Venezuela

La ONU se suma como obstáculo en el oscuro camino de Maduro

Dicen que la tercera es la vencida y para Nicolás Maduro los dos golpes internacionales durante la última semana dieron su última estocada cuando se añadió uno más al grupo. Esta vez, el turno fue de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la aprobación de una primera resolución sobre la crisis humanitaria en Venezuela

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EFE

Este hecho, inédito por demás, añade una piedra más al camino del mandatario venezolano para salir ileso en medio de un trayecto de acusaciones y números de inflación, escasez y miseria en aumento acelerado. Con 23 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, la plenaria del Consejo con sede en Ginebra, Suiza, aprobó un primer documento en donde oficialmente se reconoce la existencia de una crisis humanitaria y migratoria en Venezuela. La resolución urge al gobierno de Maduro a una rendición de cuentas en futuras sesiones con respecto a la crisis nacional.

Además, la recién nombrada Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet adquirió un mandato para hacer un seguimiento al tema, razón por la que solicitó posteriormente la entrada a Venezuela y Maduro no tuvo más opción que aceptarla públicamente. Esto no es nuevo, ya el ejecutivo venezolano accedió, solo en palabras, a permitir la entrada al territorio de entes internacionales, pero nunca se tradujo en acciones.

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels contó que no le sorprendería que esa visita nunca ocurra y calificó las declaraciones de Maduro como falsas. “Si un comisionado viene a Venezuela va a tener que escuchar a todas las partes: oposición, gobierno, ONG’s y eso es algo que a él no le interesa que pase”.

También explicó que esta resolución tiene un carácter vinculante en donde se urge al Estado venezolano a aceptar la existencia de una crisis humanitaria. “Para los que piensan que lo que saca la ONU es ‘papel mojado’, no es así porque esa resolución va a servir de insumo para la demanda que introdujeron cinco países contra Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI)”.

Venezuela es miembro de la Comisión y por tanto “debería contar con los mejores estándares de protección a los derechos humanos. Es lamentable que sean terceros países miembros los que le llamen la atención a Maduro”. La resolución no implica sanciones o intervenciones porque no contiene orientaciones de seguridad, pero el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, no tardó en catalogarla como un “escalada intervencionista” para conseguir la caída del gobierno venezolano.

Por su parte, Claudio de la Puente, embajador de Perú, afirmó que había llegado el momento de que el “Consejo atienda a una situación que ha provocado el éxodo de unos dos millones de venezolanos que han buscado acogida en otros países de la región” y aseguró que el propósito de esta iniciativa era “dar voz a millones de venezolanos que padecen una crisis humanitaria sin intenciones de injerencia”.

“Esto es como cuando pasa un huracán en algún país que luego pide ayuda. El gobierno de ese país pide ayuda porque sabe que la culpa del desastre no la tiene él. En este caso, El huracán lo ha provocado el mismo gobierno que se niega a reconocer todo lo que pasamos a diario en Venezuela”, explicó Daniels. Para él, el marco de acción internacional sobre el país caribeño es mayor. “La situación para el gobierno no es fácil, es una terrible derrota para él”.

Por otro lado, el Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Eduardo Trujillo consideró que la consecuencia  que esta resolución tendría en el país es que el Estado «admita la crisis humanitaria y actúe en favor de las víctimas en consecuencia, sin embargo, dudo que ello ocurra. Ante el mandato que se le ha dado a la Alta Comisionada para trabajar expresamente sobre el tema venezolano, la falta de colaboración por parte del Estado, hará mucho más evidente una realidad humanitaria que es inocultable y eso pudiese devenir en consecuencias indeseadas para el gobierno venezolano, siempre en el marco del derecho internacional».

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