El "dakazo" llega a los cupos de las universidades

La medida ha sido calificada en las redes sociales como “El Dakazo Académico”, en alusión a la venta general de electrónicos que comenzó con las tiendas Daka a precios de remate por orden del gobierno y que fue clave en el triunfo del oficialismo en las elecciones municipales de diciembre de 2013.

La decisión es ejecutada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) que además promete garantizar el cupo a todos los estudiantes que aprobaron las pruebas internas de las universidades autónomas.

Pero a la vez obliga a las universidades a recibir a todos los bachilleres enviados por este organismo, que hasta ahora sólo controlaba el 30% de los cupos.

El ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, afirmó que la decisión no irrespeta ningún convenio y está contemplada en la Constitución, el Plan de la Patria (la oferta electoral del difunto presidente Hugo Chávez en la campaña presidencial de 2012) y la Ley Orgánica de Educación y la de Universidades.

“Estamos garantizando equidad en el ingreso para favorecer a los que tienen menos sin excluir a los que tienen más”, indicó el ministro, citado por el portal oficialista ultimasnoticias.com.

La OPSU hará un «Registro Único del Estudiante Universitario», que incluirá a las universidades privadas, y los futuros bachilleres tendrán hasta el 7 de junio para cambiar sus opciones de estudio.

El proceso de inscripción será acompañado por la Fiscalía en todo el país y serán distribuidos 580 mil cupos: 340 mil en universidades del Estado y 243 mil en las privadas.

Mientras tanto, los dirigentes de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media presentaron un “recurso de amparo constitucional”, como medida cautelar para “exigirle a los rectores que acepten el nuevo Sistema de Ingreso Nacional”.

Esa demanda tiene el respaldo del gobierno nacional y de la propia Fiscalía, por lo que se prevé que el Tribunal Supremo de Justicia acate la petición sin chistar.

Los rectores de las universidades autónomas han rechazado lo que califican como una usurpación por parte del gobierno y de la Opsu del rol de las universidades y de una tarea de los consejos universitarios.

“El Consejo Nacional de Universidades había aprobado en mayo del 2008 que el 30% de los cupos los asignaba la OPSU y que el 70 % los asignaban los mecanismos alternos de admisión de cada una de las universidades», dijo el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci.

Por su parte, el rector de la UPEL (universidad Pedagógica Experimental Libertador), Raúl López Sayago, recalcó que los procesos de admisión por parte de las universidades se determinaban por mecanismos con criterios científicos.

«La universidad nunca querrá excluir a nadie, lo que buscamos es garantizar que una vez que se hace el ingreso exista la prosecución y el egreso. Nada hacemos con ingresar una masa numérica muy grande si no consideramos eso. No todos pueden ser médicos, no todos pueden ser ingenieros ni docentes», dijo en un declaración pública.

Los rectores afirman que el sistema no tiene capacidad para aceptar a los 181.333 bachilleres admitidos por la OPSU a través del SNI.

El ministro Fernández ha explicado que el nuevo mecanismo de ingresos contempla cuatro variables: a) Índice Académico (50%); b) condiciones socioeconómicas (30%); c) Territorialización (15%) y d) Participación (5%) de los aspirantes a entrar al sistema universitario”.

Hasta ahora el sistema de ingreso solamente tomaba en cuenta dos variables: el Índice Académico, con (97.5%) y «otros» (2.5%).

Esta situación ha creado una paradoja; alumnos con promedio sobre 18 no tienen garantizado un cupo universitario, por el que lucharon duro durante todo el bachillerato.

El ministro insiste en que la nueva forma de “perfeccionar el ingreso” a la universidad fue tomada el 06 de marzo del 2008 “garantizando así una mayor democratización del ingreso, tomando en cuenta diversas variables reales que influyen sobre las oportunidades de estudio para el aspirante”.

El Plan de la Patria, adoptado por el gobierno y la Asamblea Nacional bajo su control, como de obligatorio cumplimiento se propone “Construir una sociedad igualitaria y justa”, “Continuar garantizando el derecho a la educación con calidad y pertinencia, a través del mejoramiento de las condiciones de ingreso, prosecución y egreso del sistema educativo”; “Extender la cobertura de la matrícula escolar a toda la población, con énfasis en las poblaciones excluidas…”, y “Consolidar la democratización del acceso a la educación técnica y universitaria”, incrementando al 100% la inclusión de jóvenes bachilleres al sistema de educación universitaria”.

El educador Leonardo Carvajal, director del post grado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, ve en esta decisión del gobierno una expresión más del totalitarismo.

“Todo gobierno o persona totalitaria quiere controlarlo todo”, dijo este experto con larga trayectoria en la UCV, que coordinó la Asamblea Nacional de Educación y fue presidente del Consejo Nacional de Educación.

Observa que el compartimiento de los cupos entre las universidades y la OPSU buscaba mayor equidad por ejemplo entre las oportunidades de un estudiante Altamira, en Caracas, y uno de Tucupita, Delta Amacuro.

Un muchacho pobre del interior no tiene recurso para desplazarse a presentar pruebas en varias universidades del país, por lo que el mecanismo de la Opsu de un día nacional para las pruebas suponía darle más oportunidades. En los últimos años había una desviación exagerada porque las universidades fueron dejando menos cupos a la Opsu.

“Pero no se debe ser ni tan calvo ni con dos pelucas. Ahora estos señores del gobierno quieren el 100 por ciento de los cupos, una apetencia típica de un régimen totalitario”, afirmó Carvajal para quien “lo lógico” es que se asignara 50% de los cupos a través de cada mecanismo, el de pruebas internas y el de Opsu, para mantener el factor equitativo y el mertocrático.

Pero los del gobierno están cometiendo dos barbaridades: mandando muchos más estudiantes que los cupos que las universidades habían ofertado.

Y si las universidades lo niegan recurren a una demanda ante el TSJ y a marchas y movilizaciones en contra de las universidades.

De esta manera el gobierno se coloca «de forma demagógica de lado de los estudiantes ´pobrecitos´ a quienes no dejan entrar en la universidad», ironizó.

La UCV ha sido una de las universidades más exigentes para el ingreso, pero donde ha entrado muchísima gente de todos los sectores sociales, acotó.

Inclusive a finales de los años 70 “la Juana de Arco del chavismo», Lina Ron obtuvo cupo en la facultad de Medicina de la UCV y estudió algunos semestres, destacó.

“El gobierno está buscando pescar en río revuelto”, dijo al destacar que podrían regresar esos comités de bachilleres sin cupo, de los años 70 y 80, pero esta vez el argumento será que las universidades niegan cupos que el gobierno ha asignado, mientras las universidades no tienen condiciones ni físicamente ni presupuestariamente para aceptar esos nuevos estudiantes.

La UCV está estacionada desde hace 20 o 30 años en una matricula total promedio de 50 mil estudiantes en pregrado y no tiene presupuesto para la contratación de nuevos profesores y están «en un callejón sin salida».

El gobierno podría decirles que en vez de admitir a 100 admitan a 250. “Es populismo de meter a todos en las mejores universidades, coparlas, abarrotarlas… Hay un patrón que se ha ido estableciendo”.

«Están jugando a que haya algunas escaramuzas y choques entre estudiantes», alertó Carvajal . “Están usando a los estudiantes como carne de cañón contra las autoridades universitarias que por cierto tiene sus períodos vencidos y tampoco los dejan hacer elecciones”.

“Es un buen teatro para una época electoral. Se está echando al cesto de la basura la meritocracia y la autonomía” de las universidades, señaló.

Las pruebas de admisión, señaló, no son una cuchilla que elimine aspirantes, sino que tienen un valor predictivo para saber quienes tienes las mejores condiciones de entrada a las carreras y quienes podrán culminarlas exitosamente.

Sobre la demanda contra las universidades por este caso, señaló que la decisión del árbitro (el TSJ) ya está cantada.

El ministro Manuel Fernández, expresó que su Gobierno acompañará a los estudiantes en su proceso de ingreso a la universidades.

«El Gobierno Bolivariano no los va a dejar solos en su ingreso a las instituciones, es nuestro compromiso», señaló, en Twitter.

Mientras el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor Toro, calificó en una reciente columna como “Dakazo académico” lo que ha hecho el gobierno con los cupos de las universidades.

“Es una inmoralidad hacer demagogia electoral con el cupo de los aspirantes a ingresar a las universidades”, escribió.

“Las supuestas acciones positivas del Gobierno (masificación estudiantil, equidad en el ingreso) no están motivadas en el derecho al estudio, ni en la solución del problema del cupo ni para atender los intereses del país, sino por la obtención de unos votos para las próximas elecciones de diputados”, agregó.

“La masificación estudiantil, al aumentar los estudiantes sin garantizarles calidad, pasa a ser una estafa a los masificados, sus familiares y a todo el país. Cosa opuesta hubiera sido el incremento en el número de cursantes acompañado de acciones que garantizaran estudios de calidad. La equidad en el ingreso, entendida como la admisión de los pobres por el hecho de ser pobres, es un exabrupto gigantesco, propio de ignorantes, y un fraude bestial”, señaló.

De nada sirve que ingresen si no tienen los conocimientos requeridos, pues fracasarán frente a las exigencias del sistema. Alegría transitoria hoy y tristeza permanente mañana.

«El criterio de ingreso universitario no puede ser la pobreza ni el lugar de nacimiento. No se entra a la universidad por ser pobre o rico o por vivir en Caja Seca o en La Lagunita, sino por tener las aptitudes y conocimientos necesarios para ser exitoso. Garantizar la equidad sería tener una educación que lleve a todos los bachilleres, pobres y ricos», agregó.