Su nombre es uno de los muchos que están en la lista de involucrados en los Panama Papers y en donde también se asoma el de su esposo, Adrián Velásquez.
Díaz Guillén se incorporó al gobierno chavista en 2001 como parte de la Guardia de Honor, labor que cambió al sumarse a al cuerpo de médicos del mandatario en 2003 luego de obtener el título como enfermera. Fue en esa etapa en la que se relacionó más con Chávez, algo que en principio consideró «meramente profesional».
Sin embargo, en entrevista con la BBC añadió que «durante los 8 años que trabajé directamente con él en las funciones de enfermería se creó una relación de respeto y amistad».
Pero de la noche a la mañana su trabajo en el área médica se sustituyó por el del manejo económico, con el puesto de tesorera entre los años 2011 y 2013.
Mientras ejercía bajo las órdenes del aquel entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, Díaz Guillén vio el cambio de mando obligatorio en el poder cuando Chávez se acercaba al final de sus días, situación que, según su denuncia, trajo una alteración total de la dinámica que alguna vez tuvo.
«En la última etapa de su enfermedad es cuando el ministro (Giordani) y yo nos vemos sometidos a unas fuertes presiones por parte del alto gobierno, que en ese momento Chávez no lo podía ejercer directamente, ya en los últimos meses de su enfermedad, en los últimos meses de 2012. Y es cuando comenzamos a recibir unas instrucciones totalmente ajenas a la ley, y el ministro y yo nos negamos rotundamente», dijo. «Una vez que muere Chávez -el 5 de marzo de 2013- se intensifican las instrucciones ajenas a la ley hacia el ministro y hacia mí, y nosotros, rotundamente, decimos que no, que no vamos a alinearnos a esas peticiones».
Para la enfermera, «dicen que el gobierno de Maduro es una continuidad del gobierno de Chávez, lo cual que es totalmente falso, porque ellos empezaron a emitir unos lineamientos contrarios a los que veníamos llevando apegados a la ley».
Al separarse de la administración de Maduro, dio el salto a España, donde se fue para ejercer junto a su esposo, quien, relató, fue amenazado para que saliera de Venezuela. Antes, Velásquez decidió » crear esas sociedades en Panamá para preservar el patrimonio y por las diferentes fluctuaciones cambiarias. Él tenía una empresa en Venezuela, y esa empresa tenía contrataciones nacionales e internacionales y por ese motivo se vio obligado a crear una empresa en Panamá».
Hoy son exigidos por el país que los vio amasar una fortuna, pero la negación sigue ahí, motivada por mañas que se le atribuyen a los cuerpos de seguridad del Estado.
«Venezuela no busca justicia, nos quiere tener y llevarnos allí para exhibirnos como unos trofeos políticos», reveló, además de denunciar que «nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado».