El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante tribunales de control a 40 personas por estar presuntamente vinculadas en las violentas manifestaciones contra el Gobierno ocurridas el lunes en los estados Miranda y Lara, así como varias zonas del Área Metropolitana de Caracas (AMC).
Estas personas fueron detenidas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y las policías Nacional Bolivariana y municipal de Guaicaipuro (Los Teques), reseñó una nota de prensa del Ministerio Público (MP).
El MP precisó que 18 fueron detenidos en la zona metropolitana de Caracas, 20 en Lara y dos en el estado Miranda.
«En virtud de la situación, los fiscales coordinan las investigaciones correspondientes en aras de determinar sus responsabilidades penales, al tiempo que velarán porque se les garanticen sus derechos humanos y demás garantías de acuerdo a la legislación venezolana», reseñó el comunicado.
Según el Ministerio Público dos hombres -de 20 y 34 años- quienes se encontraban manifestando en las inmediaciones de la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta. Estas víctimas fueron de inmediato trasladadas a centros asistenciales donde recibieron atención médica oportuna.
Testigos de la represión contabilizaron a El Estímulo al menos cinco heridos en el sector de El Rosal por el disparo de balas de goma y bombas lacrimógenas contra los manifestantes.
En Lara, manifestantes dañaron la sede del Ministerio Público, situada en Barquisimeto.
La última marcha en Caracas fue reprimida el lunes con fuerza por funcionarios policiales y militares con bombas lacrimógenas y perdigones disparados en el cuerpo de los manifestantes. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, admitió que bombas lacrimógenas eran lanzadas desde el aire por helicópteros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Las bombas, incluso, alcanzaron a zonas residenciales. Los gases asfixiaron a una señora de 87 años en un edificio en Colina de Bello Monte y obligaron a la evacuación de niños de una clínica ubicada en el sector de Las Mercedes, denunciaron testigos y ONG.
En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
"Esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien asesorar la reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna", dijo Maduro en su programa de televisión
