El silencio se apoderó de los tribunales luego de que la Fiscalía introdujera una acción para proteger los niños del servicio de Nefrología del Hospital de Niños afectados por bacterias, otra contra el Idenna por el incremento de niños que viven en las calles y otra para pedir que se evitara el uso de lacrimógenas cerca de instituciones educativas y de salud
La Fiscalía ejerció acciones contra tribunales de la República por negarse a tomar decisiones que favorezcan a los niños y adolescentes frente a la crisis que atraviesa Venezuela.
En tres comunicados de prensa, el Ministerio Público anunció querellas adicionales que pretenden lograr una respuesta del sistema judicial.
Uno de los recursos fue un amparo constitucional contra Antonio Falcón Armas, juez 9º de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, por no decidir sobre la medida de protección que se solicitó para los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos. Desde marzo, en el lugar han fallecido cuatro niños infectados por bacterias contenidas en el agua de la institución.
El 13 de julio, cuando el Ministerio Público introdujo el recurso, se solicitó además que el servicio se cerrara temporalmente para determinar la causa del brote infeccioso y que se remitiera a los pacientes a otros centros especializados para continuar su tratamiento.
La otra acción que se ejerció fue un amparo constitucional contra Alfredo Pereira, juez 20º de Protección del Área Metropolitana de Caracas, por no haber dado respuesta al recurso contra el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) por el incremento de la población infantil y juvenil en las calles.
Un porcentaje de esos niños, advirtió el Ministerio Público el 14 de julio, “ha incurrido en hechos punibles y por tratarse de menores de edad, no tienen responsabilidad penal, y por lo tanto no pueden ser colocados en institutos de abrigo”.
Pero aún más grave, las casas para acoger a niños desamparados no tienen cupos libres, por lo que “resultan infructuosas las acciones de los fiscales para lograr la admisión en los centros de atención de los infantes y adolescentes”.
El último de los reclamos contra la inacción de las cortes fue dirigido al Tribunal 32º de Mediación y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas.
La Fiscalía lo denunció ante la Inspectoría de Tribunales por no haberse pronunciado sobre la petición -que ya tiene casi dos meses engavetada- de prohibir el uso excesivo de lacrimógenas para el control de manifestaciones en áreas cercanas a instituciones educativas y de salud.
En todos los casos los jueces han optado por omitir los plazos establecidos por la ley para dar respuestas.
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