El virus de la violencia se ha expandido a lo largo y ancho de Venezuela, y desde el lado del gobierno el esfuerzo por darle coto ha sido insuficiente. En la zona fronteriza, el problema fue más allá, con el asentamiento de focos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y la disidencia de las FARC.
Por lo menos 10 estados del país los padecen. Así lo denunció Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, en la presentación del informe anual, evento que contó con ponentes vinculados a la crisis en la materia, quienes expusieron las graves consecuencias del caso.
Estos grupos, a juicio del representante de la organización, «son un brazo armado» para la defensa del gobierno de Nicolás Maduro, además de desarrollas sus actividades con total impunidad.
El especialista recordó que 105 personas secuestradas entre 2002 y 2018 se encuentran aún cautivas, como parte de las acciones libres por la zona que limita a Venezuela y Colombia. Las autoridades nacionales, con implicación en las fechorías de estos grupos, según reclamó Tarazona, no logran cerrar la puerta al caos.
Los grupos irregulares tienen presencia en el país desde por lo menos 30 años. La afirmación fue de César Pérez Vivas, exgobernador de Táchira.
«Fue el fallecido Chávez, el encargado de cambiar la relación con los comandos guerrilleros, pasando a ser una tarea de cooperación entre las partes», manifestó.
La construcción de un ideario bolivariano-marxista, según Pérez Vivas, fue clave para la intervención guerrilla. Además de esto, el exgobernador añadió que la influencia cubana en la idiosincrasia chavista potenció el proceso, con Fidel Castro convirtiendo a Chávez en punta de lanza para relanzar el movimiento marxista-leninista en la región.
Con un paso sin irregularidades por parte de los grupos en suelo venezolano, la corrupción llegó a los rincones de las fuerzas armadas. José Machillanda dio más detalles del caso. El doctor en Ciencias Políticas aseguró que en la década de 1970 el exlíder cubano dio sus primeros pasos para incluir su idea dentro de la institución castrense.
El daño tiene nombre para Machillanda: Estado Cuartel, para él el mejor aliado de la economía paralela y alimentado por el vínculo entre los grupos delictivos y las fuerzas nacionales. «El jefe militar no es jefe militar, es gobernante. Es instrumento de gobierno», denunció. «En su función establece una relación prioritaria y fundamental con el mal de la droga».
El experto añadió que el proceso en el que estos también desatan sus demonios en el plano económico está ligado al negocio de narcóticos. La sustancia, en su mayoría cocaína y marihuana, se produce en Perú, Bolivia y Colombia, y se almacena y distribuye desde Venezuela.
En este último punto son los grupos irregulares y los miembros de las fuerzas, dijo Machillanda, lo que concretan la transacción.
Esto aún sigue en pie, expresó Franklyn Duarte. El diputado comentó que la situación ha roto con todo tipo de armonía dentro de los grupos castrenses venezolanos, algo de lo espera apoyarse la Asamblea Nacional para sumar a cada vez más funcionarios en su proceso de generar un cambio en el poder.
«La fuerza armada está quebrada», indicó. Su juicio, una gran parte está en desacuerdo con la presencia de estos grupos en Venezuela, pero los altos generales los apoyan, supuestamente por estar involucrados en acciones de narcotráfico.
«Incluso en esa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima hay constituyentes que son jefes guerrilleros», agregó.
El resultado, una fuerza cada vez más poderosa, tanto como la impunidad en el país.
Los grupos irregulares llegaron a tal punto que las denuncias sobre su accionar en el territorio nacional no son pocas, yendo desde su incursión en la minería ilegal hasta el tráfico de gasolina.
Su alcance ha sido tal que Tarazona reclamó que el ELN tuvo bajo su poder hasta cinco emisoras de frecuencia modulada, cuya señal llegó a seis estados. Además, su presencia se extendió hasta las escuelas de las zonas fronterizas, estados en los que aún tienen participación directa en la entrega del CLAP.