Un camino largo, con múltiples salidas y que puede durar años en transitarlo, supone el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar la represión ocurrida en Venezuela el años pasado.
La investigación preliminar anunciada este jueves se centrará en investigar la actuación de fuerzas de seguridad del Estado durante la represión de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 130 muertos entre los meses de abril y julio de 2017.
La CPI, el único tribunal que ha sido capaz de procesar a líderes mundiales que han cometido crímenes atroces, es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad. Es decir, no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.
El anuncio de las pesquisas se conocen luego que particulares, organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) o Amnistía Internacional denunciaron con casos puntuales las acciones de militares, policías y grupos parapoliciales para neutralizar las manifestaciones e, incluso, en los hogares de las personas vinculadas a las manifestaciones.
Solo Luisa Ortega Díaz, la fiscal destituida por la Asamblea Constituyente, presentó el año pasado ante ese organismo, con sede en La Haya, 1.690 pruebas que evidenciarían las violaciones de derechos humanos cometidas en las calles venezolanas, recordó esta exfuncionaria en Twitter.
Saludamos el inicio de un examen preliminar en la @IntlCrimCourt sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en #Venezuela, tal como lo denuncié ante ese organismo el pasado 16 de noviembre, cuando consigné más de 1.690 pruebas que sustentan el caso https://t.co/rEgbvGMusD
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 8 de febrero de 2018
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda que anunció las pesquisas, reconoció también que «algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos», que causaron lesiones y muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Las investigaciones y procesos impuestos por por la Corte Penal internacional no son contra gobiernos sino contra individuos. Sus actuaciones implican a personas que pudieron haber ejecutado la orden o que no hicieron nada para evitarlo, explicó a El Estímulo internacionalista Giovanna de Michelle.
Por ello, las múltiples denuncias que recaen contra agentes de la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana pueden salpicar a los jefes de esos cuerpos durante la represión o al ministro del Interior, Néstor Reverol. También involucraría al jefe máximo de esas autoridades: el presidente Nicolás Maduro, explicaron fuentes judiciales a El Estímulo.
Las investigaciones, anunciadas por la fiscal de la Corte global Fatou Bensouda, es un «contundente mensaje para Maduro y sus esbirros: la comunidad internacional no va hacer la vista gorda ante los abusos sistemáticos que comete el régimen», aseguró el director de la ONG Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco.
Desde su activación en 2002, este organismo ha emprendido investigaciones contra líderes mundiales por crímenes cometidos en diversos conflictos. Desde el expresidente George W. Bush hasta el fallecido dictador libio Mohammar el Gadaffi han sidos investigados por esta instancia.
En junio del año 2011, el máximo tribunal internacional, emitió una orden de arresto contra Gaddafi por considerarse presunto responsable de los crímenes de lesa humanidad de asesinato en las ciudades de Trípoli, Bengasi y Misrata.
Posteriormente, el 10 de julio de 2012, la CPI dictó su primera y sentencia condenatoria hasta la fecha, imponiendo a Thomas Lubanga (criminal de guerra) una pena de 14 años de prisión por el reclutamiento y utilización de niños soldado en la región de Ituri (República Democrática del Congo) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.
¿Qué es una investigación preliminar?
El camino de la investigación preliminar es largo y tiene múltiple salidas. Este proceso no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.
El examen preliminar tiene varias salidas posibles, una de ellas la apertura de una investigación plena, lo que significaría que la Fiscalía -en este caso la dirigida por Tarek William Saab- podría hacer indagaciones por su propia cuenta y, eventualmente, tramitar órdenes de arresto, .
Otra posibilidad es que la Fiscalía decline seguir con el examen preliminar porque no encuentre fundamentos suficientes para seguir adelante, ya sea porque los delitos no son suficientemente graves o porque quede satisfecha con las investigaciones hechas en Venezuela, informa EFE.
Al no haber plazos establecidos, una tercera opción es que el examen preliminar dure años y se alargue en el tiempo, como ha ocurrido en el caso de Colombia, que lleva en La Haya desde 2004 y versa sobre el conflicto entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC.
Fuentes de la corte negaron a EFE con rotundidad que el examen preliminar esté relacionado con la convocatoria de elecciones en Venezuela, anunciadas para el 22 de abril, aunque reconocieron que «los tiempos» y el «actual debate político» convierten al país en un tema «muy sensible» para el tribunal.
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