Frontera cerrada: un costo social difícil de calcular

Juan era un hombre trabajador, hogareño y responsable. Le gustaba el vallenato y en la camioneta que transportaba pasajeros desde San Antonio hasta San Cristóbal, siempre iba escuchando esa música colombiana. Este chofer, de 37 años, decidió poner fin a su vida tras no soportar la crisis económica en la que se fue sumergiendo luego que Nicolás Maduro, ordenara el 19 de agosto de 2015 el cierre indefinido del paso binacional.

Quienes conocieron al profesional del transporte certifican que su carrera se vino en picada desde el cierre de la frontera, “los pasajeros cada vez eran menos. La camioneta le empezó a fallar, se le dañaron la batería y los cauchos y para reponerlos tuvo que pedir plata prestada y mandarlos a traer de Cúcuta”.

“Hace dos meses la camioneta se le daño, se recalentaba y la tuvo que parar. Los pocos ahorros se acabaron y no tenía como cubrir los gastos de la familia, empezó a enfermarse, a deprimirse (…) nadie lo pudo sacar de ahí. Al final lo encontraron sin vida en la casa”, contó a El Estímulo, uno de sus conocidos.

-La crisis traspasó lo económico-

Los nueve meses del cierre de la frontera colombo-venezolana ha trascendido de los costos monetarios y se ha convertido más en un problema social que económico.

“Las perdidas económicas se recuperan trabajando mucho más, en cambio el costo social padecido por la masa laboral y por las familias de la zona, sobrepasa cualquier estimación que se pretenda hacer”, explicó Vladimir Tovar, coordinador de asuntos fronterizos y comercio exterior de Fedecámaras Táchira.

Pretender dar cifras al cierre fronterizo, añadió Tovar, es inútil porque cualquier valor sería insignificante al costo del estado emocional que está representando no tener trabajo, ni poder cumplir con las necesidades básicas propias y las de una familia.

José Rozo, ex presidente de Fedecámaras Táchira, aseveró que la frontera entre los municipios Bolívar, Pedro María Ureña y Norte de Santander, “está agonizando y muriendo de mengua”.

Entre San Antonio y Ureña está ubicado el 52% del parque industrial de todo el estado Táchira, de los cuales un 80% ha tenido que cerrar sus puertas, dejando 15.000 desempleados, precisó Rozo.

“Una empresa de la zona, con una nómina mayor a los 100 trabajadores en planta, en su mejor momento llego a producir 90.000 bluejeans al mes. Hoy solo tienen 6 trabajadores y produce 5.000 piezas al mes. Esto nos da una imagen de lo que ha sido el duro impacto del cierre de la frontera”, aseguró.

En las poblaciones fronterizas el panorama es sombrío, las calles desoladas dan cuenta de la crisis que atraviesan sus habitantes. Lo que se observa a cada paso es la marcada presencia en las aceras de improvisadas mesas con ventas de mercancía informal.

Las personas que se quedaron sin empleo construyen estos medios de vida y otros llevan contrabando de cualquier tipo hacia Colombia, dijo el ex presidente de Fedecámaras.

“La situación económica y social en la zona es crítica. Los más altos índices de consultas médicas en San Antonio, se dan por ansiedad, depresión, miedo y angustias. Hay gente que ha muerto producto de la depresión crónica”, comentó José Rozo.

-Criminalidad avanza a pesar del estado de excepción-

Con el cierre de los puentes internacionales ha aumentado en las localidades fronterizas el desabastecimiento de productos e insumos básicos, hay escasez, corrupción, delincuencia y la pobreza es inocultable.

Esos problemas habían sido los argumentos para que el presidente Nicolás Maduro ordenara hace nueve meses decretar un estado de excepción en los puntos fronterizos que ordenó cerrar con militares.

Al no existir fuentes de empleo, la gente busca alternativas para generar ingresos, sin importar los medios y las consecuencias.

La subsistencia diaria se ha convertido en la prioridad, denunció Alejandro García, alcalde de Ureña, localidad ubicada a escasos 8 kilómetros de ciudad colombiana de Cúcuta.

De acuerdo a García, cerca de 200 empresas que traen repuestos, maquinaria y auto piezas usadas desde Europa y Estados Unidos, se encuentran cerradas en el municipio Pedro María Ureña desde hace dos meses, por orden de los grupos delictivos que operan en la frontera.

“Los dueños de los negocios no pueden abrir sus puertas, ni vender un tornillo porque los extorsionan, lo que les piden asciende a 300 millones de peso, unos 100 millones de bolívares”, precisó el alcalde quien agregó que similar situación enfrentan los establecimiento donde se juega pool o billar, a los que le están exigiendo una moto nueva como parte de la popular “vacuna” (extorsión).

-¿Se ha reducido el contrabando?-

El mercado colombiano permanece inundado de productos de la cesta básica nacional, denunció el alcalde fronterizo quien señaló que la gasolina venezolana, acapara el mercado cucuteño.

La oferta y la demanda controlan el negocio del combustible, a tal punto que una “pimpina” (recipiente de almacenamiento) de 20 litros de gasolina se vende al otro lado de la frontera entre 15 y 20 mil pesos, unos 4.500 a 5.500 bolívares, precisó

Anteriormente, el mismo recipiente se cotizaba en 40 mil pesos (unos 12.120 bolívares al tipo de cambio paralelo) pero desde hace tres meses para acá el incremento en las colas en las estaciones de servicio venezolanas dan cuenta del aumento del contrabando.

“¿Mi pregunta es, por dónde está pasando la gasolina si todas las trochas están militarizadas? Pues está pasando con la complacencia de quienes están encargados de que eso no suceda”, dijo García.

Si el cierre de la frontera se prolonga unos días más, el caos será total, advirtió. Hay un aparato productivo paralizado de proporciones importantes y “lo único que avanza es la criminalidad y la delincuencia en sus distintas modalidades”, puntualizó la autoridad fronteriza.

-El juego se trancó-

La desesperanza e incertidumbre son parte de la vida del ciudadano fronterizo que siente la medida gubernamental golpeó a una zona catalogada de pujante y progresista. Conocida en sus mejores tiempos como la frontera más activa de Latinoamérica.

“Una década atrás el intercambio comercial que se manejaba entre San Antonio y Ureña, alcanzó los 7.000 millones de dólares anuales, ahora estamos en 0. Los sectores de transporte internacional de carga, aduaneros, depósitos y operadores cambiarios, están paralizados desde el 19 de agosto de 2015”, explicó Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira.

Para Castillo, cuando el gobernador de Táchira José Gregorio Vielma Mora, habla de “capacidad exportadora en la región”, se generan sentimientos encontrados porque de 6.500 industrias registradas entre la Cámara de Comercio de San Antonio y la Oficina de Tributos Internos Municipales, se puede evidenciar que las dos empresas, que según el mandatario regional se encuentran exportando, no corresponde a una cifra significativa para todas las industrias de en la zona.

“Desde el cierre de los puentes internacionales un importante número de empresas que hacia vida entre San Antonio y Ureña, se han ido al Norte de Santander, Colombia en donde al empresario bien sea nacional o extranjero (venezolano) le han abierto las puertas y facilitado el acceso a la banca y a los demás organismos donde tienen que acudir para establecer su empresa en Colombia”.

De acuerdo a la representante de Cámara de Comercio, será muy difícil el retorno a territorio venezolano de quienes ya decidieron marcharse e iniciar sus negocios en otras latitudes, teniendo en cuenta que hay muchas trabas y trámites para establecer una empresa en Venezuela.

Estimó que el 70% del sector comercial en la frontera tachirense está cerrado. Dijo que de cinco comercios establecidos legalmente que existen en una cuadra, solo dos permanecen abiertos y los atiende el mismo dueño y no tienen empleados porque no les resulta rentable.

“Los empresarios y comerciantes que acuden a la Cámara de Comercio han manifestado, no a modo de denuncia sino de comentario los cobros de vacuna. No lo han comentado dos o tres solamente, sino gran cantidad de ellos. La inseguridad toca a todos los habitantes de la frontera, incluyendo al ciudadano de a pie”, comentó la dirigente gremial.

-Caminan de la mano el bien y el mal-

Jorge Valenzuela es comerciante y habitante de San Antonio. Afirma que en la frontera se han vivido épocas buenas y malas, pero ninguna como la actual en donde un 80% de los establecimientos ha tenido que cerrar.

El crecimiento económico de la zona que la llevo a ser referencia nacional e internacional por la venta de línea blanca y otra diversidad de productos ha desaparecido, recordó.

Catalogó el comerciante, al “bachaqueo” y a la inseguridad como dos fenómenos que han ido en aumento con el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia.

“El boleteo y la extorsión siguen existiendo en la frontera solo que ha cambiado la manera de ejecutarlo. Aquí en la zona el bien y el mal caminan de la mano y la gente no se atreve a denunciar. Se dicen cosas, la institucionalidad está infiltrada. Aquí se le tiene más miedo al policía que al malandro (…) Hay mucho miedo entre los pobladores”.

El desabastecimiento que se lo achacaban al contrabando, el paramilitarismo y la presencia de grupos irregulares provenientes de Colombia, fueron las causas para el cierre inconstitucional y esas mismas causas, aún persisten señaló Valenzuela

“La presencia de grupos irregulares cada vez es mayor. Hay gente desaparecida en San Antonio y Ureña, incluso militares. Aquí cada vez se torna más desesperante la situación”, apuntó.