El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció este viernes un "patrón de represión" en Venezuela durante las protestas suscitadas por el "golpe jurídico", denunciado por la oposición, por el presidente Nicolás Maduro.
Al deplorar el asesinato de Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, en una manifestación contra el Gobierno en los Altos Mirandinos, la organización aseguró en un comunicado que se «han incrementado las protestas pacíficas en rechazo a la vulneración de derechos humanos y a la consolidación de un sistema dictatorial en Venezuela».
Este aumento de la protesta ha tenido como respuesta oficial la ejecución de un «patrón de represión», que según el OVCS, se caracteriza por: ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Colectivos Paramilitares; uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego; práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes; detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial; criminalización de la protesta; agresión a periodistas; persecución a dirigentes de partidos de oposición y persecución a líderes sociales y estudiantiles.
«Ante estos hechos, el OVCS expresa su preocupación y denuncia la criminalización de la protesta en Venezuela y el uso sistemático de la represión por parte de la fuerza pública para responder a las demandas pacíficas de los ciudadanos».
La ONG, además, denunció «la presencia de civiles armados pro gobierno que agreden a manifestantes y que actúan con permisividad o complicidad de funcionarios del Estado y representantes de cuerpos de seguridad».
A partir de estas denuncias, el OVCS exige a los poderes públicos ejecutar las siguientes medidas: investigar el asesinato de Ortiz Bustamante; realizar las investigaciones sobre tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones y la plena libertad para manifestantes detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones.
La organización pidió garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución sobre el derecho a la manifestación y la prohibición del uso de armas en esos actos y cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
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