Con la frase “los empleados públicos deben votar todos por la Constituyente, sin ninguna excusa” el presidente Nicolás Maduro lo hizo de nuevo. Sin siquiera vacilar pidió tomar las nóminas de cada empresa, ministerio, gobernación y alcaldía para constatar que sus trabajadores participen en el proceso de elección convocado para este 30 de julio. Sin duda, esta amenaza sorprendió a varios, asustó a quienes a pesar de no avalar este llamado están pensando qué hacer ahora y también hizo que muchos otros se revelaran en su contra.
El auto denominado grupo del “chavismo democrático y de izquierda”, que cuenta con integrantes como el politólogo Nicmer Evans, la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez y los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) Germán Ferrer y Eustoquio Contreras, se pronunció al respecto asegurando que se está “violando de esta manera el carácter voluntario del acto de votación que establece la Constitución de Venezuela».
Durante una rueda de prensa indicaron que “estos eventos revelan el carácter antidemocrático de la elección, así como el uso de métodos coercitivos e ilegítimos de los cuales se vale el gobierno para forzar a quienes dependen de un cargo o un beneficio social para forzarles a participar en una elección que es rechazada mayoritariamente en el país”.
El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, aseguró que los funcionarios están obligados a respetar el ejercicio del voto y que no debe obligarse a nadie a ejercerlo. Y hasta el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que “el voto es un derecho, no es obligatorio”.
Derechos con libertad
Para el abogado defensor de los derechos humanos, Luis Tarbay, esa afirmación representa, en primer lugar, un símbolo de debilidad, evidente también por el incremento en los atropellos que se están presentando en todo el país. “Luego, constituye un acto de discriminación política, prohibido taxativamente en la Constitución, viola la libertad de expresión, el libre pensamiento y los derechos políticos de la gente”.
El también coordinador de Vente Venezuela en Nueva Esparta explicó que en la Carta Magna se refiere que el voto es voluntario, libre, universal, directo y secreto; por lo cual el llamado a los funcionarios públicos es a no convertirse en víctimas de “uno de los mayores actos de abuso de la autoridad” y a ejercer sus derechos con libertad.
“Esta es una razón más por la que tenemos que rechazar a Maduro, a su gobierno y la Constituyente, que es ilegítima e ilegal, y promueve un voto sectario, discriminativo, excluyente”, afirmó.
Las amenazas a los funcionarios públicos han inundado la isla de Margarita. En las oficinas, en los corredores, en las redes sociales y hasta en los celulares, a través de cadenas de Whatsapp, abundan los “llamados” a votar y verificar “con lista en mano qué tan cerca está el enemigo y el antipatria”, literalmente. Algunos trabajadores confesaron a El Estímulo que van a votar porque no pueden arriesgar sus puestos e ingresos “en una situación tan delicada y compleja”. Otros aseveraron que de ninguna manera lo harían, aunque esta decisión les cueste el empleo.
“En este punto la actuación de cada ciudadano cuenta, si ahorita lo avalamos por miedo, cuando esté instalada no tendremos la oportunidad de decidir ni eso ni nada en nuestras vidas y nuestro país”, comentó una empleada público que no quiso revelar su nombre.
Tarbay expresó que ciertamente es entendible el miedo por las amenazas y las realidades que se están viviendo en el país, pero pidió pensar en lo que está en juego. “Vas a cuidar tu sustento, es respetable, pero de qué te sirve ese sueldo si mañana no te alcanzará para nada. El gobierno no te quiere autónomo, libre e independiente, te quiere dependiente de él. Vas a gozar de lo que al gobierno le dé la gana de darte. Hay que reflexionar porque esa Constituyente no va a conducir al país a la solución de ninguno de sus problemas: ni el de medicinas, ni de salud o el de alimentos. Además, este régimen ha violentado también la libertad sindical y le darían más poder a un sistema que oprime las libertades laborales”.
Violaciones en Margarita
El 29 de junio, durante la protesta que se realizó ante el CNE Nueva Esparta, Luis Tarbay, fue detenido junto a dos concejales y varios manifestantes. Luego de esta experiencia informó a El Estímulo que en el estado se han realizado más de 100 detenciones en estos meses de manifestaciones, que hay una gran cantidad de heridos por perdigones y por el uso excesivo de gases lacrimógenos. A esto debe sumársele la persecución y las citaciones que generan terror en la gente por parte de los grupos de contrainteligencia y la policía militar.
“Son violaciones a los derechos humanos porque son detenciones arbitrarias, en las que no respetan el debido proceso, el derecho a la defensa, te mantienen incomunicado durante un buen lapso de tiempo, vemos excesos en la conducta de los funcionarios. Ese día un funcionario le disparó un perdigón a quemarropa a una joven ya rendida en el piso, cuando la ayudé me detuvieron. Hemos visto como insultan a los detenidos, en el traslado fuimos testigos de cómo un funcionario golpeaba a uno de los compañeros dentro del camión. Esto es algo que tenemos que sacar de raíz en todos los cuerpos policiales y de seguridad, no es un tema político. Si mañana hay un gobierno de oposición que busca perseguir a alguien del PSUV debemos unirnos todos los venezolanos y rechazarlo, eso y todas las violaciones a los derechos humanos”.]]>