Venezuela

Morochos Sánchez enviados a cárcel de Tocorón

Los dirigentes juveniles del partido Primero Justicia, José Sánchez y Alejandro Sánchez, hermanos gemelos imputados por los fiscales del Ministerio Público Pablo Verdú y Amaray Terán, quedaron bajo detención firme y serán recluidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, por decisión de la juez de control Josepline Flores, informaron fuentes judiciales.

Publicidad
Fiscalía

La decisión fue anunciada entrada la noche del lunes  en el Tribunal 10 de Control de Caracas. Los cargos admitidos en los autos del proceso contra los militantes opositores son «instigación pública y agavillamiento». La de Tocorón es una de las cárceles más violentas del país, pues es controlada por bandas criminales que manejan libremente el negocio de drogas, armas, secuestros y sicariatos, tanto dentro de los muros del penal como en la mayor parte del estado Aragua, según denuncias públicas, notorias y comunicacionales de habitantes de esa entidad federal.

Ambos jóvenes deberán permanecer recluidos al menos 45 días, hasta tanto los fiscales presente su acto conclusivo del proceso. Podrían afrontar una pena de entre dos y 11 años de prisión si son hallados culpables de los cargos.

Según las fuentes judiciales, la representación fiscal se desmarcó de los señalamientos que hiciera el  presidente de la República la noche del pasado domingo, lo que significa que Nicolás Maduro no estaba autorizado por el Ministerio Público para dar publicidad al material audiovisual.

La juez del caso tampoco dejó claro en la sala de audiencias si ella había autorizado la utilización del video por parte de Miraflores. Indicó la magistrada que, en todo caso es la Fiscalía la que debe determinar de dónde provenía el video.

Según el abogado defensor de la familia Sánchez, Joel García, el presidente Nicolás Maduro violó la presunción de inocencia al condenar previamente y sin un juicio a ambos jóvenes al calificarlos públicamente de «terroristas».

La defensa de los hermanos José y Alejandro Sánchez solicitó a la titular del tribunal décimo de control que pidiera a la Fiscalía se diera inicio a una investigación por los tratos crueles e inhumanos a los cuales fueron sometidos ambos detenidos, y la juez dijo que la defensa hiciera ella misma esa solicitud.

Asimismo, frente a Josepline Flores, la defensa denunció la incomunicación a la cual fueron sometidos los hermanos Sánchez durante tres días  en el Sebín, contrariando lo que dice la ley. En respuesta a esto, la juez simplemente declaró sin lugar tal señalamiento, porque los litigantes no mostraron pruebas de la incomunicación.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, mostró la noche del pasado domingo, unos videos donde supuestamente estos jóvenes militantes de Primero Justicia dijeron que habían recibido dinero para fomentar desordenes en Caracas, e incriminaban a los diputados Marialbert Barrios, Tomas Guanipa y José Guerra como responsables de tal financiamiento. El video no formó parte del expediente de los fiscales al final.

De ir a juicio y ser hallados culpables, ambos jóvenes podrían ser condenados de dos a once años de prisión, según el Código Penal Venezolano. El artículo 285 prevé la sanción penal para el delito de «instigación contra el orden público», y el 286 estipula la pena para el agavillamiento.

Tanto José como Alejandro Sánchez fueron detenidos el pasado jueves tras los hechos ocurridos en la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, una dependencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el municipio Chacao de Caracas.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, mostró la noche del pasado domingo, unos videos donde supuestamente estos jóvenes militantes de Primero Justicia dijeron que habían recibido dinero para fomentar desordenes en Caracas, e incriminaban a los diputados Marialbert Barrios, Tomas Guanipa y José Guerra como responsables de tal financiamiento.

El diputado Tomas Guanipa afirmó este lunes que ambos muchachos fueron torturados física y mentalmente para que grabaran los videos que difundió el presidente al exigir castigo a quienes calificó de «terroristas».

Publicidad
Publicidad