Aseveró que con las gestiones del Poder Legislativo en el extranjero se logró conseguir el apoyo de 20 países en el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para invocar la Carta Democrática de la OEA, lo que haría que el Gobierno venezolano fuera suspendido del bloque regional en 2016.
«De eso han pasado dos años e independientemente que el régimen ha acentuado su tiranía, así como desestimado por completo la presión internacional, que ha sido democrática y de advertencia civilizada, hemos aumentado y crecido a escala internacional porque no hay ningún foro que ya no toque el tema venezolano», resaltó.
Para el parlamentario, la llamada Declaración de Quito es parte del trabajo fuera de nuestras fronteras y agregó que en el caso del Parlasur, «se llegó a una decisión unánime de estar preocupados sobre la causa venezolana, cosa que no habían hecho antes, siendo la Unión Europea quien visito primero la frontera con Colombia para ver la situación», que posteriormente trajo como consecuencia una supervisión más profunda del ente hemisférico de lo que ocurre en Venezuela.
«El Saime ha actuado con vehemencia y sectarismo político porque no solamente le negó el pasaporte a muchos venezolanos y su renovación, sino que también entre esos estamos los diputados, quienes nos anularon el pasaporte, dejaron que se nos venciera y no nos permitieron hacer nuestros trámites, todo enmarcado en el tipo político y eso está comprobado, que hay una orden superior de Maduro que impide que los parlamentarios tengan su pasaporte como cualquier ciudadano», reclamó.
Calificó de exitoso el hecho de que esos 11 países aceptaran documentos vencidos provenientes de Venezuela debido a la dificultad que existe para su renovación, así como los mecanismos más flexibles para poder apostillar, con lo que pueden ejercer su profesión en otros países y permitir la inserción de venezolanos en la vida diaria de cada una de esas naciones.
«Ya la comunidad internacional ha hablado, le toca a Maduro entender la problemática y que no puedes seguir en esta política que no es más que una estrategia de secuestro, confiscación y destierro, que es violatoria de los derechos humanos y que se convierte un delito de lesa humanidad», finalizó según información de nota de prensa.
