Cofavic insta al Estado a investigar muertes durante protestas
La organización no gubernamental hizo un llamado al Estado y a la sociedad civil para que los hechos del Caracazo no se repitan nunca más en nuestro país.
Venezuela
El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) ve con profunda preocupación que en el país se incremente cada día el descontento social, por una serie de causas estructurales y coyunturales que no son atendidas de forma eficiente por el Estado venezolano.
«La frustración y la rabia en amplios sectores de la población no pueden seguir siendo minimizados ni desatendidos y mucho menos enfrentados con represión y profundizando la intolerancia política», señaló a través de un comunicado.
Cofavic hizo un llamado al Estado venezolano y a la sociedad para que los hechos del Caracazo no se repitan nunca más en nuestro país.
«Los hechos del Caracazo deberían estar presentes en la memoria histórica de nuestras autoridades y hacer todo su mejor empeño para evitar que se vuelva a repetir en nuestro país una situación tan grave que dejó enlutados a centenares de hogares venezolanos».
La organización precisó que el país atraviesa una grave crisis que debe ser atendida sin dilaciones y agregó que hoy en día hay miles de armas ilegales en manos de la población, bandas organizadas y grupos armados civiles que representan un claro debilitamiento del Estado de Derecho.
«El Estado no puede seguir manteniéndose a espaldas de esa situación y todos los factores políticos del país deberían procurar alcanzar entendimientos mínimos que impidan más sufrimiento de nuestro pueblo y las posibilidades de situaciones impredecibles de violencia y de dolor para todos».
Exhorto al Estado
Cofavic instó al Estado venezolano a investigar de manera independiente y exhaustiva los crímenes que se han cometido en el marco de manifestaciones públicas, entre ellos los de: Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años; José Antonio Tovar, de 21 años y Luis Josmel Fuentes, de 21 años.
También pidió derogar el Decreto número 2.323, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.227, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dado que el mismo no establece de manera específica las garantías restringidas, lo cual deriva en una suspensión general e inconstitucional de todos los derechos humanos y las garantías previstas en la Constitución.
Asimismo, la ONG exhortó a dar cumplimiento efectivo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de agosto de 2002, en relación con la adecuación de los mecanismos de Control de Orden público a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de nuestra Constitución.
«El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas».
A través del comunicado, exhortó al Estado a tomar las medidas de carácter humanitario imprescindibles para disminuir los niveles de desabastecimiento, polarización y de violencia política.
«Como sociedad estamos obligados a tomar lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, los medios de comunicación, y las organizaciones civiles, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir a la escalada de violencia política que está en desarrollo en el país en la actualidad».
