«Es vital aprovechar este momento con el objetivo de lograr soluciones acordadas para abordar las necesidades urgentes de la población. Esto solo puede obtenerse con una seria implicación y un espíritu de compromiso de todas las partes», afirmó el portavoz del Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la UE.
Así, Bruselas espera que el Gobierno de Venezuela «se implique de manera flexible y constructiva en la negociación y no escatimar en esfuerzos para lograr resultados concretos de este encuentro, y que la oposición trabaje con unidad, por el interés del pueblo de Venezuela».
«Es imperativo que todas las partes redoblen su compromiso para el diálogo y la reconciliación», añade el portavoz en un comunicado.
La UE, por su parte, «continuará buscando alivio urgente para los venezolanos y promoviendo una solución política a la crisis basada en reformas que lleven a elecciones creíbles, la liberación de presos políticos, el respeto de los cuerpos elegidos democráticamente y la defensa de los derechos humanos».
Con este fin, «está utilizando todos los instrumentos disponibles y está dispuesta a intensificar sus acciones».
El Gobierno y la oposición venezolana comenzaron este jueves en Santo Domingo con varias horas de retraso la primera de las dos jornadas de la nueva ronda de diálogo para buscar soluciones a la crisis que vive ese país, tras los avances alcanzados en las conversaciones de diciembre pasado.
En esta primera jornada participaron representantes del Gobierno y la oposición venezolana, así como el canciller dominicano, Miguel Vargas, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Los puntos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales con vistas a los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran «presos políticos» y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.
Y para el oficialismo el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.