El «impasse» entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretado como resuelto por el Ejecutivo, parece haber tenido otros alcances.
Luego de una jornada de protestas que se prolongó por más de cinco horas con la consecuente suspensión de la sesión pautada para el martes, la oposición sigue adelante en su tesis del «golpe de Estado continuado» y en llevar adelante el proceso para destituir a los Magistrados de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal.
Para esto, modificaron el orden del día pautado para la sesión de este miércoles, agregando el punto para debatir dicho procedimiento.
El oficialismo, por su parte, también defiende su tesis -diametralmente opuesta- que sostiene que en Venezuela «hay un exceso de democracia». Y tratando de actuar en consecuencia, ofrecieron una rueda de prensa en la que calificaron de «golpe parlamentario», la pretensión de la oposición de destituir a los siete jueces, así como convocaron a una movilización para este jueves «en defensa de la Constitución, la democracia y La Paz».
Pero además decidieron caminar los pocos pasos que separan a la sede de la bancada oficialista con la Asamblea y reincorporarse a la sesión, tras más de 20 jornadas sin hacerlo.
A pesar del «impasse» en días pasados entre el diputado Víctor Clark y la directiva del Parlamento, en el que se le negó el derecho de palabra por no haber firmado la lista de asistencia, esta vez todos los legisladores oficialistas cumplieron con la formalidad reglamentaria.
Y no fueron solos. Los diputados invitaron a un grupo de periodistas internacionales para que dejaran constancia de lo que allí ocurría.
Un detalle es que solo acudieron diputados del PSUV.
Los parlamentarios de los otros partidos que integran el Gran Polo Patriótico no acudieron.
Aunque los diputados que apoyan al gobierno no participaron en el debate sobre la ruptura del orden constitucional, sí lo hicieron en el punto sobre los Magistrados.
Allí, Hector Rodriguez, jefe de la bancada, tomó la palabra saludando al presidente del Parlamento como «Julio». Tras las pitas respectivas, reiteró todo lo dicho en la rueda de prensa previa, insistiendo en el «golpe parlamentario»; en la «incongruencia» de la posición de decir que existe una dictadura mientras renuevan partidos y lanzan candidatos y en asegurar que el Poder Legislativo no tiene la facultad de destituir Magistrados.
También rechazar que un diputado opositor «incitara a la violencia al llamara a liquidar a un Magistrado».
Como es -o era- cuando la bancada oficialista acudía, las consignas de lado y lado no se hicieron esperar.
Los opositores gritaban «Ustedes son golpistas, lo dijo la Fiscal» y los oficialistas, menos vehementes, gritando «La patria se defiende».
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, hizo pública su consideración sobre el por qué estaban los diputados allí, señalando que la presencia del PSUV no era un «acto de normalidad» sino para «aparentar» e insistió en que la sentencias y sus aclaratorias siguen siendo un «golpe continuado».
Incluso, le ofreció al diputado Rodriguez «la solución a sus preocupaciones», invitándolo a realizar elecciones. Invitación que tuvo su respuesta en un derecho a replica solicitado por Rodriguez quien, saltando el Reglamento que indica que los derechos a réplica se otorgan al finalizar el debate, respondió: «terminen de validar y sus partidos y vamos a elecciones».
Ese detalle en el Reglamento no fue el único por parte de la bancada oficialista que, paradójicamente exigía respeto a las leyes, también sentaron a diputados suplentes que no están juramentados y por lo tanto no podían ser parte de la sesión.
Este irregularidad la dejo por escrito el jefe de la fracción opositora, Stalin González.
Los oficialistas se retiraron antes de la votación que la mayoría opositora realizó para aprobar el Acuerdo en el que se emplaza al Consejo Moral Republicano a iniciar el proceso de calificación de falta grave de los Magistrados. También, se reservaron el derecho a consignar un escrito complementario señalando lo que califican de «errores inexcusables y otras infracciones» que a su juicio cometieron estos jueces. Esto en relación a que las sentencias del TSJ no son recusables y por ende, no pueden ser modificadas de fondo.
Otro punto del Acuerdo es el referido a una decisión que ya había tomado la mayoría opositora el año pasado en cuanto a anular el acto administrativo por el que se nombraron los 34 Magistrados (13 principales y 21 suplentes) el 23 de diciembre de 2015.
Esta decisión se complementaria con el hecho de que los Magistrados en cuestión no cumplen los requisitos de Ley por lo que «salvan» a posibilidad de iniciar el procedimiento de nulidad de dichas designaciones.
Asimismo, se exhortó a la Fiscal a que continúe con las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal de los funcionarios.
Los parlamentarios también ratifican el Contenido del escrito consignado ante la Defensoria, quien ostenta la presidencia del Consejo Moral, en el que piden la calificación de falta de los Magistrados.
