Una investigación exhaustiva se adelantará para establecer responsabilidades externas en el conflicto que desde el pasado 8 de septiembre se vive dentro de los calabozos de la Policía del Táchira, donde un grupo de reos exigen ser trasladados a otros recintos carcelarios por encontrarse hacinados.
Garantizar la seguridad de quienes se encuentran en medio de conflicto carcelario será prioritario a la hora de la resolución del problema sin descartar que quienes estén involucrados deben pagar por lo que han hecho, porque “quienes faciliten un secuestro son secuestradores también”, prometió la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
Ante los reiterados llamados, solicitudes y exigencias hechas por parte de los familiares de los reos, Valera afirmó que “no se le ponen condiciones a la autoridad”.
La representante del ministerio penitenciario, cuestionó la manera en que los reclusos, valiéndose de la violencia pretenden conseguir su propósito y tratan de conminar a la autoridad para que apruebe sus peticiones.
El motín carcelario que se inició el pasado 8 de septiembre, se produce luego de la solicitud de un grupo de presos para ser trasladados a una cárcel del centro del país (Tocoron), “solicitud imposible porque nadie impone al Ministerio de Asuntos penitenciarios a dónde quiere ir”, precisó Iris Valera.
Aseguró haber llegado al Táchira a dialogar y buscar la solución del problema de manera pacifica, garantizando los derechos humanos pero en ningún momento se “negociará con bandas criminales y no solo me refiero a los que están privados”.
Complicidad
La complicidad por acción u omisión en el conflicto de Politáchira, no fue descartada por la autoridad carcelaria nacional quien dijo que hay personas que tienen mucha información y dan detalle de lo que sucede dentro de los calabozos.
“Yo voy a ir a hablar con esos privados de libertad para ver que es lo que quieren pero que sepan que no va a haber traslado para donde ellos quieren. Los traslados se hacen para donde la máxima autoridad en servicios penitenciarios, que es quien les está hablando lo decida, según el cupo disponible de ingreso que exista”.
Criticó el auge y la publicidad que se le ha dado a las peticiones de los criminales, pretendiendo anular la información oficial. Acción con la que los reos se sienten apoyados porque abarcan las primeras planas de los diarios, precisó.
Ronna Rísquez, periodista de investigación y cofundadora de Monitor de Víctimas, manifestó su preocupación por el alto número de personas que fallecen en manos de cuerpos de seguridad del país, resaltando a su vez la importancia de no normalizar estos actos de violencia
Dos menores de 17 años recibieron sentencias de diez años de cárcel "por su responsabilidad en el abuso sexual cometido en contra de un joven de 14 años", en tanto otro dos de 17 y de 16 deberán cumplir pena de ocho años por "su cooperación" en ese delito, según el Ministerio Público. Los cuatro condenados, así como la víctima, eran alumnos del centro
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