Cinco muertes confirmadas por la Fiscalía General y al menos 367 detenidos verificados por la organización Foro Penal Venezolano dejó el paro de 24 horas convocado por la oposición contra el proyecto de Constitución Comunal impulsado por Nicolás Maduro.
El Ministerio Público sumó este viernes tres nuevas muertes durante las manifestaciones ocurridas en medio de la paralización: un adolescente de 15 años en el sector Pomona en el sur de Maracaibo, Eury Rafael Hurtado, de 34 años, quien recibió cuatro disparos en unos disturbios en el sector Santa Eulalia en la ciudad de Los Teques, y Víctor Márquez, también de 34 años de edad, quien fue asesinado en la sede del Ministerio de Vivienda en el estado Zulia.
Estas muertes se suman a las de Andrés José Uzcátegui Ávila (23 años) en el estado Carabobo; y de Ronney Tejera Soler (24 años) en el estado Miranda.
Con estas muertes, el número de fallecidos en cuatro meses de protestas en Venezuela llegó a 100.
Las 24 horas de paralización arrojaron el mayor número de detenciones desde que se desató en abril la ola de protestas de calle contra Maduro. Unos 367 detenidos fueron contabilizados hasta las 11:30 de la noche del jueves (hora local) por el Foro Penal, siendo Zulia el estado con mayor número de detenidos (140); seguido por Carabobo (66); Nueva Esparta (43) y Aragua (24).
El paro nacional, realizado entre las seis de la mañana del jueves hasta la misma hora del viernes, fue duramente reprimido por policías y militares al igual que grupos armados ilegales afines al chavismo que arremetieron contra los opositores que trancaron las calles y avenidas, constataron reporteros de El Estímulo.
La jornada de protesta se cumplió en 85%, según la alianza opositora Mesa de la Unidad.
Rafael Uzcátegui, directivo de la ONG Provea, denunció este viernes la presencia de «grupos armados paramilitares» que golpearon y dispararon armas de fuego contra manifestantes en las calles de varias partes del país.
En declaraciones al Circuito Éxitos, el activista denunció que el Gobierno «está intensificando la represión» mientras se avecinan la elecciones de constituyentes del 30 de julio mediante un «patrón consolidado» que contempla detenciones arbitrarias, disparos al cuerpo de bombas lacrimógenas hacia manifestantes y allanamientos sin orden judicial.
Aseguró que agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana arremeten en zonas que manifiestan contra Maduro, disparando bombas lacrimógenas hacia los edificios donde se encuentran las familias.
«Lo que se intenta es castigar a toda una comunidad cuando en su sitio ocurren manifestaciones contra el gobierno venezolano», aseguró.
Según cálculos de FPV, que da asistencia legal a estos presos, más de 4.000 personas han sido detenidas durante estas protestas, de las cuales más de mil permanecen entre rejas
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"Esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien asesorar la reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna", dijo Maduro en su programa de televisión
El informe acusa al Estado de recurrir a "amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura" para "sofocar a la oposición"
Mediante un comunicado público, 72 organizaciones civiles piden el cese de la persecución oficialista contra las voces disidentes. Recordaron que “el Estado debe garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos”.
