Al presentar un informe sobre las condiciones de los encarcelados durante el último trimestre de 2017, el periodista especializado en violencia, Javier Ignacio Mayorca, y por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma, la organización denunciaron el martes humillaciones, castigos y torturas físicas y psicológicas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en otros centros de reclusión militar.
De la investigación realizada se constata la precarias condiciones sanitarias que viven los presos, muchos de los cuales se detuvieron durante las olas de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro entre los años 201 y 2017.
«Existen fallas crónicas en los servicios de agua potable y una deficiente alimentación, lo que ocasiona una carga adicional sobre los familiares de los detenidos, quienes se ven obligados a hacer lo posible para cubrir estas deficiencias», denuncia la ONG.
La atención médica también es inexistente, afirma la organización tras investigar las condiciones en centros de reclusión civiles y militares donde se encuentran procesados por la justicia verdeoliva. La Constitución de Venezuela prohíbe a los militares enjuiciar a civiles.
La ONG, además, denuncia que las primeras 48 horas de reclusión para un civil significa tratos crueles y degradantes por parte de militares.
A los encarcelados se les somete a torturas físicas, como la exposición al polvo de bomba lacrimógena, golpes, aislamiento y encierro durante un tiempo extendido. También le aplican capuchas rociadas de insecticida e inserción de chinches en la parte inferior de las uñas de las manos, afirma el informe.
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