Adolescentes permanecen esposados uno a otro en calabozos de Margarita

La base policial del municipio Mariño es un claro ejemplo de lo que ocurre en estos recintos, donde se presentan casos como el de dos adolescentes que permanecen esposados uno a otro, sentados en unas sillas, por falta de espacio en los calabozos y la prohibición de que permanezcan en el mismo lugar con el resto de los reclusos. Allí, a un lado, solo tienen una colchoneta y dos almohadas para dormir.
En este comando también están recluidas diez mujeres que están hacinadas en un área de 2×1, con capacidad máxima para dos personas. El director de la Policía Municipal de Mariño, Anthony Frontado, explicó que la crisis penitenciaria es cada vez más dura porque la población de detenidos sigue aumentando tras las acciones de los diferentes cuerpos policiales para mantener la seguridad.
Lo mismo ocurre con la implementación de la Gran Misión Justicia Socialista en la entidad, que si bien representa una mejoría para las comunidades, del mismo modo se convierte en un gran problema, en vista de que ha reportado la captura y privación de al menos 260 personas por diferentes delitos en menos de un mes y no tienen a dónde enviarlos sin incrementar las cifras actuales de hacinamiento.

“Como resultado de los procedimientos positivos en el municipio cada día la cantidad de privados aumenta. Si llegan a salir una o dos personas, ingresan 10 más. Según las leyes los presos deben permanecer como máximo 48 horas en estos espacios, pero esto no se cumple. A esto se suma que la situación económica ha empeorado por lo que los detenidos cada vez cuentan con menos alimentos, medicamentos y atenciones por parte de sus familiares”, afirmó Frontado, quien informó que actualmente tienen 117 privados bajo su custodia. 93 de ellos en un calabozo de 5×4 que es para albergar máximo a 30 personas.
Sobre el problema de las féminas precisó que ellas tienen que dormir “casi una encima de la otra”. En ese espacio cuentan con dos colchonetas y dos ventiladores, también un televisor, pero no tienen baño por lo cual deben adaptarse a un horario para satisfacer sus necesidades fisiológicas y su aseo personal. “Además, la cantidad de reclusas sobrepasa enormemente el recurso humano que tenemos allí para custodiarlas”, agregó.
Los jóvenes han tenido serios inconvenientes con la recepción de los mismos en el Centro de Internamiento de Los Cocos, donde deben estar, porque las autoridades alegan que tienen muy mala conducta y no los aceptan. Uno de ellos forma parte del grupo de 37 evadidos de ese recinto el 30 de agosto de 2017, recordó.
“Para apoyarlos extendimos el horario de visitas, pero hay derechos como las visitas conyugales y de niños que no se los podemos respetar. El lugar en el que se encuentran está contaminado. Cuando hemos podido se ha fumigado y les hemos llevado jornadas médicas para que estén relativamente bien, aun así por el hacinamiento muchos están enfermos con escabiosis y tenemos casos de tuberculosis”, sentenció.

La cantidad de presos y el hacinamiento también ha empeorado en las policías de los municipios Arismendi, donde el calabozo mide 4×4 (máximo 5 personas) y tienen recluidas a 15; y en la de Maneiro, donde hay dos celdas de 3×2 (para 8 privados), pero la población es de 51 reclusos. Permanecen de pie, otros en hamacas. También hay adolescentes.
Distintos funcionarios adscritos a los cuerpos policiales del Estado aseguran que en sus centros la situación es mucho peor y que en este momento viven “una de las peores crisis que han enfrentado”. Se ha tratado de obtener las cifras de detenidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Porlamar, uno de los peores de acuerdo con los policías que declararon bajo anonimato, y los directores se niegan a dar la información. Lo mismo ocurre con los jefes de las distintas bases de la policía estadal.
Exclusión

Los directores municipales han elevado sus denuncias en repetidas oportunidades a las autoridades competentes, pero no han resuelto nada. Incluso el 9 de septiembre de este año, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras, se comprometió a implementar el Plan Cayapa en los centros de detención preventiva de la entidad. Pese a su promesa, los privados de los calabozos policiales y militares fueron excluidos.
“Si aquí hay esa necesidad vamos a ver cómo la atendemos. El Plan Cayapa es para el estado Nueva Esparta. Si hay hacinamiento nos desplegamos. Vamos a revisar esa situación, en vista de que acá tenemos muy pocos privados, en una semana pudiéramos atender y acercarnos a los centros preventivos, cuenten con ello”, aseguró entonces.

“Vino la Defensoría Pública, pero no todos los poderes necesarios para que se concretara el Plan Cayapa que se ofreció. Seguimos esperando que tomen en cuenta a las personas que aquí se encuentran recluidas. Hemos hecho llamados a la Defensoría del Pueblo, a los tribunales de niños, niñas y adolescentes porque esta institución no puede garantizar el buen desenvolvimiento de esta privativa de libertad que siempre busca reinsertarlos en la sociedad, hay que mantenerlos en condiciones especiales y no podemos. Reiteramos nuestro llamado a los tribunales de ejecución y de juicio correspondientes para que se avoquen a solventar esta problemática de hacinamiento”, aseveró Frontado al respecto.
La comisionada de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio del Servicio Penitenciario, Milka Olivero, confirmó que el Plan Cayapa no atendió a los centros de detención preventiva en esta oportunidad e informó que se está evaluando una nueva fecha para hacerlo.]]>