los refugios, donde se les hace un examen de despistaje de coronavirus.
Hasta ahora, esa prueba se enviaba a Caracas para ser analizada. Para acelerar el proceso se instaló en Táchira un laboratorio de bioanálisis, con 5 mil pruebas y un equipo experto de bioanalistas capaces de dar el diagnóstico in situ.
«Las pruebas ya no tendrán que ir al Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Serán tratadas directamente en el laboratorio del Táchira. Así se acorta el tiempo de entrega de resultados y, por lo tanto, el de cuarentena», dijo Freddy Bernal, refiriéndose a que las personas cuyos resultados sean negativos para Covid-19 serán trasladados a sus hogares.
El domingo en la mañana se realizaron las primeras 800 pruebas a venezolanos retornados.
Hasta ahora, más de 3 mil pruebas rápidas de detección de Covid-19 se han practicado a personal médico y de apoyo epidemiológico en la frontera.
La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, solicitó al Ministerio de Salud que también envíe pruebas rápidas de despistaje al Hospital Central de San Cristóbal, hospital centinela del estado Táchira para casos de coronavirus.
#14Abr Equipo médico de @Corposalud_tach consideran protocolos quirúrgicos en la contingencia #COVID19 se asignaron guardias de 24horas a epidemiólogos hospitalarios. Solicitamos de manera reiterada al @MPPSalud test de muestra rápida para @HCentralSC centinela de la entidad !!! pic.twitter.com/toHNvltbg1
— Laidy Gomez (@laidygomezf) April 14, 2020
Los retornados entran a Venezuela desde varios puestos fronterizos. Los más utilizados son los de los estados Táchira y Zulia, pero también están intentando entrar por Apure, estado de Los Llanos venezolanos.
La gobernadora Laidy Gómez denunció irregularidades sobre la llegada de personas que entran a Venezuela por otros estados y que, sin embargo, son enviados a Táchira a cumplir con su cuarentena.
En Apure, por otra parte, reportaron incidencias en el ingreso de los retornados a su país. La gobernación colombiana de Arauca lo denunció por redes sociales:
«La Gobernación del Departamento colombiano de Arauca denuncia que la Gobernación de Apure no permite la entrada de venezolanos al país que los vio nacer. ¡Qué tragedia tan grande para estos compatriotas!»
Venezuela arribó el lunes 13 de abril a la quinta semana de cuarentena social y colectiva. Desde hace una semana es obligatorio confinar por 15 días a todos los retornados.
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En los últimos dos días se han reportado apagones de varias horas en todo el país. Entre las zonas más afectadas está la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo y varias comunidades merideñas
"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado
