A las puertas de El Helicoide, la Asamblea Nacional de mayoría opositora tuvo una sesión especial en compañía de los familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos quienes recordaron el sufrimiento de los encarcelados en la sede de la policía política.
Con una bolsa llena de comidas en envases plásticos, Patricia de Ceballos esperaba entrar al centro de reclusión, en compañía de otros familiares, sin embargo una vez más le dijeron «No». Fueron unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y una femenina del Sebin, encapuchada y con una metralleta colgando de su hombro. Esta es una de las tantas irregularidades así como la negativa a presentar a los presos ante tribunales, atender las órdenes de excarcelación emitidas a favor de los encarcelados, torturas o no dar agua a mujeres que están en los calabozos.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, explicó que la sesión busca “ser la voz de los que se encuentran en El Helicoide”, donde hace una semana más de 120 presos políticos y comunes protagonizaron un motín de dos días, exigiendo mejoras en sus condiciones de reclusión y denunciando el «secuestro» en el Sebin.
Solórzano denunció ante periodistas que diez presos -políticos y comunes- se mantiene encarcelados por la policía de Nicolás Maduro, a pesar de poseer órdenes de excarcelación por los tribunales.
“El pueblo debe conocer de primera mano lo que viven los presos políticos que tienen boleta de excarcelación y que deberían estar en libertad”, aseguró.
La diputada aclaró que el motivo de la sesión ha sido el de levantar las denuncias de los familiares para incorporarlos a los expedientes de la Comisión de Política Interior para llevarlos a la plenaria.
Sobre el caso de Dylan Canache explicó que están intentado que se reciba la documentación porque aparentemente se perdió la boleta de excarcelación y fue llevado a Coche por lo que esperan una pronta liberación.
En compañía de Ramona Rangel de Larez, esposa del ex alcalde del municipio Campo Elías, Omar Larez y madre de Juan Pedro Larez, quien a juicio de Solorzano, el único crimen del joven de 22 años fue ser hijo de un alcalde opositor. Por su parte Rangel le declaró a El Estímulo que se ha vuelto rutinario ver a todas las madres temblar, sin embargo la mujer admitió mantenerse sólida «Aunque nos duelen las entrañas, nosotras las madres que sufrimos la ausencia de nuestros muchachos tenemos que dejar el miedo en otro lugar, digan lo que digan somos unas valientes.
Theresly Malavé, abogada y miembro de una coalición de organizaciones de derechos humanos, denunció que los presos políticos se mantienen incomunicados tras el motín.
Confirmó que las fuerzas se seguridad obligaron a un grupo de reclusas a abandonar una huelga de hambre para exigir que sean atendidas sus denuncias. Denunció que una de ellas mantiene la protesta a pesar de que los agentes niega el agua y la entrada de insumos como toallas sanitarias.
Abogados y familiares de presos como Villca Fernández y Ángel Vivas denunciaron que presentan problemas de salud. Dijeron que el Sebin se niega a atender las solicitudes para trasladarlos hacia centros de salud para que sean atendidos.
Jorge Fernández, padre de Villca, detalló que este martes cada familiar pudo detallar el drama que viven sus allegados «Hay vejaciones contra nosotros y constantemente, porque nos ha cambiado la vida, en la que nuestros proyectos y y deseos pasaron a segundo plano, por el tweet de mi hijo».
El señor que se dedica a la artesanía advierte que tanto él como su hijo son vegetarianos ¿Mi hijo no puede comer carne y lo van a obligar? el tiene que resolver y yo tengo que ver como me traslado de Mérida hasta acá y todo es muy costoso. Más de un millón de bolívares. Es muy difícil».
El miércoles de la semana pasada, un motín protagonizado por sus presos derivó en el traslado de 72 de ellos a otros centros penitenciarios del país, en una lucha donde, además de la exigencia de movilización, denunciaron el caso de varios de ellos que cuentan con boleta de excarcelación, pero que aún siguen privados de libertad.
Los presos han pedido en repetidas ocasiones la visita de la representación del Ministerio Público, así como de elementos de la Conferencia Episcopal Venezolana, quienes servirían como mediadores.
Además, cuatro menores se encontraban en El Helicoide. Tres de ellos fueron puestos en libertad, mientras que el restante fue llevado a un centro de menores.
En la sesión también participaron diputados de la comisión de Régimen Penitenciario. Al final de esto a la ex alcaldesa de San Cristobal le permitieron entregar la comida para su esposo, mientras era observada con detención por los funcionarios, tras haber denunciado la serie de irregularidades que sus familiares sufren.]]>
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