Luisa Ortega y la tercera vía hacia la transición

Casi tres meses de dura represión y persecución gubernamental tampoco han logrado acabar con las protestas, que continúan dominando la realidad política venezolana, y le han generado todo tipo de problemas a la élite en el poder, cuya popularidad está en sus niveles más bajos en casi dos décadas en Miraflores.
El amplio rechazo internacional y una crisis económica y humanitaria ahogan aún más al gobierno.
Hace casi tres meses que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz declaró públicamente que el intento del máximo tribunal del país de apropiarse de las atribuciones del Parlamento era igual a un golpe de Estado, y desde entonces ha ido incrementando su distanciamiento con el gobierno nacional —tras largos años de alianza y complacencias desde el Ministerio Público.
Las circunstancias parecen indicar que la oposición no logrará imponerse al chavismo —aunque nada es descartable del todo—, ni podrá empezar en el corto plazo el cambio de rumbo que desearía frente a más de 18 años de políticas de Chávez.
Sin embargo, la figura de la fiscal general es cada vez más relevante. Ella pareciera tener la mayor probabilidad de llevar al país a una transición democrática, desviando el totalitarismo que, con su plan de la Asamblea Nacional Constituyente, tiene Maduro en mente.
Con sus recurrentes declaraciones y su actuación frente a las protestas desde finales de marzo, Ortega Díaz quemó los puentes con el gobierno.
Para ella ya no hay vuelta atrás, y una consolidación de Maduro y la élite que gobierna junto a él, representaría para la fiscal la salida de su cargo en el mejor de los casos, y la cárcel o el exilio en el peor de los escenarios.
En una situación similar parecen estar otros antiguos líderes del Estado chavista, como el exministro Miguel Rodríguez Torres y la ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, aunque ya ambos estaban fuera de la órbita de poder desde hace un par de años.
Ortega Díaz se alejó de Maduro, Cabello, Reverol, Benavides, y demás altos dirigentes del chavismo, pero no del fallecido expresidente Hugo Chávez, su presunto legado y, sobre todo, ‘su’ Constitución.
Queriéndolo o no, Maduro colocó una línea roja, una aparente fecha final al conflicto actual, al lanzar la Constituyente, y al conocerse el 30 de julio como la fecha en la que se elegirán los responsables de redactar una nueva carta magna.
Luisa Ortega aprovechó tal propuesta para alejarse del actual presidente y abrazarse a su antecesor. “La Constitución de 1999 es inmejorable, además de ser el mayor legado del presidente Hugo Chávez Frías”, escribió en una carta dirigida a Elías Jaua en mayo.
Mientras tanto, mantiene distancia con la dirigencia opositora, y ha sido bienvenida con brazos abiertos por el chavismo crítico que se ha manifestado durante los últimos años, con los exministros Giordani, Navarro y Osorio, y el grupo Marea Socialista a la cabeza.
Es cierto que las amplias y recurrentes protestas en todo el país, la dura y a menudo cruel represión de los cuerpos de seguridad, la presión internacional, la bajísima popularidad del gobierno y su casi imposibilidad de ganar una elección justa y libre, y la creciente crisis económica, no han sido motivos suficientes para que amplios y poderosos sectores del chavismo abandonen a Maduro, y guíen al país hacia una transición.
Pero, si algo puede facilitar que tal división se produzca en las próximas semanas, es la posibilidad de que el salto que tengan que dar para tal abandono no sea tan largo. Debido a las acciones de Luisa Ortega Díaz, dejar a Maduro no significaría dejar al chavismo y unirse a los por tantos años mentados como ‘enemigos de la patria’, sino precisamente mantener el ‘legado de Chávez’ y enderezar al país tras el grotesco retroceso sufrido desde 2013.
En un conocido artículo publicado en 2012, titulado Más allá del clientelismo, los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way argumentan que los gobiernos autoritarios tienen mayor resistencia si están basados en un partido político y no en una junta militar o un régimen personalista.
Esta estructura les permite repartir cargos y beneficios económicos entre numerosos funcionarios, los cuales rara vez son retirados del partido, y más bien son rotados en distintas posiciones del Estado permanentemente.
Los funcionarios saben que pueden perder relevancia, pero prefieren mantenerse dentro del partido, y no rebelarse, para no perder los beneficios que vienen con el poder. Este arreglo se mantiene sobre todo por la posibilidad de acceso a bienes, pero puede sostenerse incluso en tiempos de escasez, si el régimen nació de algún evento violento o épico, como una guerra civil, una rebelión armada o una revolución.
Buena parte de esa descripción aplica al caso venezolano. Parte de la cohesión del chavismo, sobre todo tras la muerte de Chávez, se basa en la continua rotación de cargos y en los beneficios presuntamente obtenidos por la corrupción y el narcotráfico, como han denunciado exfuncionarios y gobiernos como el de Estados Unidos.
La crisis económica y la caída de los precios del petróleo sin duda han afectado la circulación de recursos incluso entre los cabezas del gobierno, pero los vínculos emocionales, y la legitimidad de origen de muchos con el chavismo desde el 4 de febrero de 1992, sirven como barrera de protección extra —dificultando a muchos el alejamiento de la ‘revolución’.
Es esa segunda barrera la que la fiscal pudo haber derribado. Para importantes dirigentes civiles y militares, en cualquier sector del Estado, que no estén profundamente involucrados en casos de corrupción o represión, será mucho más viable y aceptable abandonar al gobierno actual sin abandonar al chavismo, que abandonar por completo ‘la revolución bolivariana’. Tales funcionarios tienen todo tipo de incentivos para romper con las desastrosas políticas y agresiones del gobierno, y ahora además tienen una figura a la cual plegarse.
Tal rompimiento, del chavismo en el poder al chavismo crítico, aparece hoy como una de las vías para destrancar el juego y llevar al país hacia una transición democrática. Sería, además, una opción viable para el chavismo en el futuro electoral.
Imagine usted que Ortega Díaz y su entorno se convierten en las figuras claves para recuperar la democracia en el país, denuncian los excesos de Maduro y su caótico mandato que llevó al país a una crisis humanitaria, al tiempo que se abrazan a las mejores intenciones y los mejores recuerdos de Chávez entre la población. En el mediano plazo podrían volver a tener un apoyo mayoritario de la población.
Claro que este no es el escenario ideal para la oposición, y podría ser inaceptable para diversos sectores. Se sabe que la fiscal, y exdirigentes, como Rodríguez Torres, han cometido numerosos abusos, y que al país le hace falta un cambio en 180 grados, para iniciar una impostergable recuperación, con políticas totalmente distintas de las aplicadas por el chavismo.
Pero al día de hoy, tras meses de resistencia sin un colapso gubernamental, quizás sea ésta sea la opción con la que debamos conformarnos, y desde la cual podamos reconstruir la democracia, algo impensable con Maduro y la Constituyente. Lo bueno es que, con el 30 de julio a la vuelta de la esquina, y la posible destitución de Ortega Díaz de su cargo, no habrá que esperar demasiado para saber si se concreta.
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