El Tribunal Supremo venezolano en el exilio declaró este miércoles nulas las elecciones presidenciales de mayo pasado, en las que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025, y pidió a la Fiscalía General investigar a la autoridad electoral de ese país.
El magistrado Antonio Marval expresó hoy a Efe que los miembros del Tribunal Supremo que se vieron obligados a salir del país, tras ser nombrados por el Parlamento, de mayoría opositora, y residen ahora en el exterior, ordenaron la «anulación» de los comicios e investigar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por fraude cometido en el sistema electoral.
El recurso, interpuesto ante el tribunal por la ciudadana Adriana Vigilanza García en contra del sistema electoral, declara «nulo el uso del sistema automatizado de votación y escrutinio para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos y otras elecciones».
Ordena, además, iniciar investigaciones para establecer la responsabilidad penal de los directivos del CNE por los presuntos delitos electorales.
Maduro ganó las elecciones con más de seis millones de votos, más de cuatro millones que el segundo, el exgobernador Henri Falcón, en unos comicios que registraron una abstención de cerca del 54 %, una de las más altas de la historia del país.
Falcón no ha reconocido el resultado y diez días después introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela un recurso para impugnar las presidenciales que todavía no ha recibido respuesta.
Los magistrados del TSJ en el exilio, y al que autocalifican de legítimo, urgen además a la Asamblea Nacional que inicie el proceso de selección y designación de nuevos rectores del CNE, «garantizando árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos».
Instruye, de igual forma, implementar un sistema de votación y escrutinio manual, con preeminencia del voto físico o papeleta electoral, en el que el uso de la tecnología «sea auxiliar y solo en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto».
El texto de la resolución insta además a la depuración y actualización del Registro Nacional Electoral antes de realizar cualquier otra elección, argumentando su inconsistencia.
Por otro lado, ordena la participación obligatoria en este proceso de depuración, de las universidades, los partidos políticos, los grupos de electores y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
La resolución de Tribunal «en el exilio» está firmada por los magistrados Rommel Rafael Gil, Domingo Javier Salgado, Álvaro Fernando Rafael Marín e Idelfonso Ofill Pino.
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