Con jubilaciones anticipadas el chavismo busca salvar su control sobre el Tribunal Supremo

Los abogados Luis Alfonso Herrera Orellana y Juan Manuel Raffalli rechazaron este viernes el anuncio de jubilaciones anticipadas de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Afirmaron que el Gobierno busca asegurarse la fidelidad incondicional de la Sala Constitucional del TSJ a través de la actual Asamblea Nacional (AN), donde todavía el chavismo es mayoría. De esta forma buscan limitar los poderes del poder legislativo que resulte de las cruciales elecciones del 6 de diciembre, donde según todas las encuestas la oposición puede ganar de forma holgada.

«Estamos en presencia de una evidencia muy clara de lo que es el terror electoral», afirmó Raffalli durante una entrevista con César Miguel Rondón en Circuito Éxitos.

El abogado aseguró que la oposición posee actualmente «una mayoría muy clara» y que, por tal motivo, esto implicará un cambio político en el país.

«La estrategia pareciera ser tratar de mover las piezas a último momento para asegurarse una estabilidad gubernamental a través del Poder Judicial y, concretamente, a través de la Sala Constitucional. Este terror electoral los ha llevado a este disparate», sostuvo Raffalli.

El abogado constitucionalista precisó que el actual Parlamento va a sesionar hasta el 15 de diciembre de este año, lo que va a hacer que proceda «apresuradamente» a ejercer una serie de competencias.

«No entendemos cómo, a la carrera, se va a consumar todo el procedimiento de presentación de credenciales ante el Comité de Postulaciones Judiciales, pre-selección, designación y finalmente la juramentación de los nuevos magistrados», indicó.

Este proceso debe ocurrir 10 días hábiles después del nombramiento.

«Esto pudiera llevar al absurdo de que esta Asamblea Nacional designe a los nuevos magistrados y que quien la juramente sea el próximo», señaló Raffalli al tiempo que calificó este hecho de «atropello».

Aseguró que lo que se quiere con esta decisión es «vaciar de competencias o dejar en el aire» esa potestad constitucional de la AN de elegir magistrados: «El camino que han elegido es la jubilación», aunque el período de esos magistrados se vence es en 2016.

Raffalli también indicó que los períodos se vencen el año que viene y afirmó que ahí es donde está el problema.

«Antes de que se venza el periodo constitucional el año que viene, están generando lo que se llama una falta absoluta por vía de la jubilación (…) Esto que está pasando es anormal. En ninguna parte del mundo se puede creer que se pueda salir con este pisa y corre», dijo.

Sostuvo que Venezuela está en este momento en el «ojo de la observación internacional», y ratificó que esta «designación apresurada» de magistrados va a ser «muy mal vista» por organismos internacionales. Agregó que, «con más razón» debe haber una masiva concurrencia para salir a votar el próximo 6 de diciembre.

Sala «alineada» al Gobierno

Por su parte, el abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Alfonso Herrera Orellana, autor del libro «TSJ al servicio de la revolución» , aseguró que a buena parte de estos magistrados, sobre todo los de la Sala Constitucional, se les está por cumplir el periodo de 12 años por el cual fueron designados en el 2004.

Recordó que ese año se aprobó la primera Ley Orgánica del TSJ y se aumentó el número de magistrados.

«Esos magistrados que ahora  están pidiendo la jubilación, supuestamente de manera voluntaria, fueron designados por esa Asamblea Nacional para ocupar el cargo por 12 años», dijo Herrera.

Afirmó que es «muy importante» para el gobierno y para el Poder Legislativo, que la Sala Constitucional esté «alineada» con el actual proyecto político, dijo el experto. 

«Esa sala controla la totalidad de los actos que dicta el Estado (…) El control de esa sala es el objetivo más importante dentro de todo el Poder Judicial», aclaró este ex relator de la Sala Constitucional del TSJ (entre 2001 y 2005).