Ante el juez de funciones de control numero 2 del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, extensión Tucacas, el fiscal del Ministerio Público y los abogados de la defensoría pública que representan a otros de los detenidos, Prato explicó que en el centro de reclusión la han forzado a comer espagueti con gusanos y comida en descomposición, tras días en los que no le dan nada de comer. Explicó que necesita que le llevan comida, pero en el anexo femenino de la penitenciaria no permiten el ingreso de comida.
Su abogado defensor, Luis Armando Betancourt, explicó que «Joselyn ha perdido varios kilos, es evidente que pasa hambre». Asimismo explicó que todavía tiene el pómulo y ojo morado, producto de un golpe que le dieron el día de su detención. Joselyn también sufrió una fractura en el brazo ese día y aún presenta sangrados por el recto, por la golpiza que recibió durante la detención. «No ha recibido atención médica”, denuncia abogado de Foro Penal.
Por su parte, Joan Prato, hermano de Joselyn, declaró tener problemas respiratorios y que necesita ir a un neumonólogo. También manifestó temor por su vida, pues ha sido invitado por otros reclusos ha armarse con un cuchillo, en caso de que necesite defenderse. «Él dijo que se siente amenazado. Otros presos le dijeron que peleara con un cuchillo y él dijo que él no sabía de cuchillo sino estudiar, porque él es estudiante», refirió Betancourt.
La audiencia preliminar de los hermanos Prato debió haberse celebrado este miércoles 21 de octubre pero no se realizó por falta de convocatoria a la ministra, el viceministro y el presidente del Instituto Nacional de Inparques. Sin embargo, Joselyn pidió el derecho de palabra y relató estas humillaciones. En ese sentido, Betancourt acusa: «No podemos callar ante este atropello y todas las denuncias que ella hizo en ese momento».
De los cinco detenidos, solo quedan los hermanos en prisión. Los otros detenidos: Gean Certo, Carlos Arellano y Yolmer Roa, con defensores públicos, ya fueron puestos en libertad. Betancourt explicó que «no existe una justificación jurídica para que estas personas estén recluidas», pues los delitos que se le imputan no exceden de una pena de 8 años por lo que ellos deberían ser juzgados en libertad.
Cuestionó que solo quienes tenían defensores públicos fuesen liberados, y sugirió que se pudiera tratar de una represalia contra el Foro Penal venezolano. «No puede haber retaliación, ni discriminación. El derecho a la igualdad es para todos los venezolanos y la salud está primero que cualquier cosa».
