Carmen Figueroa, presidenta del Colegio de Bioanalistas de la entidad, aseguró que la situación es sumamente delicada, por cuanto los pacientes son quienes sufren las consecuencias de la falta de políticas adecuadas en materia de salud.
Puso como ejemplo que una prueba de glicemia que antes costaba 50 bolívares, ahora puede sobrepasar los 300 bolívares. Indicó que son pocos los que pueden pagar las pruebas de laboratorio a los precios que se ven obligados a fijar por el alto valor de los kits de reactivos.
Figueroa señaló que la Ley de Precios Justos los obliga a tener un 30% de ganancias, lo que escapa de las manos de los bioanalistas, quienes compran los reactivos a las empresas que reciben las divisas para las importaciones, reportó El Sol de Margarita.
Ante esa presión, prefieren dejar de adquirir los reactivos a tan altos costos, para evitar la experiencia de tener que reflejarlos en los precios a los pacientes y poder recuperar la inversión.
Subrayó que los laboratorios pequeños no tienen cómo trabajar y están dejando de hacer muchas de las pruebas por la inexistencia de esos químicos; otros laboratorios tienen poca existencia de reactivos y al agotarlos no pueden reponerlos, debido al problema de los costos.
“Es imposible sostener una nómina y mantener, tanto los equipos como la infraestructura, en medio de una situación económica como la que estamos viviendo los bioanalistas y en general la mayoría de los profesionales ligados al sector salud”, remarcó Figueroa.
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