Iván Simonovis sigue "invisible" para el sistema judicial a 14 años de su arresto

También se detuvo a los comisarios de la Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero y a siete funcionarios de ese cuerpo. Fueron sometidos a un juicio que duró tres años y que fue radicado en el estado Aragua, presidido además por quien hoy ostenta el cargo de Magistrada, la juez Marjorie Calderón y donde el hoy presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno, tuvo una participación importante al ser el togado que ordenó la captura de estos funcionarios. Moreno había sido además defensor de Richard Peñalver, uno de los denominados “Pistoleros de Puente Llaguno”.
Así, Simonovis, Vivas y Forero fueron condenados a 30 años de cárcel, acusados de homicidio en grado de frustración, por las 19 muertes de aquel 11 de abril de 2002. También los funcionarios Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina y Héctor Rovaín recibieron una condena de 30 años, al igual que el sargento Julio Ramón Rodríguez que posteriormente fue liberado bajo una medida humanitaria.
Mientras que al cabo primero, Arube Perez se le condenó a 17 años y 10 meses de prisión, al comisario Marco Hurtado le fue dictada una sentencia de 16 años y 8 meses y la de Ramón Zapata fue de tres años. Fue liberado cuando ya había cumplido cinco años preso. 
Los comisarios Vivas y Forero recibieron medidas sustitutivas de libertad en 2011, mientras que Simonovis recibió casa por cárcel en septiembre de 2014.

Es por esto que su esposa, Bony de Simonovis, junto a defensores de derechos humanos y abogados, organizaron un foro el 22 de noviembre de 2018 para relatar lo que han vivido durante estos 14 años.
Representante diplomáticos de 17 países estuvieron presentes y escucharon de primera voz los relatos de los familiares de estos policías. Ellos conforman la lista de 402 presos por razones políticas que incluyen a 12 políticos, 163 militares y 199 personas de la sociedad civil (entre ellos cinco menores de edad y nueve estudiantes), lo que demuestra, según la abogada Ana Leonor Acosta, cómo ha “evolucionado” el concepto de “preso político” en Venezuela.
En todos estos casos hay elementos que se repiten: la violación del debido proceso y el derecho a la defensa; son detenidos por cuerpos de seguridad dedicados a labores de inteligencia (Sebin o la Dgcim); son arrestados además sin orden de captura; son torturados antes, durante o después de su aprehensión y son condenadas públicamente por el gobierno antes de que la justicia se pronuncie.

Para la esposa de Simonovis han sido 14 años de lucha por justicia. Una justicia que no llega. Su esposo hoy presenta 19 patologías. La más grave, una osteoporosis que hace que sus huesos sean como una “galleta”, según explica. Aún así, no ha recibido atención médica por parte de doctores de confianza.
“Mi esposo de sometido a ratos crueles y degradantes. Hoy, tiene casa por cárcel. Han convertido este hogar en una cárcel para todos”, dice la también abogada y que lleva la causa de su esposo.
Simonovis tiene un grillete electrónico y hay oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) apostados las 24 horas en la puerta de su casa. Además, debe tomarse una foto tres veces al día con un periódico “pro gobierno”.
Hay que recordar que el ex Magistrado Eladio Aponte Aponte, asilado en Estados Unidos, llegó a confesar que ratificó la condena de los comisarios y policías “por orden” del entonces presidente, Hugo Chávez.
Sin embargo, esas declaraciones no tuvieron ningún efecto. La situación de estas familias permanece igual: sus esposos, padres, hermanos o hijos, detenidos en una casa o en una cárcel militar como Ramo Verde. 
“Hemos perdido momentos importantes de familia. Han tenido que pasar la muerte de un familiar desde lejos; han perdido el trabajo; han sido sometidos al escarnio público”, dice Bonny que agrega que su esposo, “se ha vuelto frágil y según los médicos, sus huesos son los de una persona anciana”, aunque el excomisario tiene 58 años. 

A estas alturas, Bony Pertiñez de Simonovis pide que se le otorguen las medidas de redención de la condena y que su esposo pueda tener su libertad, que pueda trabajar y recuperarse, esto a través de una autorización que deben firmar los ministerios de Asuntos Penitenciarios y de Interior y Justicia para que el Tribunal de Ejecución la haga efectiva pero dichas firmas, no llegan.
“Ellos (comisarios y policías) no existen para este sistema judicial”, sentencia Bony. 
Este foro les permitió solicitarle formalmente a los representase diplomáticos, en especial a España puesto que ella y sus dos hijos tienen la nacionalidad, que exhorten al gobierno venezolano para que dejen en libertad a estos funcionarios. “Nos convertimos en el eco de la necesidad de justicia que clama el país”, sostiene Simonovis.
También se les solicitó que intervenga para exigir al gobierno el cierre de la denominada “La Tumba”, la cárcel que queda en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en la capital del país. 
Bony aprovechó para volver a rechazar lo ocurrido el 21 de noviembre cuando efectivos del Sebin ingresaron en su hogar y se llevaron a su esposo, precisamente a esta sede para practicarle unos exámenes, cosa que no ocurrió. Calificó el hecho como un “circo” y asegura que seguirá acudiendo a las instancias necesarias para que su esposo sea visto por sus médicos de confianza. 

Lo ocurrido el miércoles forma parte de lo que ella considera sin torturas. “La gente cree que cuando se habla de torturas solo son heridas físicas. Hay heridas emocionales con las que han quedado marcados ellos (funcionarios) y sus familias”, dice.
Está segura que la justicia llegará y que llegará “sin venganza y sin persecución. Como defensores de derechos humanos tenemos la responsabilidad de no permitir que se vuelva a dividir, más nunca, a este país”. 
Mientras esa justicia llega, Bonny aseguró que seguirá haciendo lo mismo que ha hecho durante estos 14 años: “resistir, resistir y documentar”.]]>