El diputado Ismael Garcia acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigue al gobernador del estado Aragua y si de esa averiguación se obtienen elemento de convicción, se abra el proceso para un antejuicio de mérito contra El Aissami.
Garcia sustenta su denuncia en los hechos derivados de las declaraciones hechas por Tareck El Aissami, donde señaló que el ex gobernador del estado Aragua Rafael Isea, se habría sumado al programa de testigos protegidos de los Estado Unidos para ofrecer información que podría ser desfavorable al gobierno de Venezuela.
En la denuncia, el diputado por esa misma entidad asegura que El Aissami acusó a Isea de «traidor a la revolución bolivariana» y lo vinculó con presuntos hechos de corrupción y que hizo silencio a petición del fallecido presidente Hugo Chávez.
En el documento entregado en el Ministerio Público, Ismael Garcia señala una supuesta declaración que habría hecho Tareck El Aissami sobre ese silencio ante los ilícitos en los que presuntamente incurrió Rafael Isea: «Quería hacer una grave denuncia. En dos años siempre me callé porque, el comandante Chávez me dijo cuando me envío para aca: estoy sacando a un hijo mío por traidor, no me vayas a fallar tu que eres como otro hijo».
Estas declaraciones las ofreció, según el documento, El Aissami durante una asamblea regional del PSUV, y fueron reflejadas en los distintos medios de comunicación. Lo que significaría para el parlamentario, en un hecho comunicacional, público y notorio.
Ismael García pide a la Fiscalía que cite a declarar a algunos comunicadores sociales, para verificar si estas declaraciones del gobernador de Aragua fueron ciertas. De tales declaraciones se evidencia que Tareck El Aissami, sin lugar a dudas estaba en conocimiento de los hechos de supuesta corrupción que se debieron investigar y lo ocultó, señala el escrito consignado en la Fiscalía.
El exalcalde de la Victoria manifiesta en la denuncia que la confesión de El Aissami conspira contra el patrimonio de la nación y la ley contra la corrupción, en vigencia desde noviembre de 2014, ya que al no denunciar actos de corrupción que afectan los bienes del patrimonio público, es un delito y no investigarlo contribuye con la impunidad, poniendo en riesgo la legitimidad de las instituciones públicas, lo cual atentaría contra la sociedad, el orden moral y la justicia.
Vale destacar que, reza en el Código Orgánico Procesal Penal la obligatoriedad de denuncia para los funcionarios públicos: (Artículo 269) «En los funcionarios públicos, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública».
En el escrito García exige a la Fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar el caso. «Las autoridades venezolanas tienen la obligación de prevenir, sancionar y eliminar las actividades de corrupción, y en especial esta modalidad de corrupción política, ya que la democracia representativa, es condición indispensable para la estabilidad, la paz y por su naturaleza exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
DELITOS DE CORRUPCION NO TIENEN FRONTERAS
En el oficio entregado al Ministerio Público, señala que Venezuela es signataria del «La Convención Interamericana contra la Corrupción» publicada en Gaceta Oficial el 22 de mayo de 1997. Los propositos de esta convención serian promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los Estados partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Por otro lado también busca «promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas».
También apunta a «La Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción», fismada por nuestro país en 2005, donde manifiestan la similitud en la finalidad del mencionado acuerdo.
Finaliza el documento indicando que los hechos señalados en la denuncia, no solo violan la normativa internacional, sino que, al no ser investigados, promueven la impunidad evitando en ocasiones el enjuiciamiento, de acuerdo con el derecho interno, de las personas que participan en la planificación, preparación o comisión de actos de delincuencia transnacional. Indiscutiblemente la conducta desplegada por el gobernador de Aragua Tareck El Aissami, y demás autoridades que conforman el poder público, involucradas en este asunto, deben ser investigadas ya que constituye una continua y grave amenaza para la protección de nuestra soberanía, la democracia y el patrimonio nacional.
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