A pesar de que el Ministerio de Educación ordenó a todos los centros educativos del país no suspender las clases por las protestas, no existe ninguna medida específica que proteja a los estudiantes y los docentes. Carlos Trapani, abogado de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) pidió a la Fiscalía que se pronuncie.
Por cada convocatoria que la oposición hace para manifestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el Metro de Caracas cierra parcial o totalmente sus puertas alegando que es “en resguardo de los usuarios”. Los estudiantes y docentes no gozan de esa protección.
Carlos Trapani, abogado del Cecodap, introdujo un recurso ante el Ministerio Público para pedir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz que prohíba a todos los organismos de seguridad del Estado, y especialmente a la Policía Nacional y la Guardia Nacional, la utilización de armamento defensivo no letal 0 de gases lacrimógenos contra las instituciones educativas públicas y privadas.
Además, la medida solicita ordenar a todos los funcionarios policiales y militares “extremar las precauciones en el uso de agentes químicos” y que en casos excepcionales se usen lejos de los centros educativos.
El recurso de Cecodap responde a los “excesos” cometidos por los organismos de seguridad en el control de orden público, donde se han visto afectados niños, adolescentes y docentes, asegura Trapani.
“Hemos registrado 11 colegios y escuelas afectados en todo el país entre el 1º de abril y el 26 de mayo. Esto es solo lo que se ha reseñado en los medios de comunicación, probablemente sean muchos más”, dice el abogado.
En la denuncia, Cecodap resalta que la actuación que la PNB y la GNB han tenido contra las protestas viola las normas y protocolos internacionales para el control de orden público y el propio Manual de Actuación de los Cuerpos de Policía, publicado el 18 de abril de 2011 en la Gaceta Oficial Nº 39.658.
Trapani también critica el comunicado en el que el Ministerio de Educación informó que iniciará procedimientos disciplinarios penales y civiles contra 17 unidades educativas de Distrito Capital, Aragua, Miranda y Zulia por “permitir, provocar e incitar dentro de las instalaciones educativas y sus adyacencias, acciones de violencia y el inaceptable desprecio e irrespeto a nuestro Pabellón Tricolor”.
“El comunicado es una práctica intimidatoria. Los sanciona sin partir del principio de inocencia y sin permitir el derecho a la defensa. Es una forma de criminalizar la protesta, de amenazar a los colegios”, asegura el abogado.
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