Venezuela

Revelan que Fernando Albán nació en Colombia y después vino a Venezuela

Joel García, abogado del concejal Fernando Albán y Juan Requesens, reveló que el edil que murió el pasado 8 de octubre en las inmediaciones de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) nació en Colombia y sus padres tienen esa nacionalidad.

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Foto: Twitter/Archivo

Así lo manifestó García en NTN24 , en donde dijo que Albán nació en la ciudad de Palmira y fue traído por sus padres a los 4 años de edad a Venezuela. Considera que podría darle un giro al caso porque existe la posibilidad de que las autoridades colombianas puedan pedir una investigación sobre el caso «siendo nacional colombiano».

Dijo que es posible que pidan un amparo o protección al Gobierno de Bogotá, yendo a la embajada del vecino país que está en Caracas.

Indicó que hay un caso nuevo en torno a Fernando Albán para poder esclarecer las circunstancias de su muerte y resaltó que si la familia le pide a él llevar la causa, lo hará.

Recalcó que aunque no tuvo la cédula colombiana, sí nació en esa nación y dijo que para ser concejal se puede tener dos nacionalidades según lo establecido en las leyes, excepto en aquellos altos cargos como por ejemplo la Presidencia de la República.

Por otro lado, señaló que las presuntas pruebas de la Fiscalía contra el opositor son desde su muerte «totalmente ilícitas».

García dijo a Efe que «los videos y contenido del teléfono del que habla el fiscal (designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, si son ciertos, puedo decir que son pruebas totalmente ilícitas» debido a la «extinción de la acción penal».

El abogado detalló que en vista de que no se había presentado tal evidencia, con el fallecimiento de Albán cesó cualquier acción penal sobre su defendido y «si él (Saab) obtuvo posterior a la muerte ese contenido, está violando la ley, porque no hay acción penal contra esa persona», explicó.

Dirigentes opositores cuestionan la hipótesis del suicidio de Albán y aseguran que este fue «simulado» para «ocultar torturas» que, denuncian, le habrían ocasionado la muerte al político.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso.

Con información de EFE

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