A finales de mayo los ministros ya alcanzaron un acuerdo político para adoptar nuevas «medidas restrictivas» contra Venezuela, mediante la ampliación de la lista de las personas ya sancionadas.
En su opinión, «las prohibiciones y otros obstáculos» a la participación de la oposición, así como el «incumplimiento de estándares democráticos», la «coacción electoral» y el «acceso desequilibrado a los medios», llevaron a unas elecciones cuyo resultado a su juicio «carece de credibilidad».
Está previsto que el lunes el Consejo de ministros comunitarios dé luz verde a las nuevas sanciones y detalle quién pasa a engrosar la lista.
«En mayo el Consejo tomó clara posición sobre los últimos acontecimientos y dijo que actuaría rápido en ese sentido», señalaron fuentes comunitarias.
El pasado enero los ministros ya decidieron sanciones contra siete altos cargos del gobierno de Maduro por la «represión» en el país, entre ellos su «número dos», Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
Estas medidas restrictivas se sumarán así a las impuestas en noviembre, consistentes en un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la «represión interna» en Venezuela.
La UE siempre ha sostenido que las sanciones «selectivas» no son un fin en sí mismo y que con ellas pretende, sin perjudicar a los ciudadanos, incrementar la presión sobre el gobierno de Caracas para que busque una salida democrática a la crisis que vive el país.
En su última reunión en mayo, los ministros pidieron reconocer la independencia de todas las instituciones venezolanas elegidas democráticamente y especialmente de la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos y la defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por otra parte, los ministros de Exteriores de la UE, acompañados de sus homólogos de Defensa, abordarán mañana otras cuestiones como la futura situación del cuartel general de la operación naval europea Atalanta contra la piratería en aguas del océano Índico tras el «brexit» en 2019, ya que actualmente se encuentra en la localidad británica de Northwood.
España quiere asumir el mando de Atalanta en la base de Rota, que se convertiría en el quinto cuartel estratégico de Defensa de la UE junto a París, Postdam (Alemania), Roma y Larissa (Grecia), aunque Italia también presentó una iniciativa para asumir la operación.
«Habrá que esperar a mañana pero estoy seguro de que las cosas avanzan de forma muy constructiva», indicaron fuentes comunitarias.
Otras fuentes europeas indicaron a Efe que se trata de que los países lleguen a un acuerdo y que se espera mañana un «anuncio político» del Estado miembro concernido.
La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, manifestó en Sofía a principios de mayo «la necesidad de encontrar consenso» y confió en que se llegue a una decisión unánime.
La decisión formal sobre esta cuestión se espera que la tomen los líderes de la UE en su cumbre de los próximos jueves y viernes.
Además, se espera que los ministros europeos acuerden las normas de gestión de los proyectos que se desarrollen en el marco de la cooperación reforzada en Defensa (PESCO), una iniciativa de España entre otros Estados miembros para avanzar más en el ámbito militar.