En una jugada de última hora, la Sala Constitucional libraría a los aliados del oficialista Polo Patriótico de la obligación de tener que registrarse nuevamente ante el CNE. La oposición advierte sobre un duro golpe contra la posibilidad de alcanzar una salida electoral a la crisis.
¿Qué ordenó la Sala Constitucional al Tribunal Supremo de Justicia? Al parecer, ni siquiera el rector Luis Emilio Rondón lo comprende.
“No está claro qué pretende la Sala Constitucional con esta nueva decisión”, admite Vicente Bello, dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) y representante de la Unidad Democrática ante el ente comicial.
La confusión tiene su origen en el último auto dictado este martes 24 de mayo por la Sala Constitucional del TSJ, mediante el cual solicita al CNE que determine “cuáles de los 62 partidos (…) no han participado en los dos últimos eventos electorales” y, por consiguiente, deberán someterse a un nuevo proceso de registro.
La autoproclamada «máxima intérprete de la Carta Magna» sentenció el 5 de enero que las organizaciones políticas que obtuvieron menos del 1% de los votos, o que no presentaron su tarjeta en los comicios parlamentarios, estaban obligados a inscribirse otra vez para mantenerse con vida. Además, el fallo prohibió la figura de la “doble militancia”, es decir, que una misma persona no podría firmar por partidos diferentes para facilitar su legalización.
La decisión afectó, por igual, a los integrantes del Gran Polo Patriótico –salvo al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- y a todos los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que el 6 de diciembre se despojaron de sus símbolos propios y compitieron agarrados de la “manito”. El razonamiento legal estuvo a cargo del magistrado de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, antiguo diputado del PSUV.
El exalcalde metropolitano de Caracas y líder de Redes, Juan Barreto, cuestionó públicamente aquella resolución del Tribunal Supremo de Justicia, acusándolo de “ilegalizar” a la mayoría de los partidos del país, “solapando funciones del CNE” y “creando condiciones casi que imposibles para que funcione la democracia”.
“Los 62 partidos que conformar el espectro político nacional desde la ultraderecha hasta los sectores de la izquierda no tienen ninguna legalidad, tienen que ir a recoger firmas, luego la gente tiene que ir a poner sus huellas, un mecanismo regresivo que vulnera derechos individuales y colectivos, además que obliga a los partidos a que cumplan con normas que no necesariamente están dentro de sus estatutos (…) de modo que el Tribunal Supremo de Justicia se mete hasta en el cuarto, en la habitación, en la vida íntima de los partidos políticos”, se quejó Barreto, en declaraciones ofrecidas en Globovisión el 5 de abril.
Dando continuidad a aquel dictamen, ahora la Sala Constitucional demanda al CNE que identifique cuáles serán las organizaciones que tendrán que registrarse.
“No está claro si la Sala Constitucional está intentando tutelar al CNE, que es un poder autónomo. En realidad, la Sala Constitucional está yendo mucho más allá de sus competencias, buscando las formas de inhabilitar a los partidos de oposición”, denuncia Bello.
La ambigüedad del texto no permite precisar si en esta oportunidad, los magistrados buscan salvar a las organizaciones chavistas y solo “condenar” a los militantes de la Unidad. ¿La razón? En el auto se exige al ente comicial definir quiénes “no han participado en los dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivamente”, sin hacer el mismo énfasis en el caso de aquellos que no lograron sumar el equivalente al 1% de los votos.
Bello informa que conversó con el rector Rondón sobre este asunto. “Él tampoco lo tenía claro y cree que el CNE es el que debe interpretar los alcances de esta comunicación del TSJ”, apunta el delegado electoral de la Unidad Democrática.
El portavoz de UNT tampoco entiende a qué se refiere la Sala Constitucional cuando toma como referencia los “dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivamente”. A su juicio, debería mencionar explícitamente las dos últimas elecciones de la Asamblea Nacional -2010 y 2015. En 2010, los partidos opositores se midieron cada uno con su respectiva tarjeta.
“El Gobierno debe definir qué pretende. Si quiere facilitar la participación política para promover una salida electoral a la crisis, en poco ayuda la Sala Constitucional cuando dificulta la vigencia de los partidos”, alerta Bello.
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