El líder del régimen socialista logró burlar las sanciones y la presión impuesta por la comunidad internacional desde que Juan Guaidó fue juramentado como presidente encargado de Venezuela. Aumentos de salario, apagones nacionales, la imposición del petro y sobornos a políticos marcaron el 2019 del chavismo
Nicolás Maduro pudo mantenerse en el poder tras un año de disputa continua con la oposición, liderada por el jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
El 2019 empezó con la juramentación de Nicolás Maduro, quien se disponía a cumplir su segundo mandato como presidente de Venezuela.
Sin embargo, la oposición y casi un tercio de los países de la comunidad internacional rechazó este acto, principalmente porque las elecciones de 2018 fueron realizadas sin participación de la oposición y sin observación internacional.
Días después, el 23 de enero, Juan Guaidó, amparado en la Constitución propuesta por Hugo Chávez en 1999, cambió los planes de Maduro para el resto del año. El jefe de la Asamblea Nacional se juramentó como presidente encargado de Venezuela ante miles de venezolanos.
En retrospectiva, el gobernante actuó a la defensiva durante gran parte de 2019 y, se avigora que el guión seguirá sin alternaciones este 2020.
Apenas un mes después de la juramentación de Guaidó como presidente encargado, el país entró en una encrucijada.
Venezuela se dividió, momentáneamente, entre los que exigían ayuda humanitaria y los que aseguraban que el país no necesitaba “limosna”. Sí, Maduro y sus acólitos lideraban este último grupo.
Con el respaldo de más de 50 países, Guaidó anunció que decenas de camiones cargados con alimentos y medicinas ingresarían al país el 23 de febrero desde las fronteras con Colombia y Brasil. Pero Maduro, con el uso de la fuerza, no lo permitió.
Con varios anuncios hechos durante sus cadenas de radio y televisión, el gobernante chavista se negó a recibir la muy necesitada ayuda humanitaria de otros países. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela contaba con la «capacidad productiva» para cubrir las necesidades de los ciudadanos, aunque en las calles sea cada vez más evidente la pobreza y gente ávida de alimentos y medicinas.
Uno de los temas más delicados con respecto a la ayuda humanitaria eran los medicamentos, sobre todo los necesarios para realizar tratamientos oncológicos o atender enfermedades crónicas, que ya han cobrado cientos de miles de vidas. A pesar de que todos, chavistas y opositores, sabían lo urgente que era recibir esta ayuda, Maduro se negó una vez más.
Días previos al 23 de febrero, Maduro ordenó cerrar el paso en el lado venezolano del puente Simón Bolívar que conecta a San Antonio del Táchira (Venezuela) con Cúcuta, ciudad fronteriza de Colombia. Contenedores y tanques metálicos obstaculizaban el puente, resguardado además por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), e incluso grupos irregulares que amedrentaron en la zona.
Meses después, Nicolás Maduro accedió a recibir ayuda humanitaria, pero bajo sus propios términos. A través de las organizaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el régimen recibió cientos de camiones cargados con equipos, insumos y medicamentos.
En agosto de 2019, la Cruz Roja Venezolana celebraba la supuesta llegada de casi 100 toneladas de ayuda humanitaria. Sin embargo, dirigentes opositores y activistas de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) aseguran que, hasta el momento, no recibieron nada de estos cargamentos.
En diversas ocasiones se señaló que se llevó a centros asistenciales de importancia, pero tal como se reportó en el caso del J.M. De los Ríos muchos medicamentos terminan encerrados por los directores bajo llave en los depósitos del hospital o como se informó recientemente en Táchira se usan para contrabando.
Una buena parte de los venezolanos que necesitaban asistencia médica urgente o tratamiento para enfermedades terminales, optaron por salir del país.
Ser atendido en un hospital de Venezuela es casi imposible y pagar una clínica es un lujo que pocos pueden darse, sobre todo después de los apagones que ocurrieron en marzo. Ambos sirvieron como propulsores para una dolarización de facto que lentamente venía manifestándose.
En marzo de 2019, Venezuela vivió uno de sus momentos más tétricos en los últimos años. Un fuerte apagón generalizado dejó en la penumbra al país, por al menos tres días consecutivos.
En algunas ciudades y pueblos del interior del país estuvieron una semana entera sin siquiera una noticia sobre la posible fecha de regreso de la energía eléctrica. Incluso, en algunas de estas zonas del territorio nacional, el servicio no volvió regularmente y agudizó los problemas de racionamiento.
Electrodomésticos, comidas y medicamentos refrigerados fueron algunos de los bienes materiales que se perdieron durante el apagón nacional, que inició el 7 de marzo. Pero eso no fue lo único que se perdió.
El régimen defendió que no hubo fallecidos a causa del apagón, pero la ONG Médicos por la Salud y el diputado José Manuel Olivares indicaron el 13 de marzo que, hasta ese momento, se registraron 26 muertes en los 40 hospitales que fueron verificados con monitores in situ. Algunos reportes incluso elevan la cifra aún más, la opacidad del gobierno chavista impide obtener un número certero de fallecidos.
Con las redes y los medios de comunicación fuera del aire, parecía que el poder de arrastre de Guaidó se diluía y Nicolás Maduro ganaba tiempo para aferrarse aún más al poder.
Mientras la oposición denunciaba la grave situación del sistema eléctrico nacional, el oficialismo rechazaba un “ciberataque” contra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como Guri, que genera 80% de la energía eléctrica que se usa en el país.
Expertos en el área eléctrica señalan que el motivo del apagón es mucho más terrenal, incendio en las líneas de tensión, por falta de mantenimiento en las cercanías de la central dejaron a oscuras al país.
Hasta el momento no existe un registro formal de los daños que causó el apagón, pero se calcula que solo el sector ganadero perdió alrededor de 5 millones de dólares en esa semana por la súbita parada de su línea de producción. Las cifras de empresas como la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), siguen siendo una incógnita, a pesar de que algunos expertos se atrevieron a hacer estimaciones.
Otras empresas cerraron o quebraron pues tenían una situación muy precaria.
El primer apagón de marzo despertó una serie de cambios en el Ejecutivo: ministros fueron removidos de sus cargos, se llamó a una reorganización de la Corporación Eléctrica Nacional y se declaró una “guerra contra el sabotaje”, incluso se celebró una marcha para celebrar el «gran triunfo» sobre el apagón; pero la gran secuela que dejó -entre otras- fue la dolarización de facto.
El país entró en un ciclo donde la hiperinflación, la escasez de efectivo y el minúsculo valor del bolívar (Bs.) -además de la imposibilidad de utilizar los puntos- forzó a los ciudadanos que disponían de dólares a utilizarlos como su medio principal para transacciones.
Si bien esta dolarización ya venía dándose de forma natural desde mediados de 2018, los apagones aceleraron el proceso y lo volvieron algo cotidiano.
El uso de la moneda estadounidense, satanizada durante años por el chavismo, incluso con un férreo control de cambio, pasó a verse con buenos ojos.
El líder del régimen antiimperialista reconoció a finales de 2019 que no le molestaba el uso del dólar para las transacciones en el territorio nacional.
“Válvula de escape” fue el término que Nicolás Maduro utilizó para definir al dólar, al tiempo que reconocía que el bolívar había sido prácticamente desplazado por la moneda estadounidense. También explicó que por eso la importancia de darle fuerza al Petro, pero destacó que el bolívar ya no tiene la fuerza que tenía años atrás.
Maduro aún no puede corregir sus errores en materia económica, aunque aduce que aún lo intenta. Solo el año pasado, se efectuaron tres aumentos al salario mínimo.
El líder chavista empezó 2019 aumentando el salario mínimo, tratando de apaciguar la profunda crisis económica, social y política que azota al país desde que tomó el poder por primera vez en 2013.
El sueldo mínimo sufrió tres alteraciones durante el año. Desde 18.000 bolívares al principio de 2019, pasó a ubicarse en 450.000 bolívares hace unas semanas.
Ninguno de estos cambios tuvo mayor importancia para los venezolanos, cuyo poder adquisitivo está desmoronándose desde que empezara la crisis económica en 2014. Pero hubo un cambio que la mayoría de los venezolanos aún intenta comprender: el Petro.
Durante el acto de Memoria y Cuenta, que Maduro realizó frente a su asamblea constituyente hace una semana, indicó que la venta de petróleo, gasolina y el pago de algunos servicios públicos deberá realizarse en Petros.
Maduro apuesta por el Petro como una nueva moneda que sustituya al bolívar (Bs.) y que tenga presencia internacional. El problema con el Petro es que es una criptomoneda creada por un gobierno inestable, se respalda en una economía decadente y su uso es muy limitado por no llamarlo inexistente.
Aaron Olmos, economista y experto en criptomoneda, explicó a El Interés que el Petro no puede considerarse una criptomoneda por no cumplir con las características. Además, recordó que este invento de Maduro está sancionado desde 2019 por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El precio del Petro, que se rige por el valor del barril de petróleo, ronda los 60 dólares, equivalentes a 4.336.099 de bolívares.
Las políticas económicas de Nicolás Maduro no cambiaron drásticamente en los años recientes, pero su forma de negociar dentro del panorama político sí lo hizo.
Terminando 2019 el portal Armando.Info reveló una trama de corrupción que envuelve a directivos de las tiendas CLAP con diputados que eran de oposición.
Los “diputados CLAP”, como ahora se les conoce, fueron el resultado de uno de los movimiento del oficialismo, que compró voluntades dispuestas a servir a los propósitos del régimen desde la Asamblea Nacional (AN).
Entre los diputados acusados de corrupción destacan dos nombres: Luis Parra y José Brito.
Ambos sirven como instrumento del régimen dentro de la Asamblea Nacional, que busca -en una suerte de jugada maestra para anular al Legislativo- firmar contratos y pactos que las directivas de la oposición, reconocida por la mayoría de los venezolanos e internacionalmente, se negó a firmar durante estos años.
Hasta el momento, el único país que reconoce la directiva liderada por Luis Parra es Rusia, quien tiene una cantidad considerable de negocios pendientes con el régimen de Maduro.
Desde la explotación de recursos minerales hasta asesorías militares, el Kremlin fue el principal aliado de Maduro durante 2019, y aparentemente seguirá siéndolo este 2020.
Hasta el momento, Maduro solo hizo anuncios en materia económica, principalmente relacionados al Petro y su imposición como principal medio de pago para trámites legales en el territorio nacional, claro que también lo había hecho el año anterior.
Mientras tanto, Juan Guaidó se encuentra en una gira internacional para reforzar sus alianzas y aumentar la presión sobre el régimen socialista de Nicolás Maduro.
Un año después de los hechos del 23 de enero, la política venezolana entre Guaidó y Maduro va a un segundo round entre el «cese de la usurpación» y la «prolongación del socialismo del Siglo XXI».
La medición basada en una escala de 0 a 100 puntos, donde cero es el peor desempeño en los esfuerzos de los países en la lucha contra la corrupción, Venezuela obtuvo apenas 16
"Hemos intentado negociar dos veces y lamentablemente ha sido la dictadura la que ha bloqueado esta opción", aseguró Juan Guaidó
Ya se cumplió un año desde que Juan Guaidó tomara las riendas de un país y, de la noche a la mañana, reavivara la esperanza de millones e iniciara una lucha contra un chavismo que no suelta el poder
