Venezuela

Maduro pide fin de todas las sanciones para conceder elecciones libres en Venezuela

Tras la extensión de la licencia operativa a la petrolera Chevron por parte del gobierno de Joe Biden, Maduro reclama "elecciones libres de sanciones", para acceder a la principal demanda de la oposición y de la comunidad democrática internacional.

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Pdvsa, Maduro y las sanciones

Nicolás Maduro celebró este miércoles como un paso en la «dirección correcta» la autorización de Estados Unidos al gigante energético Chevron para operar en Venezuela, aunque dijo que eso «no es suficiente» y pide levantar por completo las sanciones impuestas por Washington y sus aliados de la Unión Europea.

En las negociaciones que se reiniciaron esta semana en México, la oposición política y parte de la comunidad internacional buscan garantías para unas elecciones limpias, transparentes y con supervisión externa, como fórmula para acabar con la crisis política que se ha prolongado durante años en Venezuela.

Pero todavía está muy lejos un posible acuerdo en torno a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2024, cuando se cumplen seis años del actual período presidencial de Maduro.

«Nosotros queremos unas elecciones libres de sanciones», respondió este miércoles Maduro.

«¿Elecciones libres quieren? ¿Justas y transparentes? Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas», agregó Maduro.

Su actual período de gobierno se inició tras unas elecciones que fueron anticipadas en 2018 por mandato de una Asamblea Constituyente creada por el propio Maduro como respuesta a las fuertes protestas opositoras contra su gobierno que fueron reprimidas a plomo y sangre en 2017.

Esa Constituyente -que nunca escribiría un artículo de ninguna nueva constitución ni reforma- fue creada por Maduro para coronar su estrategia de despojar de todos sus poderes constitucionales a la Asamblea Nacional (parlamento, congreso) que había sido conquistado con amplia mayoría calificada por una coalición de partidos opositores en las elecciones legislativas de 2015.

Con esa mayoría, la oposición hubiera podido cambiar el curso de la historia, pues el mandato del voto popular le habría permitido invocar los poderes constitucionales para inclusive iniciar juicio por destitución contra Maduro y sacar al chavismo de las más importantes instituciones del Estado.

Ese Congreso terminó como un cascarón vacío, sin poder real ni contrapeso al poder Ejecutivo y Maduro asumió una forma de gobierno por decreto, con poderes especiales.

El parlamento opositor fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también controlado por Maduro y por el capitán Diosdado Cabello, que en ese entonces era el segundo hombre fuerte del chavismo y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El partido oficialista había cooptado la Sala Constitucional del TSJ nombrando a dedo magistrados afectos al oficialismo.

A través de esa Sala se ejecutaron la mayor parte de las medidas que terminaron aniquilando al Congreso opositor en una especie de Fujimorazo gradual, que se prolongo durante unos años.

Como respuesta a lo que fue calificado en su momento como atentados a la democracia, a los derechos civiles y los derechos humanos; sumado a denuncias de corrupción y persecución física y verbal de líderes de la oposición, Estados Unidos y Europa encabezaron las sanciones contra personeros del régimen chavista y sus formas de financiamiento.

Estas represalias incluyen las fortunas personales de la nomeklatura del régimen heredado de Hugo Chávez, y la gestión financiera internacional de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esa historia es un punto de inflexión en la larga crisis política de Venezuela. Maduro hoy es el ganador y el chavismo ha consolidado su poder, ante una oposición desmantelada, debilitada, fragmentada y con líderes históricos enfrentados entre sí, e inhabilitados políticamente por las instituciones chavistas, como la Contraloría y el propio TSJ.

Maduro y más de lo mismo

Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá celebraron en un comunicado conjunto, el sábado, la reanudación formal del diálogo y pidieron «buena voluntad para alcanzar un acuerdo global que conduzca a la celebración de elecciones libres y justas en 2024». Expresaron también «disposición» a revisar sanciones «en caso de progresos sustanciales», reseña hoy la agencia de noticias AFP.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, durante rueda de prensa con corresponsales extranjeros este 30 de noviembre de 2022. Foto: Yuri Cortés/AFP

Estados Unidos y medio centenar de países reconocieron en 2019 al dirigente opositor Juan Guaidó y presidente de la Asamblea nacional (Congreso) como «presidente encargado» de Venezuela, después de que los principales partidos políticos de la oposición denunciaran un «fraude» en los comicios presidenciales del año anterior y declararon ilegítimo a Maduro.

Chevron y las expectativas

Las licencias del gobierno estadounidense «sin lugar a dudas van a la dirección correcta, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre la industria petrolera», expresó Maduro en una rueda de prensa.

Chevron fue autorizado el sábado a retomar sus actividades en las cuatro empresas conjuntas que tiene con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aunque el Departamento del Tesoro aclaró que la estatal no deberá recibir ingresos por las ventas de la compañía estadounidense.

El anuncio se produjo después de que el gobierno de Maduro y la oposición firmaran un acuerdo para gestionar la liberación de $3.000 millones de Venezuela bloqueados en el extranjero por sanciones, a fin de destinarlos a proyectos sociales.

«La idea de sacar a Venezuela del circuito económico del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump, y la están pagando porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial», manifestó Maduro. «Duélale a quien le duela, tenemos que estar allí, somos una gran potencia petrolera y vamos a ser una potencia gasífera».

Aunque formalmente mantiene la línea de la administración de Trump de desconocer a Maduro por cuestionamientos a su reelección en 2018, el gobierno de Joe Biden ha establecido contactos con el mandatario socialista en medio de la crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania.

Biden envió a Caracas una delegación en marzo, días después del inicio de la guerra el 24 de febrero, recordó Maduro.

Maduro, quien aseveró que Venezuela ha sido blanco de 763 sanciones y que tiene congelados al menos $24.000 millones de dólares en cuentas del exterior, dijo esperar que la liberación de recursos por el acuerdo suscrito con la oposición sea inmediata. 

«Aspiramos a que esto sea inmediato, y ya, ahora, en diciembre, se liberen los más de 3.000 millones de dólares», indicó. «Aspiramos a que no se dilate, no se retarde, por ninguna razón, el cumplimiento de este acuerdo».

Citgo sin «polvo y paja»

Maduro pidió este miércoles que Estados Unidos le devuelva a su gobierno el control de Citgo, filial de Pdvsa en ese país, otorgado a Guaidó en 2019.

Ese control en manos del llamado «gobierno interino» ha impedido que Citgo sea rematada y entregada a los acreedores de los bonos de deuda emitidos por Maduro.

Antes de que apretaran las sanciones, en 2017 en medio de una grave crisis económica por la caída de los precios y la producción de petróleo, Maduro declaró una default masivo de la cuantiosa deuda externa de Venezuela, que supera los $160.000 millones.

«Citgo es propiedad de Venezuela y es uno de los elementos vitales para seguir avanzando en las negociaciones que Citgo se le regrese a Venezuela completamente, libre de polvo y de paja», comentó el heredero del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

Maduro obvia el hecho de que Citgo fue puesta como garantía colateral en la emisión de unos bonos de deuda pública emitidos en 2017 sin permiso de la Asamblea Nacional y con vencimiento en 2020.

Cuando en 2017 el gobierno de Nicolás Maduro emitió este bono, empeñó el 51,1% de las acciones de Citgo, como garantía de estos papeles. Esta es la principal empresa de Venezuela en el exterior y con importante presencia en los mercados de combustibles de la Costa Este de EEUU, donde refina unos 750.000 barriles de crudo por día.

Maduro declaró que ello debe incluir los «dividendos» que ha dado la compañía desde que se le entregó a la estructura de Guaidó, que estima llegaron a $4.000 millones.

«Lo exigimos desde ya», lanzó.

Sobre el destino de estos dividendos, o ganancia neta de Citgo, la empresa dijo en agosto pasado que los acuerdos contractuales contraídos antes de 2019 por la filial de Pdvsa “obligan a realizar una oferta de pago del capital de dicha deuda antes de poder enviar dividendos a PDV Holding y, posteriormente, a Pdvsa had hoc”.

(Con reporte de la agencia AFP)

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