“A mi hija la Guardia Nacional no le permitió el paso hacia Colombia, fue tratada como un bulto de papas. No entiendo por qué tanta injusticia con nosotros los pobres”, dice padre de la niña muerta porque los soldados impidieron el paso de la ambulancia hasta la mitad del puente binacional.
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No es cierto que la frontera entre Venezuela y Colombia este abierta, continúa cerrada al paso de vehículos particulares y humanitarios, “pero quien tenga 30 dólares puede pasar hasta Puerto Santander (Colombia), eso es así y todo el mundo lo sabe”, declaró en medio de la impotencia Luz Pernía, tía de la niña Michelle Saraí Pernía, de cinco años, muerta el pasado 30 de noviembre en la población de Boca de Grita, en el intento de llegar a Colombia, en busca de atención médica y servicios de salud que su país le negó.
El padre de la menor, Jonathan Pernía Daza, en medio de una rueda de prensa, dijo que el paso a través del Puente Unión a la población colombiana de Puerto Santander no les fue permitido porque “seguramente no contamos con el dinero para ofrecerle a ellos» (guardias nacionales).
“A mi hija la Guardia Nacional no le permitió el paso, hubo que recurrir a una carretilla como si se tratará de un bulto de papas, ella era un ser humano. No entiendo por qué tanta injusticia con nosotros los pobres”.
Jonathan Pernía
Los funcionarios de la Guardia Nacional, apostados en la vía fronteriza le habrían dicho al padre de la menor que debería esperar hasta el 1ro. de enero próximo, fecha para la que se ha anunciado la reactivación del paso a vehículos particulares a través de los puentes internacionales.
A pesar de la anunciada apertura fronteriza el pasado 26 de septiembre, actualmente se impide el tránsito vehicular humanitario del lado venezolano.
Mientras que la policía colombiana en la mitad del puente Unión, “era quien nos decía con señales de mano que teníamos permitido el paso de ese lado. Le hacían señas a los guardias que dejaran pasar la ambulancia, los guardias nacionales decían que no, que la ambulancia no podía pasar, que la frontera no estaba abierta al paso vehicular”, denunció Jonathan Pernía.
“Le hago la pregunta al señor Freddy Bernal (gobernador del estado Táchira):¿dónde está el diálogo que ustedes sostuvieron con Petro, el presidente de Colombia? ¿Cómo quedó ese diálogo de apertura de frontera?, cuestionó”.
El padre de la niña formuló un llamado público al gobernador del estado Táchira, al Fiscal Superior del estado, a representantes del poder judicial para que se pronuncien sobre el caso de la menor de cinco años, fallecida al ser desconectada del oxígeno de la ambulancia que la pretendía trasladar hasta la mitad del Puente Internacional Unión, donde haría trasbordo a una ambulancia de Colombia.
“Señor Freddy Bernal, como gobernador del estado Táchira, quiero que usted haga una investigación, pero llamen a los padres de la niña, tómenos en cuenta porque hasta ahora nadie nos ha llamado para nada, nosotros no estamos pintados en la pared… Hay noches que uno no duerme pensando en la muerte de su hija, mi familia está abatida”.
Jonathan Pernía Daza
El padre de la niña fallecida el pasado 30 de noviembre responsabiliza directamente de los hechos a la Guardia Nacional por impedir que su hija fuera trasladada a Colombia. Dijo que hasta ahora nadie del gobierno de Nicolás Maduro se ha comunicado con la familia para atender el caso. Los gastos fúnebres de la menor aún se deben a una funeraria del pueblo que accedió a prestar apoyo, gracias a los aportes iniciales de la comunidad de La Fría.
Pernía Daza recordó los momentos previos al deceso de hija y comentó que mientras pasaban los minutos y se decidía cómo sería el traslado de la niña desde el CDI (dispensario de la zona) hasta el puente Unión (unos 25 kilómetros de distancia), el estado de salud de la pequeña empeoraba. Los médicos y paramédicos debatían sobre cuál sería el medio de transporte para el traslado de la niña hasta la frontera.
“La doctora (familiares de la fallecida prefirieron omitir el nombre de la profesional de la salud) llamó al chofer de la ambulancia del CDI y el hombre le dijo que para el traslado teníamos que conseguir 60 litros de gasolina. Nosotros no teníamos la manera de pagar por esa cantidad de gasolina que pasa los 200 mil pesos colombianos, entre $30 y $40”.
Jonathan Pernía Daza
Un funcionario de Protección Civil, “apareció como un ángel” con la ambulancia de la institución que tampoco tenía gasolina, pidió que al menos colaboraran con 20 litros para llegar el puente limítrofe con Colombia. Un vecino de la familia les regaló 17 litros de combustible y con eso se marcharon hacia la frontera.
De acuerdo al padre de la menor fallecida, la decisión de trasladarla a Colombia, buscando asistencia médica se debe a los altos costos de la salud en Venezuela:
“Para ir al hospital central de San Cristóbal tiene que tener uno entre 12 millones a 13 millones de pesos ($2.600 a $2.800) para los exámenes e insumos médicos. La sola hoja de ingreso la cobran en 10 mil pesos ($3) y no tengo ese dinero. Aquí no hay insumos médicos, es necesario comprarlos y llevarla a San Cristóbal, no era posible. En Colombia se nos presta la atención de emergencia totalmente gratis”, dijo Pernía.
La niña Michelle Saraí tenía varios días enferma y estaba siendo evaluada por un médico en la localidad venezolana de La Fría, fronteriza con Norte de Santander, Colombia, porque padecía con frecuencia de problemas respiratorios. Fue llevada al CDI de localidad, le sugirieron practicarle algunos exámenes y placa de tórax.
“Vendimos un cochino en 200 mil pesos ($43) para poder hacer los exámenes en centros de salud privados”, comentó el papá.
Las pruebas arrojaron que la niña presentaba un cuadro de neumonía por lo que el médico del Centro de Diagnóstico Integral de La Fría, donde fue ingresada la medianoche del 30 de noviembre, sugirió trasladarla a otro centro asistencial.
“En estos centros de salud nunca hay nada”, señaló la tía de la menor fallecida.
Tomando en cuenta la recomendación y con base en la experiencia ya vivida meses atrás, cuando la hermana menor de la fallecida estuvo recluida tres días de manera gratuita en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, y tuvo una atención similar a la de un centro de salud privado en Venezuela, la familia no dudó y decidieron sacar a Michel hacia Colombia.
La niña iba consciente y con oxígeno en la ambulancia de Protección Civil, de acuerdo a lo relatado por los familiares. El trágico final se registra ante la negativa en el Puesto de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional en el Puente Internacional Unión, de dejar trasladar a la niña hasta la mitad de la vía binacional en ambulancia, allí haría trasbordo a otro vehículo colombiano.
En medio de la situación optaron por desconectarla de la bombona y subirla a una carretilla para llevarla a Colombia, no rodó ni 100 metros cuando falleció.
“La mamá de la niña y otro familiar corrieron en la carreta, pero no aguantaron, si la Guardia Nacional les hubiera permitido el paso a la ambulancia hasta la mitad del puente donde esperaba la otra unidad, la niña no hubiera muerto. La responsabilidad es 100% de la Guardia Nacional y ese no es el único suceso de ese tipo que se registra. Dos días después de la muerte de mi sobrina: un señor fue atropellado por un vehículo y cuando la familia pretendió pasarlo a Colombia por el puente Unión, no lo permitieron. Uno entiende de pronto que la ambulancia venezolana no pueda ingresar a territorio colombiano, pero hasta la mitad del puente deberían permitirlo porque aún es territorio venezolano”, comentó Luz Pernía.
Ante el inesperado y desafortunado suceso, surgen varias interrogantes: ¿Cómo pudo abrirse la frontera al paso de mercancías, pero se cerró al paso humanitario? ¿Quién da la orden de impedir el cruce de ambulancias hasta la mitad del puente internacional en un país que atraviesa una Crisis Humanitaria Compleja?
Ha sido un proceso lento, plagado de desconfianza y menos pensado en la gente, así lo describen gremios de aduaneros, especialistas en frontera, políticos y habitantes locales. Pero ese panorama no le resta esperanza y motivación a las personas involucradas en la reactivación de la zona comercial que fue cerrada hace siete años por orden del gobierno venezolano.
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