Este martes, en sesión ordinaria, la bancada revolucionaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para rechazar la paralización de clases que, desde hace tres años, las autoridades de las universidades autónomas mantienen de forma intermitente
El acuerdo aprobado por el órgano legislativo hace énfasis en que las universidades deben dedicarse a promover el debate y el estudio sobre la situación económica que enfrenta el país, para proponer soluciones desde la academia.
El proyecto también sugiere al Gobierno nacional nombrar una comisión de juristas para introducir una demanda contra los representantes de las universidades en paro por perjuicio al Estado, así como “tomar las medidas necesarias ante el ministerio del Proceso Social del Trabajo” y realizar una auditoría a las instituciones paralizadas para analizar el uso de los recursos que el Estado ha entregado y la cancelación de sueldos a personas que no han trabajado.
Diputados opositores como Miguel Pizarro y Carlos Ramos insistieron con el argumento de que el Gobierno Bolivariano amenaza la autonomía de estas universidades y pidieron que se escuche a las facciones en paro.
Desde la sede del Poder Legislativo el diputado Guido Ochoa ratificó “el compromiso del Gobierno nacional para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes”. De igual forma, el diputado Hugbel Roa apoyó el acuerdo aprobado y detalló que “las autoridades rectorales se han amparado en la autonomía para paralizar las clases y cercenar el derecho a la educación de miles de estudiantes universitarios”, detalló.
Las asfixiaron y ahora les echarán mano. Acuerdo que abre las puertas a la intervención de universidades autonomas pic.twitter.com/1fCehD5vjZ
— VVSincensura (@VVperiodistas) noviembre 4, 2015
La "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" fue presentada por Delcy Rodríguez, quien explicó que consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Entre las prohibiciones del capítulo dos se incluyó "la constitución de organizaciones sociales o con fines políticos que se fundamenten en el fascismo" y también un apartado especial para regular redes sociales
"Consulta Popular" del proyecto de Ley que fiscaliza y regula la actividad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela arrancó este viernes con énfasis en presunciones de que estas entidades sirven para financiar a partidos políticos opositores, reciben fondos del imperialismo, lavan dinero y son una amenaza para el sistema.
Sin incidencia en las decisiones reales, sin capacidad de dictar leyes que se vayan a ejecutar realmente y sin sentido político de la oportunidad, al menos, para estar presentes en los debates de fondo del país, esta Asamblea Nacional-2015 es una triste entelequia