El caso de la Universidad Simón Bolívar es el más dramático.
La OPSU copó la totalidad de las plazas. El organismo dio ingreso a 2.042 estudiantes, el número de nuevos ingresos que planificó la institución para este año.
En la asamblea convocada por la Asociación de Profesores de la USB (Apusb), el vicerrector académico Rafael Escalona informó que el Consejo Permanente de Admisiones, integrado por Decanatos, Asesoría Jurídica, Dirección de Admisión y Control de Estudios, Representantes Estudiantiles y Vicerrectorado Académico, recomendará al Consejo Directivo extraordinario de esta tarde que “la Universidad continúe con el proceso de admisión e inscriba a los admitidos por prueba interna”.
Asimismo, sugerirá solicitar a la Opsu que explique por cuáles razones, “sin discusión ni acuerdos en el CNU, decidió de manera arbitraria asignar 100% de los cupos en la USB”.
Escalona afirmó que la Simón Bolívar no tiene las condiciones de recursos humanos, infraestructura ni servicios para recibir como estudiantes de nuevo ingreso a 4.000 jóvenes (sumando los admitidos por proceso interno más los asignados por Opsu).
En este sentido, la profesora Gloria Buendía dijo que más allá de las carencias financieras, la USB se enfrenta a la escasez de recurso humano. “La realidad es que no tenemos personal suficiente, los cargos académicos que se ofertan quedan vacantes porque no podemos contratar los profesores con la formación requerida que necesitamos para dar una educación de calidad, no los hay”.
Por su parte, la profesora Josefina Flórez expresó que es necesario que la Opsu aclare cómo aplicó los criterios con los cuales asignó a los estudiantes por el Sistema Nacional de Ingreso, mientras que el profesor Rodrigo Medina indicó que la decisión de la Opsu es “ilegal, puesto que no es un órgano competente para decidir sobre la admisión, e inconstitucional porque los criterios utilizados para asignar a los estudiantes son discriminatorios, y eso viola la Carta Magna”.
