Cúpula chavista queda en una encrucijada por sanciones internacionales
Desde Nicolás Maduro, pasando por la primera combatiente, Cilia Flores; el segundo de a bordo, Diosdado Cabello, los jefes militares y de inteligencia, miembros del poder electoral, del máximo tribunal de justicia y otros organismos del Estado, cuentan con sanciones directas de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea, lo que les restringe el ingreso a los países del mundo occidental o de movimiento de cuentas bancarias. El castigo a la cúpula gobernante… ¿los aferra al poder o podría ser una vía para escapar del régimen que ayudaron a construir?
Las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otros países alcanzan a cerca de 80 figuras del chavismo. Entre las principales razones para pertenecer a estas listas de castigados están vinculadas a la violación de Derechos Humanos, por aplicar medidas anticonstitucionales en Venezuela, corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.
Desde 2014, Estados Unidos comenzó a aplicar medidas directas a funcionarios venezolanos que incurrían en algunas de estas violaciones señaladas. Desde el gobierno de Maduro se promovía que eran medidas en contra de Venezuela, pero el efecto es individual y le impide al señalado cualquier aspiración fuera de Venezuela.
El 18 de diciembre de 2014, el entonces presidente Barack Obama promulgó la ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, patrocinada por el senador Robert Menéndez, la cual impone sanciones a personas responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Esa ley permite que EEUU imponga sanciones contra cualquier persona, en especial funcionarios del gobierno, que haya perpetrado o sea responsable de dirigir actos de violencia o graves abusos de los derechos humanos. Esa ley se aprobó a partir de la fuerte represión contra las protestas que se iniciaron en febrero de 2014.
A partir de esa fecha se restringieron visados y se congelaron cuentas bancarias y bienes en EEUU a altos funcionarios, empresarios y militares vinculados al lavado de dinero y a la corrupción en negocios ilícitos con el gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente Obama declaró una emergencia nacional respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos que supone la situación en Venezuela.
El 18 de enero de 2018, la Unión Europea y sus países asociados se incorporaron a la aplicación de medidas a funcionarios venezolanos sancionando a 18 de ellos como responsables del deterioro de la democracia en el país.
Ya en 2017 la Unión Europea había aprobado un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado para la represión de civiles en Venezuela.
A estas sanciones se agregaron Canadá, Panamá, México, Suiza y la Comunidad Europea en 2018 con medidas contra altos funcionarios y miembros de la esfera política y a empresas que operan desde Panamá.
Estas nuevas medidas se sumaron a la llamada “Lista Clinton” que son las empresas y personas vinculadas al tráfico de drogas que maneja la Oficina de Control de Bienes Extranjeros en Estados Unidos, creada en 1995, y contiene el nombre de numerosos funcionarios venezolanos vinculados a tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre ellos se destacan altos funcionarios y militares, entre los que aparecen en la temida lista están el ministro de Finanzas de Venezuela Tareck El Aissami y el empresario, contratista del gobierno venezolano, Samark López Bello. Otros incluidos son Walid Makled; el ex gobernador de Yaracuy, general (r) Henry Rangel Silva; el ex gobernador de Guárico, y el capitán (r) Ramón Rodríguez Chacín.
Las sanciones no solo afectan a los señalados en la lista sino a quienes tengan vínculos económicos con los sancionados y a sus familiares. Esta condición ha sido utilizada por el gobierno de Estados Unidos para quienes colaboren en una salida del poder de Nicolás Maduro a cambio de amnistía a los de la lista y reintegro de sus bienes y cuentas congeladas. Asimismo la garantía de no expulsar de Estados Unidos a parientes cercanos a los señalados.
La posibilidad de negociación se puso a prueba durante los recientes sucesos del 30 de abril cuando el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el general Iván Hernández Dala, jefe de Contrainteligencia Militar, participaron como negociadores de la salida de Maduro del poder, según reconocieron, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo; John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca y el enviado de los EEUU para Venezuela, Elliott Abrams. Sin embargo, a último momento, estos presuntos negociadores cerraron el diálogo “apagaron sus celulares” y regresaron a respaldar a Nicolás Maduro y aplicaron un “uso criminal de la fuerza” en contra de los manifestantes, quizás no por fidelidad a Maduro, sino por presiones, amenazas o la duda de que el plan de salida resultara exitoso.
El día jueves 2 de mayo, Nicolás Maduro apareció en cadena nacional a las seis de la mañana desde Fuerte Tiuna junto al Alto Mando Militar intentando dar un mensaje de respaldo de la Fuerza Armada Nacional frente al levantamiento encabezado por Juan Guaidó. Allí no estaban sus aliados de la cúpula política ni algunos jefes militares clave en el Alto Mando.
Cada sancionado tiene ahora un dilema ante sí cuando desde Estados Unidos le advierten que el tiempo para la oferta de amnistía amnistía podría acabarse en cualquier momento ¿se sacrificarían por Maduro? ¿Ahora, puede Nicolás Maduro confiar en su círculo íntimo? ¿El mismo Nicolás Maduro estaba negociando con EEUU?
Nicolás Maduro
El presidente venezolano es quien encabeza la lista negra de sancionados por Estados Unidos a los que se agrega Canadá y Panamá.
Estados Unidos aplicó el 31 de julio de 2017 sanciones jurídicas y financieras al presidente de Venezuela, que se extiende a su entorno por la «ruptura del orden constitucional» que representa la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre el cual señaló que «es un dictador que ignora la voluntad del pueblo.”
«Cualquiera que participe en esta ilegítima ANC podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por socavar procesos e instituciones democráticas en Venezuela», advirtió el secretario del tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin en un comunicado.
Según Estados Unidos, ese órgano «aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional» del Congreso elegido en diciembre de 2015 y dominado por la oposición, así como «reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario» al pueblo venezolano.
Igualmente el gobierno de Canadá aplicó a mediados de abril de 2019, sanciones a figuras claves en el régimen de Maduro, comenzando por el propio Jefe de Estado. Según refirieron, “para enviar un mensaje claro sobre cómo su comportamiento antidemocrático tiene consecuencias”.
“Canadá no se mantendrá en silencio mientras el gobierno de Venezuela roba a su pueblo sus derechos democráticos fundamentales. El anuncio sobre sanciones en contra del régimen de Maduro recalca nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo. Canadá se mantiene solidario con el pueblo de Venezuela mientras este lucha para restaurar la democracia en su país”, dijo Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores.
Cilia Flores
La esposa del presidente Nicolás Maduro denominada “la primera combatiente” fue sancionada por Estados Unidos y Canadá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó el 25 de septiembre de 2018 sanciones, junto a otros tres miembros de la cúpula gubernamental, a quienes el gobierno estadounidense definió como parte del «círculo cercano» de Nicolás Maduro. La medida fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Maduro respondió criticando la sanción a su esposa. «Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes».
Con la medida, las propiedades e intereses que Flores tenga en Estados Unidos o que estén bajo el control o posesión de un tercero de nacionalidad estadounidense serán bloqueados y reportados a la OFAC.
Es de recordar que los sobrinos de Cilia, Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, recibieron sentencia en una corte federal de Manhattan a 18 años de cárcel (216 meses de prisión). Ambos habían sido declarados culpables en noviembre de 2016 por conspirar para enviar un cargamento de más de 800 kilogramos de estupefacientes a EEUU. Efraín fue criado en la casa del actual presidente luego de que falleciera su madre. Los dos fueron detenidos en Puerto Príncipe (Haití) el 10 de noviembre de 2015 por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York, donde han permanecido casi un año en prisión.
Los sobrinos viajaron a Haití en un jet privado y en el momento de ser capturados ambos tenían pasaportes diplomáticos.
En julio de 2016 se conoció un documento del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, en el que se afirmaba que ambos admitieron haber negociado con las FARC para traficar cocaína en noviembre del 2015, desde Venezuela hacia Honduras, de donde saldría a territorio estadounidense.
Delcy Rodríguez
La vicepresidente de Venezuela tiene sanciones en Estados Unidos, Canadá, Panamá, la Unión Europea y México. En esa misma fecha, 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también la sancionó como parte del “círculo intimo” de Nicolás Maduro.
“El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantenerse en el poder mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Continuamos señalando a los partidarios que permiten que Maduro consolide su control sobre los militares o el gobierno mientras los venezolanos sufren», afirmó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.
Jorge Rodríguez
El ministro de Información y Comunicaciones tiene sanciones de Estados Unidos y Canadá. Es hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó la medida contra este ministro en el mismo grupo de sancionados del 25 de septiembre de 2018.
Como lo señaló el secretario del Tesoro de EEUU, Rodríguez también forma parte del círculo de poder de Nicolás Maduro.
Vladimir Padrino López
Con sanciones de Estados Unidos y Canadá, el ministro para la Defensa, mayor general Vladimir Padrino López, también fue sancionado como parte del grupo cercano de Nicolás Maduro el 25 de septiembre de 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según Bolton, Padrino fue quien encabezó las negociaciones para facilitar la salida de Maduro del poder durante los sucesos del 30 de abril.
En respuesta a la aplicación de la sanción de EEUU, a través de su cuenta en twitter, el ministro Padrino López, señaló en aquella oportunidad que “He ordenado pasar al Departamento del Tesoro de los EEUU la nómina completa de los oficiales generales y almirantes de la FANB para facilitar la tarea de ‘sancionar’ por cuotas a los revolucionarios defensores de la Constitución y de la soberanía nacional”.
El senador Marcos Rubio, había advertido a los militares venezolanos que “el gobierno estadounidense sabe dónde están escondidos los activos de los militares que sostienen al régimen de Nicolás Maduro e irá por los dueños y las propiedades una vez que el gobernante salga del poder”, y les recordó que pronto se les agotará el tiempo para cambiar de bando.
Rubio agregó que hoy son seis los militares clave que mantienen a Maduro en el poder, y que es posible que estos puedan escapar de represalias si actúan de inmediato para restaurar la democracia en Venezuela.
“Así que si tú eres dueño de una pequeña finca en Costa Rica, o tienes un bulto de dinero estacionado en alguna parte, nosotros sabemos dónde está y vamos a llegar hasta él. Así que hay gente que va a tener que tomar una decisión rápidamente sobre el lado de esa ecuación en que van a querer terminar y qué tipo de riesgos van a querer aceptar” amenazó Rubio a Padrino López.
Tareck El Aissami
El actual vicepresidente del Área Económica y ministro para Industrias y Producción Nacional fue sancionado el 14 de febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro de EEUU, presuntamente por colaborar con narcotraficantes y terroristas del Medio Oriente.
La medida congela cualquier activo de El Aissami en los EEUU. Se trata de una medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) tras «la culminación de una investigación de varios años de narcotraficantes venezolanos de envergadura».
Según el Departamento del Tesoro, El Aissami jugó un papel clave en un esquema de tráfico de drogas y supuestamente supervisó el envío de cargamentos de droga a México con destino final a EEUU. El Aissami «facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, y de las rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela.
En sus cargos anteriores, El Aissami habría supervisado o participado en parte de envíos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela, incluyendo aquellos con destino final a México y EEUU.
El Aissami habría recibido el pago por la facilitación de envíos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García y también estaría vinculado a la coordinación de envíos de drogas a Los Zetas, un violento cartel de drogas mexicano.
El 8 de marzo de 2019 la Corte Federal de Manhattan presentó cargos contra quien también se desempeñó como vicepresidente de Venezuela y contra su presunto testaferro, el empresario Samark López Ebllo, por violar sanciones impuestas contra ellos al contratar vuelos privados a través de empresas estadounidenses. Los cargos presentados podrían acarrear una pena máxima total de hasta 150 años por cabeza. En conexión con el caso, la Fiscalía Federal de Nueva York anunció que presentó cargos contra Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal, Michols Orsini Quintero y Alejandro Antonio Quintavalle Yrady.
Néstor Reverol
El mayor general Néstor Reverol, ministro del Interior y Justicia, acumula una gran cantidad de sanciones de Estados Unidos, Panamá, Canadá, México, Unión Europea y Suiza. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 26 de julio de 2017, junto a otros 12 altos funcionarios del Gobierno de Maduro. Las sanciones implican, la congelación de activos, prohibición de parte de los ciudadanos de EEUU que no podrán hacer negocios con los sancionados. Además, todos sus bienes sujetos a la jurisdicción en EEUU están congelados. Las sanciones se basan en debilitar la democracia y violar los derechos Humanos.
El 18 de enero de 2019, la Unión Europea procedió a la congelación de bienes y prohibición de viajes a Europa de Reverol y de otros altos funcionarios venezolanos y formalizó las sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro por la “represión” en Venezuela, entre los que figuran el “número dos”, Diosdado Cabello y el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno.
Maikel Moreno
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también acumula sanciones de Estados Unidos, Panamá, Canadá, Unión Europea, México y Suiza. Es una de las tres figuras junto al ministro de defensa Vladimir Padrino López, señaladas por Bolton, de participar en las negociaciones para la salida de Maduro de Venezuela.
Ha sido una ficha clave del chavismo y fue designado como magistrado, en diciembre de 2014, pocos días antes de que la mayoría parlamentaria oficialista tuviese que entregar la Asamblea Nacional, tras la pérdida de las elecciones en 2015 frente a la oposición.
El gobierno de Estados Unidos anunció el 17 de mayo de 2017, un paquete de sanciones contra ocho magistrados del TSJ de Venezuela encabezados por Moreno. Las autoridades estadounidenses consideraron que estas personas son responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y de haber permitido al gobierno del presidente Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia, restringiendo los derechos y violando la libre voluntad de los venezolanos.
La decisión se basó en que la Asamblea Nacional y el poder legislativo están controlados por la mayoría de la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y consideran que el TSJ actúa al dictado del Ejecutivo dado que, la mayoría de los magistrados fueron elegidos irregularmente por el oficialismo.
La ex magistrada Emérita Carmen Elvigia Porras, denunció en 2015, que los magistrados fueron presionados para que se jubilaran anticipadamente luego de las elecciones parlamentarias de 2015 y así permitirle a la saliente Asamblea Nacional, aún controlada por el chavismo, designar a sus sucesores. Es de resaltar que 42 países han sancionado a Maikel Moreno entre los que resaltan Canadá, Panamá y los países de la Unión Europea.
Diosdado Cabello
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, acumula también gran cantidad de sanciones de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Panamá, México y Suiza. Formó parte de los sancionados el 18 de mayo de 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitidas por la (OFAC) a dos días antes de las elecciones del 20 de mayo de 2018, consideradas fraudulentas.
Dos días antes de los cuestionados comicios presidenciales en Venezuela, Estados Unidos arreció sus sanciones económicas e incluyó en la lista de la OFAC a Cabello, a quien se considera el número dos del Gobierno. En esta sanción se le señala de estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico, en asociación con Maduro, El Aissami y otros funcionarios.
El organismo estadounidense también incluyó a su hermano José David Cabello, superintendente de la agencia aduanera y tributaria de Venezuela (Seniat); a su esposa Marlenys Contreras de Cabello, quien para el momento era ministra de Turismo y en la actualidad se desempeña como ministra de Obras Públicas.
En el grupo de sancionados se incluyó a Rafael Sarría Díaz, compañero de Cabello en la Academia Militar, a quien identifican como su testaferro desde 2010.
Poco después de anunciarse las sanciones, Cabello reaccionó expresando: “En verdad me siento liberado, que el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia, me fortalece, me obliga cada día a seguir luchando por las causas que creo y a serle fiel y leal a nuestro querido Pueblo. Y que se lo graben: nosotros venceremos!”, escribió en su cuenta en Twitter.
Su hermano también respondió: “Parece que al imperialismo le dolió esta imagen de ayer (una foto del cierre de campaña de Nicolás Maduro). Hoy nuevamente montan un show para desviar la atención del mundo, inventan sanciones personalizadas contra nosotros que jamás hemos tenido nada afuera del país, para tapar lo realmente importante».
Diosdado también ha sido sancionado por la Unión Europea que lo incluyó el 25 de junio de 2018 en las sanciones contra 11 responsables venezolanos, a raíz de la elección presidencial del 20 de mayo que supuso la reelección de Maduro y que, para los europeos, no reunió las garantías suficientes.
Tibisay Lucena
El 26 e julio de 2017, la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela cuenta con sanciones de Estados Unidos, Panamá, Canadá, México, Unión Europea y Suiza. Tibisay Lucena, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU por “impulsar activamente las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente , así como colaborar para socavar la democracia y los Derechos Humanos en Venezuela”.
Junto a Lucena, una docena de funcionarios venezolanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU; entre ellos el ex vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, María Iris Varela, Tarek William Saab, quienes también recibieron la misma sanción de la OFAC.
En el grupo de sancionados se establece una categoría por debilitamiento de la democracia y los derechos humanos; otra por violencia y represión entre los que se incorporan varios militares como Reverol y Jesús Rafael Suárez Chourio y una tercera categoría por corrupción en la que se agregó a otro sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Flores Malpica, tesorero de la Nación; junto a Simón Alejandro Zerpa, actual ministro de Finanzas.
Por parte de la Unión Europea, la decisión de sus cancilleres ratificada el 18 de enero de 2018 se les aplicó a un grupo de altos funcionarios venezolanos por “el «deterioro» de la situación en Venezuela, entre los que se incorporaron a tres militares: al ministro del Interior Reverol; al mayor general Antonio Benavidez y a Gustavo González López, director del SEBIN, a quienes se les acusa de «graves violaciones de los derechos humanos».
Tarek William Saab
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela cuenta con sanciones por parte de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Panamá, México y Suiza.
Saab fue señalado entre los 13 funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU el 26 de julio de 2017, junto a Tibisay Lucena, un grupo de militares y altos funcionarios, por el debilitamiento de la democracia, corrupción y violación a los derechos humanos.
También recibió sanciones de Canadá junto a 43 figuras clave del chavismo en el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2019.
Igualmente formó parte de los 18 altos funcionarios cuyas sanciones fueron ratificadas por la Unión Europea el 18 de enero de 2018. La medidas partieron por la fuerte represión desatada desde el gobierno de Maduro en contra de los manifestaciones de abril y julio de 2017 y el deterioro de la situación política social y económica de Venezuela. La medidas incluyeron el congelamiento de activos y restricciones para la entrada a territorio de la UE.
Jesús Suárez Chourio
El comandante general del Ejército de Venezuela acumula sanciones de Estados Unidos, Panamá, Canadá y la Unión Europea. Forma parte de los 13 funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 26 de julio de 2017. El paquete de sanciones se concentra en funcionarios actuales o pasados «asociados con las elecciones o por quebrantar la democracia, así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción», señaló la OFAC.
También formó parte de los sancionados por la Unión Europea en junio de 2018 y de Canadá en octubre de ese mismo año. Dado su alto rango en el Ejército recibió la oferta de parte de Estados Unidos de acogerse a la amnistía de las sanciones y el permiso de sus familiares de permanecer en Estados Unidos si abandona a Maduro.
Durante la crisis de la ayuda alimentaria del pasado 23 de enero de 2019, en la frontera colombo venezolana, el gobierno de Estados Unidos, ofreció una salida como eliminar sanciones y permiso de permanencia en EEUU a sus familiares, a varios generales que están en la lista de sancionados si desobedecían al régimen de Maduro y permitían que organizaciones no gubernamentales distribuyeran la ayuda dentro del país.
En aquella oportunidad el presidente Trump advirtió “que pudieran perderlo todo si no lo hacen”. Entre esos generales se incluyó al mayor general Suárez Chourio, quien ha sido un fuerte aliado de la revolución bolivariana desde comienzos del poder chavista en 1999.
Jorge Arreaza
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, cuenta con sanciones de Estados Unidos y Canadá. El pasado 26 de abril el gobierno de Estados Unidos lo sancionó así como a la juez chavista Carol Padilla.
“Estados Unidos no se mantendrá de brazos cruzados mientras el régimen ilegítimo de Maduro condena al pueblo venezolano a morir de hambre, despojándoles de su humanidad y derecho a vivir en democracia”, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro continuará combatiendo los corruptos allegados a Maduro, incluyendo a los encargados de dirigir la diplomacia y de operar el sistema de justicia a nombre de este régimen ilegítimo”, agregó.
Las sanciones, aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), en esencia congelan cualquier activo que las personas designadas pudieran tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
Gustavo González López
Es mayor general del Ejército y tiene sanciones de Estados Unidos, Panamá, Canadá Unión Europea y Suiza. Fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones por parte del gobierno de Barack Obama por violaciones a los derechos humanos.
Tras el anuncio de sanciones, González López fue promovido como ministro de Interior y Justicia por Nicolás Maduro quien declaró al hacerlo: «He decidido nombrar al Mayor General González López Ministro de Interior, Justicia y Paz para ir con su premio del imperio americano para asegurar la paz en el país, la seguridad ciudadana y nacional». Posteriormente regresó a su cargo como director general del SEBIN. González López fue destituido como jefe de inteligencia del SEBIN en octubre de 2018 y durante los sucesos del pasado 30 de abril fue designado nuevamente en ese cargo a raíz del descabezamiento del general Manuel Cristofer Figuera.
Manuel Ricardo Cristofer Figuera
Este general de división del Ejército fue destituido como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y señalado de encabezar el apoyo militar a favor del presidente interino, Juan Guaidó y la liberación del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, durante los sucesos del 30 de abril de 2019.
El gobierno de Estados Unidos sancionó, el 15 de febrero de 2019, a los máximos jefes de los organismos de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro; así como de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela, acentuando de esa manera la presión sobre los jefes militares y policiales que sostienen a Maduro.
En esa oportunidad el Departamento del Tesoro anunció que la medida está dirigida contra el máximo líder del SEBIN y al también comisario del SEBIN, Hildemaro José Rodríguez Mucura, quien fuera identificado como el responsable de la breve detención en enero del presidente interino Juan Guaidó. También fueron sancionados el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Rafael Hernández Dala y el director de las FAES, Rafael Enrique Bastardo Mendoza. Adicionalmente, la OFAC introdujo en su lista negra al presidente “ilegítimo” de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Manuel Salvador Quevedo Fernández. Todos ellos altos oficiales militares de la FANB.
Iván Hernández Dala
El general del Ejército, es el actual comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y también se desempeñó como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Tiene sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Es el tercer hombre señalado por John Bolton y Mike Pompeo de participar en las negociaciones con Estados Unidos para buscar la salida de Maduro del poder.
Fue sancionado por el Departamento del Tesoro, el 15 de febrero de 2019, junto a otros altos funcionarios militares y policiales, El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó a través de un comunicado que “estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que han violado sistemáticamente los derechos humanos y han suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza”.
