Vicios de cárceles se trasladaron a retenes como el de PoliCarabobo

A esa conclusión llegan familiares de las víctimas que murieron o quedaron heridos en la tragedia de la Policía de Carabobo el Miércoles Santo 28 de marzo, donde fallecieron 68 personas (66 presos y dos mujeres que estaban de visita en el área de los calabozos), según confirmó el fiscal general, Tarek William Saab, desde su cuenta en la red social Twitter.
Los familiares lo expresan de forma llana: “La corrupción no es nueva aquí. Mi hijo tiene casi tres años en este comando y si uno no trae la comida a la hora, hay que `mojarle la mano´ (darle dinero) a algún policía para que le lleve su bolsita y luego rogar para que le llegue completa”, explicó a El Estímulo, María Pérez, una mujer que buscaba el viernes noticias sobre los traslados que efectuarían al Internado Judicial de Carabobo y al Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, ambos ubicados en la población de Tocuyito, municipio Libertador de Carabobo.

Y es que estos centros de detención preventiva o retenes policiales no fueron diseñados para albergar presos por más de 48 horas. Eso es lo que establece la ley venezolana. El retardo procesal y la falta de espacios en las cárceles han hecho que se conviertan en pequeños penales con numerosos problemas que se repiten en todo el territorio nacional.
Además hay una serie de irregularidades como corrupción policial, hacinamiento, baños insuficientes, falta de espacios para las visitas y la recreación, tampoco tienen comedores ni cuentan con presupuesto para alimentar a las decenas de detenidos y muchas veces ni siquiera tienen agua para la hidratación o para el aseo personal.
“Eso es un infierno allá adentro. Viven como si no fueran seres humanos”, refiere Pérez, minutos después de que le notifican que hay presos que esperan por la cedulación en el Saime de Los Colorados, en Valencia, para que se concrete luego su traslado. “Pero allí no hay material para las cédulas de identidad y hay que esperar hasta el lunes”.

El día que ocurrió el incendio en PoliCarabobo tenían a 273 presos en los calabozos, entre ellos funcionarios policiales de diversos cuerpos de seguridad, detenidos por casos diversos. Ellos permanecían en un ala retirada donde se produjo la mortandad, confirmó una fuente que pidió mantener el anonimato.
“En el comando conocido como La Zulia en Puerto Cabello –que también es de PoliCarabobo- hay más de 700 presos y en Plaza de Toros –al sur de Valencia-, donde están los calabozos del Cicpc, no cabe uno más”, añadió.
Caso de estudio

Este fenómeno de las pequeñas prisiones ha sido caso de estudio para investigadores, académicos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos de los detenidos en Venezuela. Muchas han sido las advertencias que han hecho quienes siguen de cerca la delicada situación.
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, lleva 20 años detrás del problema para proponer soluciones. Explica que estos centros de detención preventiva son espacios transitorios que, lamentablemente, se han convertido en sitios permanentes.
Esta ONG calcula en más de 250% el hacinamiento  en los centros de detención preventiva que ha estudiado a lo largo de más de año y medio en estados como Táchira, Lara, Zulia, Carabobo, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Apure, Bolívar , Falcón y la región capital.
“El procedimiento debería ser que una vez que el policía detiene al delincuente, lo lleve a ese lugar y permanezca bajo su custodia en las próximas 48 horas, lapso en que la persona debe ser llevada ante los tribunales a la audiencia de presentación. Allí el tribunal decide si lo deja libre o queda preso. Si el tribunal considera que debe estar preso, designa entonces un lugar de reclusión que generalmente es un centro carcelario”, expone Nieto Palma.

Aunque este es el deber ser, no es lo que ocurre por lo general. Ahora los detenidos quedan por largos meses esperando sus traslados desde pequeñas celdas en comandos policiales de cuerpos de seguridad regional, municipal y de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Incluso, hay pequeños comandos donde el hacinamiento los desbordó y tienen presos con esposas atados a sillas en pasillos y en oficinas administrativas, tal y como ocurre en el comando de la Policía Municipal de Valencia.
Pero este problema también involucra a los funcionarios policiales que no fueron capacitados para lidiar con este tipo de situaciones.
“A veces hacemos magia para que todos coman, descansen en sábanas o pequeñas colchonetas. Ahora nos culpan de todo a nosotros los policías”, dijo un uniformado con mirada triste afuera de PoliCarabobo.

“Las cárceles necesitan un personal calificado que sepa de eso, como penitenciaristas, profesionales con credenciales académicas, tal como lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República, porque los policías no están preparados para atender a los presos”, refiere Nieto Palma.
“Uno de los problemas que estamos viviendo es que 30%, aproximadamente, de los policías, del Cicpc, Guardia Nacional y Sebin, se encuentra en comandancias cuidando presos, en vez de estar en las calles custodiando a la ciudadanía”, agrega el director de Una Ventana a la Libertad.
El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere lo siguiente:
“Sistema penitenciario. El Estado venezolano garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna, y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales, o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización.

En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria.
El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex-interno o ex interna, y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
Anteriormente, las cárceles en el país se dividían –en teoría- en internados judiciales donde iban los procesados y en centros penitenciarios que eran los sitios para los penados. “Hoy en día esa diferencia no se da”, afirma Nieto Palma.
Descongestionar retenes policiales

Desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios han informado en varias ocasiones que realizan operativos especiales para descongestionar estos pequeños espacios de reclusión en comisarías y retenes.
El 14 de noviembre de 2017, 166 detenidos de los diferentes comandos policiales y militares de Carabobo fueron trasladados al Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, con el fin de que se integren al nuevo régimen penitenciario, según informaron las autoridades en ese momento.
Movilizaron presos desde la Policía Municipal de Libertador, Policía de Carabobo, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En esa oportunidad, la ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, dijo que había 400 privados de libertad que tenían los requisitos exigidos por la ley para que puedan ser trasladados a los centros carcelarios correspondientes.
Sin embargo, en esa jornada sólo se movilizaron 130 hombres y 36 mujeres; al resto lo trasladarían posteriormente, afirmó la funcionaria.
Contreras mencionó, en esa oportunidad, que el Ministerio y la Autoridad única de Traslados de Carabobo trabajaban en este proceso y que habían conversado con los presos para que “tengan tranquilidad y confianza” de que en el centro penitenciario a donde serían llevados, tendrían garantizados sus derechos y además recibirían “atención jurídica e integral”.
Contreras también dijo que este proceso comenzó a solicitud del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, de resolver los problemas que se están presentando en los centros de detención preventivos, tanto policiales como militares.
Dijo que Lacava además pidió apoyo al “Plan Cayapa” que lleva adelante el Ministerio de Servicio Penitenciario para que antes de que terminara el 2017, se pudieran revisar “la mayor cantidad de causas de los detenidos del estado Carabobo”.
Cinco funcionarios detenidos

El sábado 31 de marzo, el Fiscal General nuevamente se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre el caso de la Policía de Carabobo que ha sido noticia por la mortandad que dejó y la escasa información oficial de los hechos hasta la fecha.
De acuerdo a William Saab, cinco funcionarios fueron aprehendidos por ser presuntamente responsables de la tragedia, entre ellos se encuentra el subdirector del cuerpo policial, comisionado José Luis Rodríguez.
Los uniformados fueron detenidos por el Cicpc, según comentaron a El Estímulo allegados a uno de ellos.
En la lista de los aprehendidos también figuran el jefe del retén comisionado José Antonio Carrera Loaiza, el supervisor jefe Aníbal Antonio Padrón Pachecho, el oficial José Rafael Colina Palencia y el oficial Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.
Todos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, según la solicitud de aprehensión de la Fiscal 28, con competencia en Derechos Fundamentales, Triana Simancas; la Fiscal 35 con competencia en Derechos Fundamentales, Johana Moreno; el Fiscal provisorio 27, con competencia en Homicidio y Mala Praxis Médica, Jesús Yépez.
Los cinco funcionarios detenidos se encuentran en la sede del Cicpc en Las Acacias, al norte de Valencia. También ha circulado la versión de que el director del organismo policial, José Aldama, fue destituido por el gobernador Lacava, pero hasta ahora no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.
Nuevamente es noticia

Por cierto que este comando policial, el más grande de Valencia y que está ubicado en la calle Navas Spinola, vuelve a convertirse en noticia de impacto nacional e internacional luego de ocho años.
El 19 de abril de 2010, la opinión pública fue sorprendida muy temprano en la mañana por el anuncio de que el boxeador Edwin “El Inca” Valero, detenido el día anterior en un hotel al norte de Valencia, después de supuestamente haber asesinado a su esposa, Jennifer Carolina de Valero, se había ahorcado en una pequeña celda –ubicada en el ala opuesta de donde ocurrió la tragedia e incendio en 2018.
En esa oportunidad, el director del Cicpc, comisario Wilmer Flores Trosel, informó a los medios de comunicación que el Inca Valero acabó con su vida ahorcándose con un pantalón de blue jean.
Un día antes algunos periodistas lograron ver al pugilista luego de ser interrogado en PoliCarabobo pocas horas después del homicidio de su esposa, con un rostro que reflejaba aún la intoxicación que supuestamente presentaba. Antes de que pasaran 24 horas, ya estaba muerto.]]>