Venezuela

Indígenas en pie de guerra contra "mafias de la gasolina", mineros y traficantes

Cuando los aborígenes liberaron al teniente coronel Giordani, el vice ministro del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la ministra para los pueblos indígenas, Aloha Núñez, firmaron un acuerdo que no han cumplido. Los problemas que aquejaban a las comunidades en ese momento, siguen siendo los mismos: combustible y minería ilegal.

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Fotografías de Andrea Hernández

Un grupo de  indígenas del sur del país viajó hasta Caracas para denunciar que las «mafias de la gasolina», la minería ilegal y los abusos de militares siguen hostigando a sus comunidades, pese a las falsas promesas del Gobierno, por lo que se dicen dispuestos a emprender acciones más drásticas, tras la reciente detención a punta de arcos y flechas de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El 18 de febrero los Guerreros Ye’kwana retuvieron a una comisión liderada por el teniente coronel Gianfranco Giordani Leal en el campamento Joti en el sur del estado Bolívar. Exigían la presencia de las autoridades.

Dos días después, la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, y el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Gabriel Oviedo Colmenares buscaron a Giordani en la selva amazónica.

Firmaron un documento en el que acordaron cuatro puntos: la remoción del teniente coronel; la suspensión de dos alcabalas que controlan el camino hasta las comunidades de la cuenca Caura; la erradicación de la minería; y la normalización del despacho de combustible.

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Las comunidades indígenas usan el combustible para moverse en los ríos con barcazas a motor. Una vez al mes cada «usuario» retira los litros que le corresponden. Sin embargo, desde que el teniente coronel Giordani está encargado de ese comando, no se reparte lo que le toca a cada uno.

«El contrabando de combustible, como fenómeno social y financiero, se parece mucho al narcotráfico», escribe Sinar Alvarado para Prodavinci. Asimismo, establece las semejanzas entre las dos actividades ilegales:

«Ambos se lucran moviendo mercancías de rentabilidad exponencial (…) ambos, por supuesto, lubrican sus maquinarias con el soborno y reciben de las autoridades una colaboración inestimable».

Los locales dan por hecho la complicidad de la GNB con los contrabandistas; sin embargo, es difícil comprobarlo,  como evidencia un texto de BBC Mundo.

Impelable

En Venezuela la gasolina cuesta 0,0083 dólares el litro -calculado al tipo de cambio de 12 bolívares por dólar-, y en Brasil cuesta 1,4 dólares el litro. Esta diferencia fomenta el contrabando. Algunos compran el combustible en Venezuela y lo venden en Brasil.

Cortés aseguró que la Guardia Nacional no es el responsable directo en el contrabando del combustible. Sin embargo, aclaró que «lo hacen por terceras vías». «Eso me lo dijo la gente que los ha visto. El teniente coronel Giordani parece estar implicado«.

“Los militares controlan el despacho del combustible”, explica el presidente de la Organización Indígena de la Cuenca Caura Kuyujani, Magdaleno Cortés. Asimismo, conjetura sobre las razones por las cuales desde que comenzó la gestión de Giordani no se distribuyen bien los litros de gasolina:

“No conocen la realidad de las comunidades. Y además nos discriminan”.

Retención contra voluntad

Cortés contó cómo el militar quedó bajo la custodia de los Guerreros Ye’kwana. Antes del evento, solicitaron dos reuniones con Giordani y no se presentó. El 18 de febrero, el teniente coronel fue al campamento Joti en el sector del Salto Para e incendió unos materiales de construcción que le pertenecían a la comunidad responsable del lugar.

Su excusa para actuar así fue que ese terreno estaba abandonado y nadie se estaba haciendo cargo de este. “Él no tenía intenciones de solucionar esto”, comentó Cortés.

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Otra irregularidad que afecta a los aborígenes es la minería. Ye’kwana y Sanema son zonas protegidas –o Abrae (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial). A pesar de que cuatro alcabalas de la Guardia Nacional controlan la carretera que conecta la cuenca de Caura con el resto de Venezuela, los mineros trafican oro y diamantes.

Menos alcabalas, por favor

Como las comunidades indígenas están en tensión con los militares de la zona, una de las peticiones es que remuevan por lo menos dos de las alcabalas. “Igual el trabajo que deberían estar haciendo [el de controlar la minería ilegal] no lo hacen”, aseguró el presidente de la organización indígena. A los mineros sí les venden gasolina.

Cortés afirmó que un grupo pequeño de indígenas de la comunidad Ye’kwana están involucrados en actividades de la minería ilegal.

El líder de la organización de aborígenes viajó desde su comunidad en el sur de Bolívar hasta Caracas para presentarle un documento al defensor del pueblo, Tareck William Saab. Lo acompañó Saúl López, otro integrante de la comunidad Ye’kwana.

No es la primera vez que hacen este recorrido, hace una semana tenían pautada una reunión con la ministra para los pueblos indígenas, pero no asistió. Llegaron a Caracas el 13 de marzo para discutir de nuevo el acuerdo al que se llegó cuando liberaron a Giordani y para exigir respuestas.

El documento se quedó en la recepción

El documento que entregaron el 24 de marzo en la Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades que cumplan con el acuerdo que firmaron. Asimismo, señala que si no lo hacen, tomarán “medidas más drásticas y contundentes”. El texto lo recibió un recepcionista. Saab no estaba disponible para recibirlos.

Si bien, las comunidades aborígenes del sur de Venezuela simpatizan –la mayoría- con el Gobierno, suelen anteponer sus intereses:

“Sí apoyamos al Gobierno, pero con cuestiones de las comunidades vamos con los nuestros”.

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