Un total 31 civiles detenidos durante la confrontación armada entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y un sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron trasladados a la unidad de Procesados Militares (Procemil) del Centro Penitenciario de Occidente (CPO), denunció el director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
“Me informaron los abogados del Alto Apure y familiares de los detenidos dentro de ese marco de la confrontación armada, que la mayoría de ellos fueron trasladados al pabellón de procesados militares (Procemil) de la cárcel de Santa Ana del Táchira, lo cual agrava la situación de los familiares de las víctimas porque a duras penas podían ir a visitarlos a Guasdualito y trasladarse a San Cristóbal o a Santa Ana es mucho más difícil”.
El diputado jubilado y defensor de los derechos humanos, dijo durante una rueda de prensa en San Cristóbal que estas personas fueron detenidas por orden del juez militar de Guasdualito.
De acuerdo a quienes los conocen y al testimonio de sus familiares, se trata de obreros sacados de las fincas donde estaban laborando. Hay también agricultores y campesinos, pequeños comerciantes, docentes, incluso algunos líderes espirituales dedicados a cultos cristianos. En su mayoría han sido acusados por traición a la patria, subversión y terrorismo, cuando no existen elementos probatorios en su contra de acuerdo a expertos en la materia. Y en caso de que existieran, debían ser procesados por tribunales civiles y no por tribunales militares, explicó Márquez.
“Estas detenciones ordenadas por el juez militar prácticamente son jerárquicas, porque obedecen a órdenes superiores que recibió el juez, por eso vamos a estar pendientes de este caso para apoyarlos porque consideramos que hay una detención arbitraria y una privación ilegítima de la libertad de estas personas”.
Y agregó: «Los detenidos están al margen del conflicto y no tienen ningún vínculo con la subversión».
Forzados a dejar su hogar
La semana pasada el ex parlamentario hizo un recorrido por el Alto Apure y Arauca, y las zonas de Arauquita y El Amparo con el fin de investigar in situ las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos en la localidad de La Victoria y sus alrededores; acompañado de Ana Hernández, directora general de la Fundación El Amparo. Allí se reunió con víctimas de los desplazamientos forzosos y los crímenes cometidos en ese lugar, entre ellos familiares de Emilio Ramírez y los asesinados en La Victoria y El Ripial, y los detenidos de manera arbitraria.
Márquez aseguró que ha tenido conocimiento sobre el aumento de casos de desplazamiento forzoso hacia Arauquita por parte de las personas afectadas por esa confrontación armada, con un último reporte de 8.000 personas: “Situación que se agrava porque hay un desplazamiento interno desde Arauquita hacia Arauca, a los municipios de Tame y Saravena, e incluso por vía del páramo de El Tama hacia Toledo, Norte de Santander, donde también han llegado familias buscando refugio”.
Informó además que en los campamentos de ACNUR (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados) han descubierto 77 casos de covid-19, lo que sumado al incremento del número de desplazados a 8.000 convierte a la situación en un problema social que supera la capacidad de los gobiernos locales y el propio gobierno nacional de Colombia, porque ahí se están mezclando los desplazados por la crisis generada a raíz de la confrontación armada con la crisis humanitaria compleja que está viviendo Venezuela.